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domingo, 16 de noviembre de 2014

El Congreso aprueba el jueves, definitivamente, la reforma fiscal

Madrid, 16 nov (EFE).- El Congreso de los Diputados aprobará el próximo jueves, de forma definitiva, los tres proyectos de ley que componen la reforma fiscal (renta, sociedades e IVA) que entrará en vigor en 2015.

El texto original apenas ha sufrido variaciones en la tramitación parlamentaria.

En su paso por la Cámara Alta, la principal modificación ha sido suavizar la penalización tributaria en las plusvalías por venta de vivienda, al atenuar el efecto del coeficiente de abatimiento (beneficios para plusvalías patrimoniales de un bien adquirido antes de 1995).

Así, las viviendas compradas antes de 1995 que se vendan por menos de 400.000 euros evitarán la subida impositiva.

Otra de las enmiendas, iniciativa de CiU y pactada con el PP y el resto de grupos, prevé que el sector de las flores y plantas ornamentales tenga un IVA reducido del 10 %, frente al 21 % al que estaba tributando.

También por una idea inicial del grupo catalán, todos aquellos contribuyentes que realicen donaciones a las fundaciones podrán deducir el 10 % en la declaración de la renta.

Asimismo, por otra enmienda del PP, en 2015 se reducirá del 21 % al 19 % el porcentaje de retención e ingreso a cuenta aplicable a profesionales y autónomos, y se rebajará en 2016 hasta el 18 % de retención e ingreso a cuenta para estos rendimientos.

Según cálculos del Gobierno, el coste recaudatorio de las modificaciones introducidas por la reforma fiscal en el IRPF ascenderá en 2015 y 2016 a 5.981 millones de euros y en el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) a 110 millones, lo que suma un total de 6.091 millones de euros.

De los 5.981 millones, 3.366 corresponderían al próximo año y 2.615 a 2016.

El Ejecutivo considera que la reforma devolverá 9.000 millones a los bolsillos de los contribuyentes entre 2015 y 2016, lo que implica que el coste de la reforma del impuesto de sociedades (que se rebaja de forma general al 25 %) tendrá un coste para las arcas públicas de unos 3.000 millones.

En cualquier caso, el Gobierno admite que dado que el IRPF es un tributo parcialmente cedido a las administraciones territoriales, el coste definitivo de las medidas sobre el IRPF dependerá de las decisiones que tomen las comunidades autónomas especialmente en cuanto al gravamen y al mínimo personal y familiar.

También prevé que el efecto de la reforma del IRPF sobre el PIB será del 0,17 % en 2015 y del 0,30 % en 2016.

En cuanto al empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ascenderá el 0,27 % en 2015 y el 0,45 % en 2016.
Fuente: YAHOO! ESPAÑA

jueves, 30 de octubre de 2014

Un cuarto de la población española vive en la exclusión social, según Cáritas



Un cuarto de la población española vive en la exclusión social según un informe de la organización humanitaria católica Cáritas presentado este martes que atribuye esta situación principalmente al desempleo y la falta de vivienda.

"De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufren exclusión de empleo y el 61,7% exclusión de vivienda", indica Cáritas y La Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa) en este informe que denuncia la drástica degradación respeto al año 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y España se precipitara en la crisis.

Entonces, la ONG consideraba que un 16,3% de la población vivía en una situación de exclusión social "severa o moderada". En 2013, un 10,9% de los españoles se encontraban en situación de "exclusión severa" y un 14,2% en situación de exclusión "moderada".

Sin querer entrar en un "debate" sobre la recuperación económica de España, la ONG señala en el informe que "no hay síntomas de que la tendencia al empeoramiento se haya detenido en cuanto a los problemas sociales" aunque los indicadores macroeconómicos den muestras de mejora.

"El crecimiento económico por sí solo no genera equidad", declaró en una rueda de prensa el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, señalando que dos de cada tres excluidos ya lo estaban antes de la crisis, que ha afectado más intensamente a los más vulnerables.

Para combatir la exclusión "es necesario incrementar la protección social", añadió, en contraste con el rigor presupuestario impuesto desde 2012 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy que lastró fuertemente estos programas.

Según la ONG, 500.000 familias no estarían recibiendo ningún tipo de subsidios sociales, como es el caso de los desempleados que han consumido el periodo de ayudas.

El informe también advierte de la delicada situación de los inmigrantes, especialmente los de fuera de la Unión Europea. Más de la mitad (52,6%) viven en la exclusión contra un 20,6% de los españoles, porcentajes que en 2007 eran de 19,9% y 14,4% respectivamente.

El desempleo reculó en el tercer trimestre al 23,67% de la población activa, por debajo del 24% por primera vez desde finales de 2011, según el Instituto Nacional de Estadística.

El gobierno de Rajoy esperaba reducirlo a 24,2% a fin de año y a 22,2% a finales de 2015, todavía una de las tasas más elevadas de los países desarrollados. Aun así, Madrid es optimista sobre la recuperación económica y predice un crecimiento del 1,3% este año.

domingo, 19 de octubre de 2014

¿Qué ocurre con la hipoteca en una Cataluña independiente?

Un caso parecido a las hipotecas inversas

A. J. M.
Es una de las principales preguntas que se realizan los propietarios de pisos en Cataluña interesados sobre la hipótesis independentista, ya que habría que cambiar de moneda. 



La hipotética independencia de Cataluña abre numerosas incógnitas, como qué ocurriría con las hipotecas en caso de que el nuevo país. Y es que, en una Cataluña separada de España, el euro dejaría de ser la divisa corriente para dar paso a una nueva moneda, con la correspondiente devaluación.

Si finalmente se diera el caso, en primer lugar habría que barajar dos opciones, que son las que contempla el Consejo Asesor de la Transición Nacional, CATN, para definir la hoja de ruta del nuevo Estado: Con el euro o con otra moneda propia para Cataluña.

El metabuscador inmobiliario Nuroa.es responde en caso de que se dé el segundo escenario, es decir, con una moneda de nueva acuñación, y sus efectos sobre las hipotecas. En este sentido, señala que sería uno de los activos que más se verían afectados, ya que se firmaron en euros y habría que ver en cada caso si en las condiciones del contrato se menciona la posibilidad de un cambio de divisa. Además, "las hipotecas quedarían también a merced de las fluctuaciones monetarias a las que podría estar sujeta esta nueva divisa".

Con esta hipótesis, los propietarios además verían como desciende su valor patrimonial ya que el euro estaría fortalecido frente a la divisa local. En este caso, los deudores ven cómo aumenta el préstamo -en euros- mientras disminuye el precio de la vivienda. Como ejemplo señalan que "si una vivienda cuesta de media 200.000 euros, según sus propios cálculos, y la moneda catalana cayera un 20% respecto al euro, el valor de esta propiedad se reduciría hasta los 166.667 euros. Suponiendo que nuestra hipoteca actual fuera de 150.000 euros -ya que todavía estaría en la moneda de la UE-, la parte del comprador ligada a la propiedad también se reduciría en proporción, pasando de 50.000 a apenas 17.000 euros.

Aumentaría por otra parte la cuota de las letras hipotecarias. Y es que el efecto divisa haría que el propietario tenga que destinar más recursos para hacer frente a las cuotas en euros, una divisa más cara que la suya. No obstante, esta situación podría no ser permanente y una fluctuación de la moneda en sentido contrario podría dejar a los prestatarios catalanes en una situación de ventaja. Un caso parecido al ocurrido con las hipotecas inversas, con el yen como divisa de referencia, tras la revalorización de la divisa japonesa frente al euro, miles de hipotecados se vieron afectados al tener que pagar más euros por un yen.

Si Cataluña queda fuera de la Eurozona, el Euríbor, principal indicador para el cálculo de los intereses de las hipotecas, dejará de ser un índice de referencia. Sin embargo, las hipotecas firmadas están referenciadas a este interés interbancario. El Libro Blanco del CATN, la hoja de ruta del presidente de la Generalitat, Artur Mas, prevé la creación de un Banco Central, el homólogo del Banco de España, aunque sin las ventajas de estar en el euro.

En cuanto al precio de la vivienda, fuentes del sector bancario consultadas por Nuroa apuntan a que la incertidumbre que genera el proceso catalán podría ocasionar un ligero parón en la actividad del sector y un descenso de precios, al menos durante los primeros años de una hipotética independencia, aunque las mismas fuentes apuestan por una recuperación a medio plazo. Asimismo, si se produjera un cierto paro en mercado inmobiliario, las entidades bancarias que intentan vender su stock de vivienda deberían bajar todavía más sus precios para dar salida a estos activos y poder cumplir sus objetivos anuales.

Por otro lado, las entidades financieras con sede en Cataluña podrían salir del nuevo país, ya que estar fuera de la Eurozona se quedaría sin acceso a las vías de financiación del Banco Central Europeo y de otros bancos debido a la desaparición de los colchones protectores de clientes y depositantes. No existiría para ellos el Fondo de Garantías de Depósitos, que cubren hasta 100.000 euros por titular y cuenta corriente.

No obstante, la Generalitat asegura que se mantendría dentro del euro pese a estar fuera de la UE, aunque dependerá de los 28 países de la UE y de los 18 de la Eurozona, sin que ninguno de ellos vote en contra. En caso de que este entendimiento no llegara a buen término, el Ejecutivo de Mas plantea que los bancos catalanes podrían seguir accediendo al BCE a través de sus filiales, un hecho que tampoco estaría garantizado.
Fuente: Negocios.com

lunes, 14 de julio de 2014

El banco malo de España da su brazo a torcer: cede viviendas para alquiler social


La Sareb traspasa temporalmente 600 viviendas a la Generalitat de Catalunya sin incluir ningún edificio

Por Cristina Farrés
La Sareb destinará parte de su cartera inmobiliaria al alquiler social. Desde que se fundó el banco malo de España, en agosto de 2012, se había resistido a las demandas de las administraciones (tanto Comunidades Autónomas como locales) de dar este paso. Catalunya es la primera que se beneficiará del cambio de signo de la institución liderada por Belén Romana. La Generalitat ha firmado un acuerdo de cesión temporal de 600 viviendas que se dedicarán al alquiler asequible.

El pacto inicial contempla que el precio que pagarán los inquilinos se sitúa entre los 150 y los 400 euros mensuales durante cuatro años prorrogables a uno más, cuando vence la cesión. La principal ventaja para el banco malo es que se ahorra abonar gastos de comunidad, seguros, tasas y tributos de las viviendas, que se reparten en 72 municipios. A partir de ahora, serán los nuevos inquilinos quienes deberán hacer frente a estas facturas. La Generalitat, por su parte, se hará cargo de los gastos de gestión y administración de las viviendas.


Sin ceder los bloques ocupados

Los inmuebles incluidos en la operación son los llamados “viviendas atomizadas”, indican fuentes de la Sareb. Es decir, los pisos individuales que las entidades financieras les han traspasado. No aparece ningún edificio en el contrato de cesión, ya que el banco malo considera que es más atractivo para los inversores privados apostar por bloques de viviendas que no comprar al detalle.


No se destinará al alquiler social el edificio ocupado por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) en Sabadell (BCN) en el que viven 146 personas, 58 de ellas menores de edad, ni el bloque de Salt (BCN) que fue desalojado por los Mossos d'Esquadra el pasado diciembre.


En este caso, la institución presidida por Romana no ha cambiado de parecer. Mantienen que la ocupación es ilegal y que lo único que pueden hacer es denunciarla y esperar el desalojo para rentabilizar el inmueble.


Más comunidades

El modelo seguido para la cesión es que la Generalitat, mediante el departamento de Territori i Sostenibilitat, será la arrendadora de las viviendas, a pesar de que sean los servicios sociales de los gobiernos municipales los encargados de determinar qué familias se beneficiarán del alquiler social. Cuando terminen los cinco años de cesión, la Sareb recuprerará los activos y se subrogarán los contratos. Los inquilinos deberán comprometerse a realizar todas las mejoras en las viviendas que se requieran.


Romana ha reconocido que mantienen conversaciones con otras ocho Comunidades Autónomas para firmar nuevos pactos en este sentido.

Fuente: ED

sábado, 15 de febrero de 2014

España abre puertas a sefardíes 500 años después


 

Judíos ultra ortodoxos pasan junto a un retrato del líder de los judíos serardíes de Israel, el rabino Ovadia Yosef, durante su funeral en Jerusalén el 13 de octubre del 2013. El gobierno conservador de España ha decidido darle la ciudadanía a todos los descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1942.
Judíos ultra ortodoxos pasan junto a un retrato del líder de los judíos serardíes de Israel, el rabino Ovadia Yosef, durante su funeral en Jerusalén el 13 de octubre del 2013. El gobierno conservador de España ha decidido darle la ciudadanía a todos los descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1942.
Sebastian Scheiner, File / AP Photo


By Por JORGE SAINZ
Associated Press

A Silka Erez le habían dicho que era una tierra maldita. Pero cuando viajó a España por primera vez sintió el cosquilleo de quien vuelve a casa después mucho tiempo.

Por fin, las canciones de cuna que cantaba su abuela tenían sentido. Eran las mismas canciones que a la abuela le enseñó su bisabuela y antes, su tatarabuela. Una tradición familiar oral que sobrevivió de generación en generación durante más de 500 años.

Erez no nació en España, sino en Israel. Pero el origen de su familia materna es sefardí. Son descendientes de los judíos que fueron perseguidos, quemados en la hoguera y finalmente expulsados de España hace cinco siglos. 

Y que hoy, muchas vidas después, pueden regresar a casa.

"Si uno tiene dos corazones, yo lo tengo partido", dijo Erez. "He nacido en Israel, pero siento mucho a España. He sentido esta tierra caminando sobre ella".

España ya tenía vías para facilitar la ciudadanía a los sefardíes. El proceso exige papeleo que acredite su origen. Pero la gran novedad del proyecto anunciado por el gobierno hace unos días es que los beneficiados tendrán la nacionalidad automáticamente y no deberán renunciar a su otro pasaporte sea cual sea su actual país de origen. Hasta ahora, la legislación española reservaba la doble nacionalidad a ciudadanos latinoamericanos y de otras excolonias como Filipinas.

Preguntado si la ley era una manera de pedir perdón, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, respondió claramente: "Sin duda ninguna".

"La ley lo que viene a hacer con cinco siglos de distancia es reparar un terrible error histórico, uno de los graves que hemos cometido los españoles", dijo en una entrevista a The Associated Press. "Igual que el hijo de un ciudadano español tiene derecho desde el momento de su nacimiento a tener la nacionalidad española, lo que hace la ley es darle a los judíos sefardíes ese derecho, porque los considera hijos de España", añadió.

La medida ha despertado un enorme interés. En Israel, donde residen actualmente la mayor parte de los sefardíes, centenares de llamadas y correos electrónicos demandando información han inundado la embajada española en apenas unos días. Malcolm Hoenlein, uno de los máximos dirigentes de las comunidades judías de Estados Unidos, celebró la decisión del gobierno.

"Lo que España está diciendo al mundo es que no se puede cambiar la historia, pero sí se puede tener este gesto", dijo Hoenlein, quien se encuentra de visita en Madrid.

Sergio Della Pergola, demógrafo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo que hasta 2,5 millones de personas en Israel podrían tener raíces sefardíes. Pero las migraciones y la mezcla entre grupos dificultan la fiabilidad del dato. Algunas estimaciones sostienen que entre un tercio y un quinto de los 13 millones de judíos del mundo descienden de la rama sefardí. Otra cosa muy diferente es que cuenten con elementos de prueba para documentarlo.

Nadie en España se atreve a dar un número. Han pasado 522 años.

En pleno apogeo de la Inquisición, el Decreto de la Alhambra o Edicto de Granada, promulgado por los Reyes Católicos Isabel y Fernando, forzó la expulsión de todos los judíos que no se convirtieran al catolicismo. La palabra sefardí proviene del hebreo y significa literalmente "español. Son descendientes de aquellas centenares de miles de familias que dejaron España en 1492, el mismo año en que se inició la conquista de América.

"En 1492 se lanzan dos flechas de expansión del español: una hacia Occidente, hacia América. Y otra hacia Oriente con los sefardíes", explicó Elena Romero, profesora de Estudios Sefardíes del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, que ha publicado 21 libros y decenas de artículos sobre el legado de esta comunidad.

Después de España, los sefardíes se establecieron en la actual Grecia, Turquía, los Balcanes, el norte de Africa y algunas ciudades de Europa. Con el tiempo también llegaron a Latinoamérica. Durante siglos, conservaron determinadas costumbres gastronómicas, una extensa tradición oral de romances populares españoles y el idioma judeo-español o ladino, un castellano antiguo evolucionado con el que todavía hoy se pueden comunicar perfectamente con cualquier hispanohablante del mundo.

Erez, de 65 años, tiene libros de relatos populares en ladino, canciones, expresiones populares y, sobre todo, el recuerdo de su abuela, que la llamaba cariñosamente "luz del día".

"Cuando llegué aquí, todas las personas mayores me recordaban a mi abuela: los mismos gestos, el mismo peinado", recordó. "Lo único que me decían es que hablaba un español raro".

Según Romero, las tradiciones no se mantuvieron por apego sentimental a España, que les había echado, sino porque era su cultura. Las sucesivas migraciones, mestizajes y el drama del Holocausto diluyeron esa identidad.

"Hay muchos tópicos exagerados sobre los sefardíes, como por ejemplo que guardaban las llaves de sus casas en España de generación en generación", dijo Romero. "La verdad es que en estos momentos encontrar un 'sefardófono' activo con menos de 50 años, es muy complicado".

Para Shmuel Refael, de la Universidad Bar Ilan en Israel, solo entre 250.000 y 300.000 personas tienen un conocimiento fluido de ladino.

Todos estos elementos de vinculación con España serán importantes.

Las personas que soliciten la nacionalidad deberán acreditar su origen sefardí. Esa condición podrá ser certificada por la autoridad rabínica competente en cualquier país y la Federación de Comunidades Judías de España. La letra pequeña del proceso no se conocerá hasta la ratificación de la ley en el Parlamento, donde el gobernante Partido Popular dispone de mayoría absoluta.

Ruiz-Gallardón precisó que cuantas más pruebas documentales se aporten más rápido será el procedimiento. Los certificados deberán incluir información sobre el nacimiento, los apellidos o el conocimiento de la lengua judeo-española. Pero en cualquier caso, según el ministro, la palabra tanto de la autoridad rabínica como de la federación acreditando ese origen será suficiente.

No se espera un aluvión de solicitudes, según los expertos. Y menos en un contexto de fuerte crisis económica y desempleo. Algunas tendrán razones históricas. Otras mirarán la simple practicidad de poseer un pasaporte de la Unión Europea. Cuando en 2012, el gobierno abrió un proceso similar, en el que el sefardí estaba obligado a renunciar a su anterior nacionalidad, se tramitaron 3.000 expedientes.

Una de esas solicitudes pendientes de resolución es la de Erez, quien aportó un certificado de la sinagoga de Madrid y asegura estar feliz de poder conservar su pasaporte israelí con la nueva ley. Ella reside en España. Al igual que su hija, su yerno y dos de sus nietos.

Otros países en Europa también han aprobado medidas similares. Alemania, por ejemplo, ofrece la ciudadanía a los descendientes de judíos forzados a huir de los nazis.

La primera vez que España impulsó una ley para restituir la nacionalidad española de los sefardíes fue bajo el gobierno de Miguel Primo de Rivera en 1924. Ese decreto fue utilizado posteriormente por algunos diplomáticos españoles para salvar a centenares de familias judías del exterminio nazi.

Uno de aquellos diplomáticos fue José Rojas Moreno, bisabuelo del actual ministro de Justicia. Durante su etapa como embajador en Rumanía (1941-1943), Rojas Moreno contribuyó a evacuar a 65 judíos a España gracias a su origen sefardí, según la Fundación Raoul Wallenberg, dedicada a la memoria del Holocausto.

Desde entonces se ha reconocido el pasado sefardí para obtener la nacionalidad española, pero nunca automáticamente. Hasta ahora.

"Anteriormente, los ciudadanos (sefardíes) podían solicitar la nacionalidad, pero era el gobierno quien la concedía discrecionalmente", relató Ruiz-Gallardón. "El cambio ahora es sustancial, porque lo que estamos dando es un derecho y las autoridades españoles quedan obligadas a conceder esa nacionalidad".

La comunidad judía en España es muy pequeña. Apenas 100.000 personas, de las que menos de la mitad son sefardíes, sobre una población total de 47 millones.

Mauricio Toledano, secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, también considera que la reforma del gobierno apenas cambiará las cosas. Toledano, judío sefardí cuya familia llegó a España en 1959, cree que la comunidad no crecerá demasiado en número y que las relaciones con la sociedad civil en general seguirán siendo buenas.

"Para nosotros ha sido un gesto cargado de emotividad", explicó Toledano. "No se trataba tanto de pedir perdón, sino de restablecer una situación que era anómala".

El yerno de Erez se llama Frederic Ankaoua y también es sefardí. Su antepasado más lejano fue un rabino y médico que consiguió huir de Toledo, donde residía una de las comunidades sefardíes más florecientes de España, en las matanzas de judíos que asolaron el país en 1391.

Durante siglos, su familia prosperó en Argelia. Y después en Francia. El trabajo le llevó a España hace 12 años, donde nació su hijo pequeño Gael.

"Mi hijo nació 613 años después que este antepasado tuvo que escapar de la Inquisición", dijo Ankaoua. "Y este número es muy importante en el judaísmo: 613 es el número de mandamientos que hay en la Tora". 

Los periodistas de AP en Jerusalén Aron Heller, Daniel Estrin y Tia Goldenberg contribuyeron a esta nota.
Fuente: el Nuevo Herald

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lunes, 25 de noviembre de 2013

Linde: la independencia llevaría a la quiebra de los bancos catalanes

Debería tener un supervisor y una moneda propios

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha afirmado este lunes que si Cataluña se separase de España tendría que crear un supervisor y una moneda propios, algo que sería "malo" tanto para la región como para el país porque los activos se contabilizarían en su propia moneda y los activos en euros, lo que supondría un "problema financiero clarísimo". 

debería tener un supervisor y una moneda propios Linde: la independencia llevaría a la quiebra de los bancos catalanes Menéame inCompartir2 Más noticias sobre: Cataluña, Independentismo, Banco de España , Luis María Linde Alerta de noticias Enviar a un amigo Imprimir Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto 25.11.2013 EP 15 El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha afirmado este lunes que si Cataluña se separase de España tendría que crear un supervisor y una moneda propios, algo que sería "malo" tanto para la región como para el país porque los activos se contabilizarían en su propia moneda y los activos en euros, lo que supondría un "problema financiero clarísimo". Play Durante un almuerzo informativo organizado por la Asociación de Mercados Financieros, Linde ha sido preguntado por si el supervisor ha calculado el impacto que tendría una posible secesión tanto para Cataluña como para España. "Los dos territorios sufrirían mucho. Sería un escenario muy malo para los dos", ha señalado. El gobernador ha explicado el supuesto de un territorio grande y uno pequeño que se separan, sin mencionar en ningún momento España y Cataluña. Así, ha precisado que el territorio pequeño, al no pertenecer a la Unión Europea ni a la Unión Monetaria, no podría acceder a los recursos del Banco Central Europeo (BCE). "¿Los bancos que están situados en el territorio pequeño pueden acceder a la liquidez del BCE a través de sus filiales en el territorio grande o de un territorio miembro de la UE? La respuesta es no", ha explicado Linde, que ha dicho, no obstante, que una operación "aislada" sí se podría lograr. En este punto, el gobernador ha mencionado, a modo de ejemplo, que sería "impensable" que la banca japonesa se quisiera financiar por el BCE a través de una oficina en París. "No hay ninguna posibilidad de que, de modo sistemático e importante, la banca de un territorio que no es miembro de la UE se financie en el BCE a través de sus filiales en territorios que sí son miembros", ha apostillado, al tiempo que ha insistido en que el BCE "sólo presta con garantía emitida por un deudor que sea un país miembro del espacio económico europeo". "Al separarse, no sería miembro, por lo que el acceso a la financiación del BCE no es posible", ha añadido. De este modo, ha recalcado que un territorio pequeño que se separase de uno grande y quedase fuera de la UE estaría obligado a crear su propia moneda y a tener su propio supervisor. "Estaríamos en un escenario muy malo para ese país, porque los pasivos estarían en euros y los activos en moneda propia. Este es el escenario que lleva a la quiebra, a la suspensión de pagos o a un problema financiero gravísimo", ha indicado. Linde: la independencia llevaría a la quiebra de los bancos catalanes,Política. Expansión.com

Linde: la independencia llevaría a la quiebra de los bancos catalanes,Política. Expansión.com
EP
Durante un almuerzo informativo organizado por la Asociación de Mercados Financieros, Linde ha sido preguntado por si el supervisor ha calculado el impacto que tendría una posible secesión tanto para Cataluña como para España. "Los dos territorios sufrirían mucho. Sería un escenario muy malo para los dos", ha señalado. 

El gobernador ha explicado el supuesto de un territorio grande y uno pequeño que se separan, sin mencionar en ningún momento España y Cataluña. Así, ha precisado que el territorio pequeño, al no pertenecer a la Unión Europea ni a la Unión Monetaria, no podría acceder a los recursos del Banco Central Europeo (BCE). 

"¿Los bancos que están situados en el territorio pequeño pueden acceder a la liquidez del BCE a través de sus filiales en el territorio grande o de un territorio miembro de la UE? La respuesta es no", ha explicado Linde, que ha dicho, no obstante, que una operación "aislada" sí se podría lograr. 

En este punto, el gobernador ha mencionado, a modo de ejemplo, que sería "impensable" que la banca japonesa se quisiera financiar por el BCE a través de una oficina en París. 

"No hay ninguna posibilidad de que, de modo sistemático e importante, la banca de un territorio que no es miembro de la UE se financie en el BCE a través de sus filiales en territorios que sí son miembros", ha apostillado, al tiempo que ha insistido en que el BCE "sólo presta con garantía emitida por un deudor que sea un país miembro del espacio económico europeo". "Al separarse, no sería miembro, por lo que el acceso a la financiación del BCE no es posible", ha añadido. 

De este modo, ha recalcado que un territorio pequeño que se separase de uno grande y quedase fuera de la UE estaría obligado a crear su propia moneda y a tener su propio supervisor. "Estaríamos en un escenario muy malo para ese país, porque los pasivos estarían en euros y los activos en moneda propia. Este es el escenario que lleva a la quiebra, a la suspensión de pagos o a un problema financiero gravísimo", ha indicado.
Fuente: Expasión.com

sábado, 2 de noviembre de 2013

El banco malo cederá a las comunidades hasta 2.000 viviendas para su alquiler social

Viviendas
Viviendas de la Sareb que Bankia vende en Denia. (BANKIA)
  • Cederá entre 1.500 y 2.000 viviendas a las CC AA solo durante un plazo. 
  • La presidenta de la sociedad ha explicado que han querido contribuir a paliar el problema de la carencia de vivienda. 
  • El banco malo cuenta con un importante parque de viviendas especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid. 
EFE. 02.11.2013 - 09:37h 
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, el llamado “banco malo", pondrá a disposición de las comunidades autónomas hasta 2.000 pisos para que se alquilen a precios "asequibles". 

En declaraciones a Efe, la presidenta de Sareb, Belén Romana, ha explicado que querían contribuir a paliar el problema de la carencia de vivienda, sin alejarse del mandato que se les ha encomendado, la venta de los inmuebles. "Se trata de una iniciativa en la que Sareb estaba trabajando desde hace tiempo", dice Romana.
Nos permitirá cumplir nuestra tarea y también apoyar a las comunidades en su labor social
El banco malo, encargado de vender las viviendas procedentes de las entidades nacionalizadas, cuenta con un importante parque de viviendas especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid. 

Por eso, el consejo de administración de la compañía ha acordado aplazar los planes de venta de entre 1.500 y 2.000 viviendas durante un plazo para cederlas a las comunidades autónomas y que se alquilen a precios reducidos dentro de sus programas de vivienda social. 

Gracias a esta decisión, Sareb podrá cerrar acuerdos con los gobiernos autonómicos interesados en todas las regiones en las que disponga de inmuebles, con el compromiso de recuperar el piso en un futuro y poder sacarlo a la venta, tal y como establece su mandato. "

Precisamente estos convenios nos permitirán cumplir nuestra tarea y a la vez apoyar a las comunidades autónomas en su labor social", destaca la presidenta de Sareb.
Fuente: 20minutos.es

sábado, 8 de junio de 2013

"La era de los grandes divos en el mundo de la arquitectura se ha terminado"

LEMA DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA MÁS JOVEN DE ESPAÑA

"La era de los grandes divos en el mundo de la arquitectura se ha terminado"
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Santiago Calatrava en Valencia.

“Nuestro principal objetivo es dignificar de nuevo la profesión del arquitecto, recuperar el prestigio y acabar con el divismo que ha impregnado las escuelas de arquitectura los últimos años”. Son palabras de Ignacio V. Sandoval, uno de los impulsores de la Escuela de Arquitectura más joven de España, en la Universidad Rey Juan Carlos, junto a Pablo Prieto, Raquel Martínez, Alberto Ruiz y Luisa Walliser. Desde sus aulas, como desde los colegios de arquitectura, la defensa de su profesión y su rechazo a la futura Ley de Servicios Profesionales (LSP) está siendo también muy activa. 

“Dentro de nuestra profesión hay arquitectos, tasadores, peritos… profesiones todas ellas igual de dignas. No hay arquitectos de primera o de segunda. No todos podemos o queremos ser un Calatrava y por eso, en nuestra escuela, no preparamos a los futuros arquitectos para ser grandes divos. Esa época se ha terminado".

La Escuela -Grado en Fundamentos de la Arquitectura- solamente lleva dos años de rodaje. No será hasta dentro de cuatro -cinco años de grado más otro año de máster- cuando salgan a la calle los primeros arquitectos formados entre sus cuatro paredes y con una nueva manera de entender la arquitectura. "Muchos profesionales se han visto paralizados por la crisis sin darse cuenta de que tienen cualidades para hacer otras muchas cosas. No todo se reduce a construir grandes obras faraónicas, ni a construir viviendas".

Para Sandoval, la crisis ofrece la oportunidad de modificar la manera de ver la arquitectura y su objetivo es que "dentro de cuatro años, los futuros arquitectos tengan la mente preparada para afrontar la crisis de otra manera". Por ahora, esa crisis ha provocado la huida de España de cientos de profesionales, mientras que los que han decidido quedarse se enfrentan a condiciones laborales cada vez más precarias. "El mayor drama de la profesión es el de los falsos autónomos. El arquitecto asume mucho riesgo siendo autónomo y como contrapartida no obtiene ningún beneficio. Y lo peor es que siempre ha sido así", lamenta Sandoval.

Uno de cada cuatro arquitectos trabaja bajo la figura ilegal de falso autónomo, según el Sindicato de Arquitectos (SARQ). Una fórmula a la que se ve abocada la inmensa mayoría de ellos ya que, tal y como reconocen estos profesionales, no tienen otra alternativa. La elección es tener trabajo o no tenerlo.


Guerra de honorarios y falsos autónomos
 
Y es precisamente la falta de trabajo lo que ha desatado una auténtica guerra de precios dentro de la profesión. "Algunos compañeros están tirando los honorarios por los suelos. Hay una competencia brutal", explica Almudena Gancedo, arquitecto técnico de Valencia. "Tenemos una responsabilidad civil tanto por la obra que está en marcha como en la que ya se ha terminado. Si hay cualquier problema, somos responsables, y si mi seguro no lo cubre puedo perder mi casa o incluso ir a la cárcel", añade. "Entiendo que hay que pagar la hipoteca, dar de comer a los hijos, pero lamento que muchos compañeros estén tirando los precios porque en un futuro, si hay algún problema con las obras que han dirigido, no podrán afrontar el coste", explican.

A Almudena Gancedo, a Ignacio V. Sandoval y a cientos de arquitectos les indignan las ofertas de empleo que ponen de manifiesto la explotación y devaluación a la que se han visto postrados muchos de ellos tras los años del boom inmobiliario. Ofertas que, como la que ofrece un sueldo bruto entre 600 y 900 euros al mes a un becario con, al menos, dos años de experiencia y a jornada completa, incendian las redes sociales día a día.


Muchos de estos arquitectos, acuciados por la crisis, sucumben a este tipo de ofertas. Otros, por el contrario, han decidido poner tierra de por medio alentados, en muchas ocasiones por las instituciones públicas. "Si te vas debería ser porque te apetece no porque te estén forzando u obligando. No estoy en absoluto de acuerdo en formar arquitectos en España para que se vayan a otros países. Me da mucha pena que se esté alentando que la gente se marche de España tanto desde el Gobierno y desde las instituciones. Queda mucho por hacer aquí, como por ejemplo, en materia de rehabilitación. El desastre es tan grande y hay tantas cosas por cambiar...", lamenta Sandoval. 

Rehabilitación, accesibilidad, sostenibilidad o gestión son palabras todas ellas muy presentes en el lenguaje y en el ideario de esta joven Escuela de Arquitectura y de su curso de verano que, a pesar de los recortes en educación, ha conseguido situarse en el radar de los futuros arquitectos españoles. 

 La crisis no ha hecho mella en ellos ni en el nivel de exigencia. Una nota de corte por encima del 9 y más de 70 alumnos por curso son cifras que hablan por sí solas.
Fuente: El Confidencial

domingo, 19 de mayo de 2013

Los jueces, contra el sistema: ya hay 300 políticos y cien financieros imputados

LA CONTUNDENCIA JUDICIAL MARCA LA AGENDA Y DESCONCIERTA A LA CÚPULA DEL PODER
 
19/05/2013   (06:00)
 
Los jueces, contra el sistema: ya hay 300 políticos y cien financieros imputados
Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán.
(EFE)
La regeneración de España pasa por los tribunales. Y los jueces, conscientes del papel que parece haberles encomendado la historia, se han lanzado a perseguir la corrupción de la clase política y financiera con una sensibilidad que no habían mostrado hasta ahora. Como decía ayer en su artículo José Antonio Zarzalejos, España se parece cada vez más a la Italia de los 90, donde “los jueces marcan la agenda pública y emergen como poder de referencia”. 

Su labor se está traduciendo en dictámenes ejemplarizantes contra líderes públicos y económicos, y arroja ya un saldo de 300 cargos electos imputados y otro centenar de financieros en la misma situación procesal. En ningún otro momento de la democracia, ni siquiera en los estertores del felipismo, se habían alcanzado estos registros.

Los hechos enjuiciados son tan recientes que la mayoría de los procesos aún se encuentra en una fase preliminar. Pero por el camino, los magistrados están dejando destellos de una nueva contundencia contra los líderes políticos y económicos que está desconcertando a la cúpula del sistema y está marcando la agenda nacional.

El juez de Instrucción que el pasado jueves envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa al apreciar indicios de administración desleal, delito societario y falsedad documental en la compra del City National Bank of Florida, incluyó en el auto de prisión provisional que, de la ampliación de un crédito concedido por la caja de ahorros al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, “no se dio cuenta ni tan siquiera (!!!) al BANCO DE ESPAÑA”. La triple exclamación es literal. Pero el juez, Elpidio José Silva, fue más allá. “Aquí la tormenta perfecta no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder directo del imputado Miguel Blesa”, apuntó el juez. Y se superó renglones después asegurando que “en medio de una tempestad, no existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar; ni, ante la presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol”, una licencia literaria innecesaria. 

La semana pasada, el juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano aprovechó un recurso que planteó la defensa del exministro socialista José Blanco -imputado en el caso Campeón- sobre dos cuestiones formales del procedimiento para asegurar que “en la causa existen datos para entender que la casa de Madrid del aforado [Blanco] en alguna medida se la debía a su amigo Orozco”, un empresario implicado en la misma causa. La afirmación, que no afectaba al recurso que se estaba dirimiendo, complica sustancialmente la situación procesal del ex dirigente socialista.

Y también esa semana, un juez de Madrid rechazó que el escrache de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pudiera ser considerado constitutivo de delito, al encuadrar los acontecimientos dentro del ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión. Días antes, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, también había opinado que las protestas en los domicilios de los políticos “son un ejemplo de libertad de expresión”. Ambas consideraciones han generado sorpresa y estupor en el Partido Popular, que no esperaba que la Justicia avalara este tipo de protesta.

Distanciamiento entre políticos y jueces

Ninguna de estas manifestaciones prueba una animadversión generalizada de los jueces hacia los políticos. Pero el distanciamiento que se ha producido entre las esferas política y judicial es evidente. Y parece que la principal consecuencia de esta incipiente enemistad es que el manto de impunidad que recubría hasta ahora a las élites nacionales está quedando hecho jirones por el mazo de los magistrados.

En ámbitos cercanos al Gobierno se considera que, en algunas de estas actuaciones, los jueces están sobrepasando incluso los límites de la prudencia que se les presupone. Hay voces que llegan a apreciar un ensañamiento discrecional de los magistrados contra los dirigentes públicos. Ninguno de estos dirigentes quiere aparecer públicamente cargando contra las decisiones de los tribunales, pero en privado, existe la sensación de que los jueces están aprovechando la coyuntura para ajustar cuentas con los partidos políticos. 

Desde estos círculos próximos al Ejecutivo también se apunta que la agresividad del Poder Judicial está motivada en gran parte por las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de Mariano Rajoy para recortar el gasto público. Los recortes se han traducido en una reducción de salarios de los jueces y en la pérdida de personal y recursos materiales a su disposición. En el caso de la Audiencia Nacional, los reajustes presupuestarios se han traducido en medidas tan controvertidas como la pérdida de escoltas de los magistrados. 

Además, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha tomado decisiones desde su llegada al Gobierno que han sublevado al sistema judicial. Por un lado, la ley de tasas ha generado un enorme malestar entre las asociaciones de magistrados. Un juez de Tarragona ha llevado la norma ante el Tribunal Constitucional al considerar que podría vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva al dejar fuera del sistema a los ciudadanos sin recursos. El magistrado ha encontrado el apoyo de sus compañeros.

La otra iniciativa que está generando controversia en la carrera es la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La norma que regulará el nuevo método de elección de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces aún está en el Senado, pero el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia ya ha sido duramente criticado por un amplio sector de la carrera judicial. Los magistrados consideran que, con el cambio, el Ejecutivo acabará con la independencia del CGPJ.

Las fuentes consultadas por este diario no dudan de que el malestar provocado por estas dos apuestas del Gobierno está reflejándose en el espacio que el ordenamiento concede a los magistrados para que interpreten subjetivamente el encaje de los hechos probados en la legalidad. 

El enfrentamiento se produce además en una atmósfera social que ha convertido la corrupción y la clase política en dos de las tres mayores inquietudes de los ciudadanos. Sólo el desempleo preocupa más a los españoles. Las personas contactadas denuncian que, aprovechando el contexto, los jueces están apostando por ponerse a la cabeza del sentir mayoritario. 

En la ecuación, los banqueros son los colaboradores necesarios del proceso de derrumbe de España. La gran mayoría de los imputados del sector financiero están acusados de delitos cometidos en cajas de ahorro, adonde llegaron gracias a decisiones de los partidos políticos. La Audiencia Nacional instruye en la actualidad investigaciones sobre la gestión de Bankia y Banca Cívica, y estudia la admisión a trámite de una querella contra Caja Madrid. Además, en otros juzgados ordinarios hay procedimientos abiertos que afectan a la Caja de Ahorros de Navarra, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Novagalicia y Caixa Penedés, entre otras. También otro juzgado de instrucción ordinario ha sido el que ha enviado a prisión a Blesa por su gestión al frente de Caja Madrid. 

Las asociaciones de magistrados desmienten que, tras sus resoluciones, haya un ánimo de venganza. “No hay animadversión ni ideología porque eso sería prevaricar”, subraya José Luis González Armengol, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y juez Decano de Madrid. “No se puede decir que las resoluciones de los jueces son un ataque directo a los políticos. No es cierto. Lo que pasa es que en estos momentos se están reproduciendo muchos hechos similares que están llegado a los tribunales”, apunta González Armengol. 

En su opinión, “la mayor exigencia de los ciudadanos contra este fenómeno provoca que se estén presentando muchas más denuncias que antes”. Además, el juez considera que “la acumulación de procesos ha hecho que los jueces tengan más experiencia en este tipo de delitos tan complejos y que sean capaces de llegar mucho más lejos y hacer lecturas más profundas de los hechos que se han cometido”. “Puede que las resoluciones parezcan más duras, pero sólo es por estos motivos”, remacha el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. 

Jueces para la Democracia, otra de las grandes asociaciones de magistrados, suscribe las mismas consideraciones. Su portavoz, Joaquim Bosch, insiste en que “lo único que están haciendo todos los jueces es aplicar el ordenamiento legal”. “Es cierto que están llegando a los tribunales muchos casos que pueden resultar llamativos, pero esto no tiene nada que ver con el enfado que puedan sentir los jueces ante algunas de las decisiones que ha tomado el Gobierno”, termina Bosch, que rechaza por completo que haya intencionalidad en los dictámenes.

Con todo, el debate se prolongará al menos durante los próximos años porque la Justicia tiene materia para continuar actuando. Serán los ciudadanos los que decidan si el Poder Judicial se está excediendo o si, por el contrario, se encuentra inmerso en la misión de regenerar España.
Fuente: El Confidencial

domingo, 5 de mayo de 2013

Todas las crisis de España: desde la Edad Media al banco malo

Claves históricas de la depresión del siglo XXI
04.05.2013 Madrid David Page. Siga al autor en
De la crisis que propició la peste negra en el siglo XIV a los años del hambre del primer franquismo; de la depresión del XVII con los Austrias a las subprime, la prima de riesgo y los rescates... Un repaso histórico por los peores momentos de la economía de España.

Todas las crisis de España: desde la Edad Media al banco malo
Cuando el común de los ciudadanos descubrió en verano de 2007 lo que era una hipoteca subprime y un año después implosionaba Lehman Brothers, en España aún se presumía de tener una economía de Champions League. Un lustro después, el país va ya por su segunda recesión, la sociedad se ahoga con más de seis millones de parados, las empresas salvan sus resultados sólo en función del peso de su negocio internacional, la banca -antaño 'la más sólida del mundo' (Zapatero dixit)- ha tenido que ser rescatada por Europa... y la recuperación no está y no se la espera al menos hasta 2016. Esa España de Champions League se ha convertido en uno de los patitos feos de la Unión Europea.

Nadie duda de que la actual crisis es por su profundidad, su persistencia y sus múltiples implicaciones un fenómeno histórico. Otras la precedieron. Algunas más duras, y más duraderas. Ahora que tanto se habla aún de la herencia recibida, algunos historiadores siguen buceando en el pasado, al margen de luchas partidistas, para desgranar las herencias seculares que han llevado a nuestra economía a crecer o hundirse a lo largo de la historia. Dos libros publicados casi simultáneamente repasan de la Edad Media hasta (casi) anteayer los peores baches de la economía española: Crisis económicas en España. 1300-2012 (Alianza Editorial) y España en crisis. La grandes depresiones económicas, 1348-2012 (Pasado & Presente). Dos títulos que no son redundantes, sino complementarios, por sus diferentes enfoques: el primero analiza las crisis agrupándolas por sectores (demográficas, agrarias, comerciales, industriales, financieras...) y el segundo lo hace por fases cronológicas.

Cada tiempo tiene su crisis. Y conocerlas ayuda a comprender la naturaleza de nuestra economía y también los porqués de la crisis actual. De la depresión que propició la peste negra en la Edad Media a los años del hambre de la posguerra y el primer franquismo; de la quiebra del antiguo régimen en la primera mitad del XVIII a la crisis del petróleo y los problemas en la España de la transición a la democracia; de los efectos de la Gran Depresión del 29 en la Segunda República a la prima de riesgo, los rescates de la UE y el banco malo. De la mano de los dos títulos que coinciden hoy en las librerías, un repaso histórico por los peores momentos económicos de España.

LA PESTE NEGRA Y LA GRAN DEPRESIÓN MEDIEVAL.
 
La gran crisis bajomedieval es considerada un punto de inflexión a escala global (al menos lo que se consideraba global en la época). En Europa la peste negra supuso en el siglo XIV una debacle demográfica que se llevó por delante entre un tercio y la mitad de la población del continente, lo que provocó un auténtico colapso de la actividad económica, hundiendo la producción agraria y el consumo, así como la incipiente actividad industrial y también el comercio. A escala europea, además, la crisis supuso un debilitamiento de las estructuras feudales. En España las características de la crisis fueron particulares, y diferentes a las de los vecinos europeos.


Los efectos de la peste negra también se dejaron notar en la Península Ibérica a partir de 1348, pero con una incidencia muy desigual según las diferentes Españas, por lo que el impacto sobre la economía es también relativo (que no menor). No obstante, ya antes incluso de la llegada de la peste negra a mediados de la centuria, la Península había sufrido graves carestías y hambrunas por malas cosechas. Y, además, en el caso español tuvieron una mayor relevancia en la profundidad de la depresión bajomedieval las continuas guerras, que provocaron una elevada carga fiscal para financiarlas y posteriormente una imparable escalada de deuda. Las guerras no sólo impedían la normal actividad económica y comercial, asolaban cosechas y segaban vidas, sino que también había que pagarlas. El resultado fue una enorme crisis de deuda que acabó con varios entes de banca privada en diferentes reinos y que, por ejemplo, derivó en la quiebra del Reino de Mallorca en 1405.

EL DURO SIGLO XVII ESPAÑOL.
 
La Guerra de los Treinta Años, de 1618 a 1648, hizo tambalear la economía de toda Europa. Pero el caso español se agravó, además de por varias epidemias que socavaron las bases demográficas, por la insaciable política impositiva que los Austrias aplicaron para financiar su política imperial. "El formidable mecanismo de succión de recursos puesto a su servicio entre las décadas de 1570 y 1660 tuvo un papel estelar en el viraje hacia la crisis de la Corona de Castilla en el último cuarto del siglo XVI, en el deslizamiento hacia la depresión en el primer tercio del XVII y en la extrema lentitud de la recuperación posterior”, subraya José Antonio Sebastián, profesor de Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid. Algunas estimaciones apuntan a que durante el reinado de Felipe II se llegó a acumular deuda por valor del 60% del PIB español a finales del XVI, un porcentaje que seguiría creciendo durante décadas.


La escalada fiscal de los Austrias castigó a los productores agrícolas más productivos y los mercaderes más prósperos, en beneficio de la nobleza y las oligarquías locales que financiaron la aventura imperial y acabaron por tomar un progresivo y creciente control de las tierras. Los cargos y prebendas que obtuvieron derivaron en un predominio de actividades poco productivas, lo que acentuó los efectos de la crisis y alejó las posibilidades de recuperación. Y al tiempo, la monarquía realizaba cesiones de poder a cambio de deuda y la fragmentación de la soberanía impedía una mayor integración de los mercados. "Sólo cuando la monarquía de los Austrias renunció en el tratado de Westalia (1648) a sus aspiraciones terriotriales en Europa, pudo España iniciar el largo trayecto de la recuperación. Degradada, eso sí, del rango de potencia europea al de nación periférica", sostienen los profesores Francisco Comín y Mauro Hernández, editores de Crisis económicas en España.

LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
 

El XIX español arrancó con dos crisis sucesivas de muy diferente carácter. La primera, de 1803 a 1805, fue una crisis aún de corte feudal, motivada por las malas cosechas y las epidemias. La segunda, de 1808 a 1814, fue consecuencia de la Guerra de la Independencia y se convirtió en la puntilla para las instituciones del Antiguo Régimen. La guerra provocó un grave problema para las haciendas públicas, que en muchos casos no pudieron afrontar los compromisos de deuda adquiridos para financiarla.

El resultado fue que muchos acreedores promovieron la privatización de bienes y tierras. Una suerte desamortización silenciosa e informal que, como contrapartida positiva, acabó por elevar la productividad una vez en otras manos y fomentaron el crecimiento económico entre 1815 y 1830. Un crecimiento más rápido, pero aún muy por detrás de los ritmos europeos; que aún estaba basado en un modelo muy tradicional en la mayoría de las regiones, que no implicó un cambio estructural por no apoyarse en un paralelo proceso de industrialización y urbanización, según recuerda Enrique Llopis, catedrático de la UCM, en España en crisis. No obstante, "todo ello sentó las bases para un periodo de cambios institucionales que, con números altibajos, culminaría en la instauración de un régimen liberal y un sistema capitalista en torno a la década de 1840, que permitieron el surgimiento de un nuevo modelo de crecimiento económico", apuntan Comín y Hernández.

LA PRIMERA CRISIS CAPITALISTA DE ESPAÑA.
 
España tuvo que esperar hasta bien entrado el XIX para sufrir su primera crisis típicamente capitalista. La de 1864-1874 fue 'por fin' una crisis financiera equiparable a las que ya habían padecido los vecinos europeos. Coincidiendo con otra crisis agraria, se empezaron a producir las primeras quiebras de compañías ferroviarias en el país, lo que arrastró a muchos bancos que también quebraron y suspendieron pagos, ahogando el crédito tras años de especulación, burbujas y enorme captación de capital externo. La liberalización bancaria había hecho que entre 1856 y 1865 el número de entidades bancarias pasara en el país de 13 a 58. La crisis financiera hizo que se volviera a pasar a 14 bancos en 1874.


Unos años después la gran depresión de la primera globalización afectó de lleno a España entre 1882 y 1897. La fuerte caída de los precios agrarios internacionales provocó una importante crisis del sector en el país que también tuvo secuelas industriales y financieras. La situación vino agravada, además, por la deuda pública emitida para financiar las guerras coloniales, muy singularmente la de Cuba. De la crisis se salió con una fuerte depreciación de la peseta, con proteccionismo arancelario y la repatriación de capitales de las colonias perdidas, lo que sirvió de base para crear grandes bancos e impulsar las empresas que se embarcarían en la segunda industrialización.

LA GRAN DEPRESIÓN Y LA SEGUNDA REPÚBLICA.
 
La gran depresión internacional que siguió al crash del 29 afectó de una manera muy particular, al menos por su menor intensidad, a la economía de la naciente Segunda República. "La recesión económica coetánea de la Segunda República fue similar a la sufrida por las democracias europeas, aunque menos profunda y más corta, pues en 1935 ya se había acabado. No puede hablarse de gran depresión en la España de los treinta", sostiene Francisco Comín, catedrático de la Universidad de Alcalá y que participa como autor en ambos libros. Paradójicamente, el atraso de una economía española aún basada en la agricultura tradicional, el subdesarrollo de su sector bancario y su poca apertura sirvieron de escudo para paliar el contagio de la crisis internacional.


Los gobiernos republicanos se valieron de instrumentos convencionales para combatir la depresión coyuntural (medidas proteccionistas) pero lo hicieron tarde y con poca convicción, por lo que el contagio, aunque menor, no se evitó. "Aunque los factores políticos no crearon la depresión de la economía, contribuyeron a agravarla. Aunque el estallido de la crisis económica fue previo a la proclamación de la Segunda República, las reformas republicanas contribuyeron a la inestabilidad política, pero también lo hicieron la beligerancia de las derechas, las patronales y los sindicatos", apunta Comín.

LA POSGUERRA, LA AUTARQUÍA Y LOS AÑOS DEL HAMBRE.
 
La mayor catástrofe económica de la historia de España arrancó con la guerra civil y pervivió hasta casi 1960 por las equivocadas políticas que la dictadura franquista aplicó hasta entonces. El nuevo régimen salido de la guerra trató de erigirse en único actor de la economía, de sustituir toda la acción del mercado por una intervención total del Estado. El Estado lo ocupaba todo, y esta política castiza sólo provocó escasez y mercado negro por la caída de la producción. Y en paralelo, la apuesta por la autarquía prohibió importaciones de bienes y servicios, se restringieron las inversiones extranjeros y se nacionalizaron algunas multinacionales.


"La dictadura franquista siguió aplicando las políticas económicas de guerra que habían implementado las potencia fascistas durante la segunda guerra mundial. En aquella política autárquica y castiza está el origen de la profunda crisis económica de la posguerra. La de los cuarenta fue la auténtica gran depresión española del siglo XX. En la autarquía España sí que fue diferente", sentencia el profesor Comín. El resultado de esa desastrosa política económica fue reducir el PIB per cápita por debajo del nivel de 1929 hasta finales de la década de los cincuenta, cuando se iniciaron los primeros pasos hacia la apertura que acabarían por provocar el famoso salto de la alpargata al 600.

LA CRISIS DEL PETRÓLEO, EL OCASO DE LA DICTADURA Y LA TRANSICIÓN.
 
Factores internacionales e internos volvieron a poner en un brete a la economía española entre 1975 y 1985. La crisis del petróleo en 1973 y el colapso del sistema monetario internacional de Bretton Woods en 1979 coincidieron con una etapa de profunda inestabilidad política en el ámbito nacional por los últimos años de la dictadura y los albores de la nueva democracia. "Fue la primera crisis realmente moderna de la economía española: básicamente industrial y de servicios, en un contexto de creciente libertad económica y en la que un problema monetario, la inflación adquirió un gran protagonismo", explican Hernández y Comín.


Los últimos gobiernos de Franco tardaron en reaccionar ante la crisis del petróleo y los primeros de la democracia estaban más centrados en la transición política que en los vaivenes económicos. El resultado fue un freno del PIB per cápita, desequilibrios presupuestos, fuertes crisis industrial y energética, alta inflación, desempleo creciente... También hubo una importante crisis bancaria que llevó a las entidades a desprenderse de sus carteras industriales y empezar a centrarse en la banca minorista y los préstamos hipotecarios, abonando el terreno para la aparición de los problemas financieros actuales.

El intento de salida de la crisis se encarnó en los Pactos de la Moncloa, de 1977, que impusieron sacrificios a los ciudadanos a cambio del establecimiento del Estado del Bienestar y que apuntaban unas reformas estructurales que patronal y/o sindicatos, según el caso, se encargaron de descafeinar o frenar. Unas reformas (laboral, de la Administración, de la representación política...) que algunos expertos ven aún hoy pendientes. "Éste es quizás, visto en perspectiva, el legado más negativo de los años de la transición. La larga dictadura nos dejó en herencia una economía en muchos aspectos desequilibrada", sentencia Carles Sudrià, profesor de la Universidad de Barcelona.

EL SIGLO XXI Y LA NUEVA GRAN DEPRESIÓN.
 
La entrada en la CEE abrió una etapa de crecimiento que duró dos décadas. De 1985 a 2007 España vivió una edad de oro de expansión casi ininterrumpida; con la única excepción de la crisis de 1992-1993, una crisis corta y que el Gobierno solventó con un plan de estabilización al uso y las tradicionales devaluaciones de la peseta. La que estalló en 2007 y se arrastra hasta hoy (sin pistas certeras de cuándo terminará) se trata de la primera crisis que enfrenta España como una economía realmente abierta al exterior y un sistema financiero liberalizado y homologable a los de otras naciones desarrolladas. Y el resultado está siendo una de las depresiones más profundas de nuestra historia.


Los años de crecimiento continuo engordaron el caldo en que fue cocinándose la gran crisis. La desregulación bancaria a uno y otro lado del Atlántico y la internacionalización de la operativa de los bancos españoles facilitaron una burbuja crediticia que derivó en muchos casos en una relajación de la ortodoxia en sus prácticas. Hubo en España una verdadera adicción al crédito, aprovechando que por primera vez en su historia el país se financiaba al mismo tipo de interés que Alemania y por la necesidad de cubrir con capital exterior los enormes déficits de la balanza de pagos. Y de la mano de la burbuja financiera vino la burbuja de la construcción, respaldada por la enorme oferta de suelo que propició la desregulación y la deficiente financiación local (amén de la corrupción); por la demanda de vivienda (principal activo en cartera de los españoles y asequible gracias al crédito); y por la insaciable inversión en infraestructuras públicas no siempre necesarias e impulsadas principalmente por la financiación de las cajas de ahorros.

Los bancos españoles en un principio parecieron soportar bien la crisis que ya sufrían sus hermanos norteamericanos y europeos, fruto de la regulación que el Banco de España había impulsado para alejarlos de las hipotecas basura de EEUU y para que contaran con reservas genéricas (unas reservas que fueron insuficientes y que, además, empezaron a relajarse en 2005 con permiso del Gobierno). No obstante, los balances de los bancos contaban con grandes cantidades de pasivos que eran préstamos a corto plazo y que tras el colapso del mercado interbancario les obligaron a reducir el crédito. Con el grifo del crédito cerrado, la burbuja de la construcción empezó a explotar y, con ello, a desatarse un imparable incremento del paro (que aún perdura: vamos ya por los 6,2 millones de parados). La crisis bancaria finalmente derivó, pese a los parches y paños calientes que los gobiernos pusieron para aplazarlo, en un rescate del sistema financiero español por parte de la UE el pasado año. Y tras los intentos por evitarlo, al final el Gobierno ha acabado por crear un 'banco malo' para acoger los activos tóxicos inmobiliarios que acumulaban las entidades en sus balances.

Entretanto, la recesión ha estrujado al máximo las cuentas públicas, que han pasado del superávit precrisis a un déficit histórico que aún no se ha conseguido embridar. Y España ha pasado por una auténtica travesía del desierto en forma de crisis de deuda (veremos si ya solventada), con primas de riesgo absolutamente desatadas y que hoy parecen templarse. "Aunque el Gobierno intentaba mantener la ficción, las condiciones impuestas por la UE para el mero anuncio del rescate bancario y la compra de deuda pública implicaban una intervención en toda regla de la política económica española", sostienen los editores de Crisis económicas en España. "España no sólo había cedido la soberanía monetaria, al entrar en el euro, sino también la soberanía de la política económica", apuntan los expertos, que vinculan esta circunstancia con la actual política de recortes del gasto para contener el déficit y con las reformas estructurales que estarían por llegar.

EPÍLOGO: Las crisis y los cambios.
 
Las grandes crisis suelen ser causa, o al menos acicate, de cambios sustanciales de los sistemas económicos y también políticos. Pura catarsis, destrucción creativa o un mero ejercicio de hacer de la necesidad virtud, tanto da; crisis y cambios siempre vienen de la mano. La gran depresión bajomedieval contribuyó al nacimiento del estado moderno en Europa, no tanto en España; las crisis de la primera mitad del XIX sirvieron para asentar el modelo capitalista en España; la crisis de los treinta y siguientes convulsionó el sistema político con la caída de la monarquía, la llegada de la república y el establecimiento de una dictadura; la liberalización de la economía posterior propició el Estado del Bienestar... Está por ver cuáles son los cambios de calado que propiciará la gran depresión de este convulso inicio del siglo XXI. Para algunos, una oportunidad. Para otros, una temida amenaza. ¿Cara o cruz?

Fuente: Expansión.com

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