09-05-12 | Política
El gobierno de Mariano Rajoy enfrenta una situación de pesadilla: debe equilibrar cuentas en un país en recesión. La suba del IVA, arma de doble filo, sería una de las medidas en estudio
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Crédito foto: Reuters
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El nuevo presidente de gobierno español tiene por delante uno de los
mayores retos -por no decir complicaciones- que un país en recesión
puede encontrarse: conseguir una fuerte rebaja del déficit público en tiempo récord.
La manera de conseguir este objetivo es, sobre el papel, muy sencilla: aumentar los ingresos y/o reducir los gastos públicos. Todo ello acompañado con la presión procedente de Bruselas, que exige al Ejecutivo español que el déficit público en 2012 sea del 5,3 por ciento. Teniendo en cuenta que esta cifra en 2011 fue del 8,5%, el Gobierno español tiene que darse prisa para recortar donde pueda e incrementar la recaudación fiscal donde sea posible o no llegará a esta cifra.
Al margen de si la austeridad es el mejor camino para conseguir volver a la senda del crecimiento en Europa, lo que es evidente es que la manera más sencilla y sana de conseguir una recuperación de las arcas públicas sería una mejora de la actividad económica, que directamente impactaría en los ingresos por impuestos.
Sin embargo, parece que esta vez la gallina será antes que el huevo, y se ha optado por la austeridad primero para encarar el crecimiento futuro con más solidez, aunque esto implique intentar llevar a cabo el ajuste presupuestario con el viento en contra.
El Gobierno español ya subió la carga impositiva a finales de diciembre de 2011, aumentando el impuesto sobre la renta (IRPF) y el impuesto sobre sociedades, y redujo en gran medida gastos públicos, afectando a partidas como educación o sanidad, entre otras, anunciadas en el Plan de Estabilidad 2012-2015.
La siguiente partida por elevar para aumentar la capacidad recaudadora del Estado español parece que será el aumento de los impuestos sobre el consumo, esencialmente sobre el Impuesto al valor agregado (IVA). El Gobierno ha anunciado que será la siguiente partida afectada, pero no ha detallado cuanto subirá el impuesto ni desde cuándo.
Luis de Guindos, el ministro de Economía, sólo precisó que con este nuevo incremento en la carga, se prevé ingresar 8.000 millones de euros más en 2013. El IVA ya fue elevado por el anterior ejecutivo, pasando del 16% al 18% en el verano de 2010, pero aun en este nivel, España es uno de los países europeos con la tasa impositiva sobre el consumo más bajo. Alemania y Francia tienen tasas máximas del 19% y el 19,6% respectivamente e Irlanda, Grecia y Portugal, del 23 por ciento.
La suba del IVA tiene un impacto directo y muy rápido en las arcas del Estado, aumentando la recaudación, pero también es un impuesto que genera un aumento de los precios a los consumidores, y por tanto, una reducción de la demanda de bienes y servicios.
La peor parte de este aumento se lo llevarán las clases sociales más bajas, puesto que un porcentaje importante del consumo de estas familias depende de bienes y servicios de primera necesidad, que también verán aumentado su precio (aunque muchos de estos bienes presentan un impuesto reducido).
A cambio del alza del IVA, se propone recortar en las cotizaciones sociales (aportes patronales) para el fomento de la actividad empresarial. Aun con esta compensación, el aumento de este impuesto implicará una reducción del consumo interno y probablemente tendrá efectos negativos sobre las empresas, para las que este incremento también repercutirá sobre el precio final, afectando casi directamente a la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores, que ya sufren, en su mayoría, de salarios congelados, o que en el peor de los casos, están desempleados.
Con la prima de riesgo alrededor de los 400 puntos, la economía española no tiene muchas más alternativas que mostrar un "firme compromiso" con la austeridad y la reducción del déficit público. Esto puede que retrase el crecimiento y la recuperación económica en el corto plazo, pero puede que también ayude a encarar el crecimiento en el medio y largo plazo desde una posición mucho más solida y sostenible. El reto no es sólo conseguirlo, sino hacerlo con confianza para que tenga los efectos deseados sobre la recuperación económica de España.
(*) Patricia Gabaldón es profesora de Entorno Económico de IE Business School en Madrid, España.
Fuente: infobae.com
La manera de conseguir este objetivo es, sobre el papel, muy sencilla: aumentar los ingresos y/o reducir los gastos públicos. Todo ello acompañado con la presión procedente de Bruselas, que exige al Ejecutivo español que el déficit público en 2012 sea del 5,3 por ciento. Teniendo en cuenta que esta cifra en 2011 fue del 8,5%, el Gobierno español tiene que darse prisa para recortar donde pueda e incrementar la recaudación fiscal donde sea posible o no llegará a esta cifra.
Al margen de si la austeridad es el mejor camino para conseguir volver a la senda del crecimiento en Europa, lo que es evidente es que la manera más sencilla y sana de conseguir una recuperación de las arcas públicas sería una mejora de la actividad económica, que directamente impactaría en los ingresos por impuestos.
Sin embargo, parece que esta vez la gallina será antes que el huevo, y se ha optado por la austeridad primero para encarar el crecimiento futuro con más solidez, aunque esto implique intentar llevar a cabo el ajuste presupuestario con el viento en contra.
El Gobierno español ya subió la carga impositiva a finales de diciembre de 2011, aumentando el impuesto sobre la renta (IRPF) y el impuesto sobre sociedades, y redujo en gran medida gastos públicos, afectando a partidas como educación o sanidad, entre otras, anunciadas en el Plan de Estabilidad 2012-2015.
La siguiente partida por elevar para aumentar la capacidad recaudadora del Estado español parece que será el aumento de los impuestos sobre el consumo, esencialmente sobre el Impuesto al valor agregado (IVA). El Gobierno ha anunciado que será la siguiente partida afectada, pero no ha detallado cuanto subirá el impuesto ni desde cuándo.
Luis de Guindos, el ministro de Economía, sólo precisó que con este nuevo incremento en la carga, se prevé ingresar 8.000 millones de euros más en 2013. El IVA ya fue elevado por el anterior ejecutivo, pasando del 16% al 18% en el verano de 2010, pero aun en este nivel, España es uno de los países europeos con la tasa impositiva sobre el consumo más bajo. Alemania y Francia tienen tasas máximas del 19% y el 19,6% respectivamente e Irlanda, Grecia y Portugal, del 23 por ciento.
La suba del IVA tiene un impacto directo y muy rápido en las arcas del Estado, aumentando la recaudación, pero también es un impuesto que genera un aumento de los precios a los consumidores, y por tanto, una reducción de la demanda de bienes y servicios.
La peor parte de este aumento se lo llevarán las clases sociales más bajas, puesto que un porcentaje importante del consumo de estas familias depende de bienes y servicios de primera necesidad, que también verán aumentado su precio (aunque muchos de estos bienes presentan un impuesto reducido).
A cambio del alza del IVA, se propone recortar en las cotizaciones sociales (aportes patronales) para el fomento de la actividad empresarial. Aun con esta compensación, el aumento de este impuesto implicará una reducción del consumo interno y probablemente tendrá efectos negativos sobre las empresas, para las que este incremento también repercutirá sobre el precio final, afectando casi directamente a la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores, que ya sufren, en su mayoría, de salarios congelados, o que en el peor de los casos, están desempleados.
Con la prima de riesgo alrededor de los 400 puntos, la economía española no tiene muchas más alternativas que mostrar un "firme compromiso" con la austeridad y la reducción del déficit público. Esto puede que retrase el crecimiento y la recuperación económica en el corto plazo, pero puede que también ayude a encarar el crecimiento en el medio y largo plazo desde una posición mucho más solida y sostenible. El reto no es sólo conseguirlo, sino hacerlo con confianza para que tenga los efectos deseados sobre la recuperación económica de España.
(*) Patricia Gabaldón es profesora de Entorno Económico de IE Business School en Madrid, España.
Fuente: infobae.com
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