La Fundación ha asegurado que la presión fiscal en
España es "baja" comparada con el resto de países europeos, y ha
afirmado que "el problema es que está mal distribuida".
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apuesta por
subir el IVA y los impuestos sobre el consumo y bajar las cotizaciones
sociales "porque el problema del déficit español es de ingresos, no de
gasto", según el investigador de la Fundación, doctor en Economía y
profesor de la Universidad de San Luis Michele Boldrin.
Durante una rueda de prensa sobre economía sumergida y fiscalidad que
ha organizado Fedea con la Asociación de Periodistas de Información
Económica (Apie), Boldrin ha asegurado que la presión fiscal en España
es "baja" comparada con el resto de países europeos, y ha afirmado que
"el problema es que está mal distribuida". Por ejemplo, ha apuntado, las
tasas sobre el trabajo "son muy altas en comparación con lo que se
recauda, mientras que el IVA y el resto de impuestos sobre el consumo
son muy bajos".
Por ello, Boldrin ha subrayado que "si hay un impuesto que subir
ahora mismo es el IVA, al igual que hay que revisar los patrimoniales".
Según Boldrin, los ciudadanos se han acostumbrado a unos gastos
financiados a través de impuestos "muy volátiles", en especial, el
Impuesto de Transferencias Patrimoniales (ITP), cuya recaudación se ha
desplomado con el hundimiento del sector inmobiliario, y que le parece
“insostenible” y “dañino”.
A juicio de este profesor, el ITP ha fomentado el gasto descontrolado
de las CCAA, porque era un ingreso no recurrente que se ha desplomado
en más de un punto del PIB desde 2006, es decir, se han ingresado cerca
de 12.000 millones de euros menos.
"Gravando las transferencias de bienes se hace imposible que las
empresas pequeñas sean eficientes. Es más estable recaudar con un
impuesto patrimonial sobre el valor efectivo de los inmuebles, no sobre
las transacciones", ha señalado.
Para este profesor, "en España predomina una mentalidad de
pseudo-izquierda que piensa que gravando al empleo se está perjudicando a
las grandes empresas, cuando los verdaderos damnificados son los
trabajadores". En este sentido, considera "si los impuestos sobre el
trabajo son tan altos, será difícil trabajar en España, y si se consigue
empleo, el sueldo será muy bajo".
Boldrin ha explicado que el IRPF es "ridículamente progresivo" porque
provoca que los profesionales más preparados "prefieran desarrollar su
actividad en Suiza que en España", donde cuesta el doble. Es decir,
“pagan los buenos profesionales, no los ricos”, lamenta. Ha añadido que
estos "profesionales preparados" podrían dar empleo a mucha gente".
Además, ha abogado por suprimir el Impuesto sobre Sociedades, porque
"no se debe tasar transacciones económicas que sirven para producir
rentas".
Fraude y amnistía fiscal
Por otro lado, Boldrin ha afirmado que la distribución fiscal actual en España "incentiva el fraude fiscal e impide avanzar a las empresas". Según este doctor en Economía, la causa "principal" de la evasión de impuestos es que la española es una sociedad tecnológicamente "atrasada" en la que predominan las pequeñas y medianas empresas.
"La mayoría del fraude español proviene de las pymes que viven al
margen, porque su forma de sobrevivir es eludiendo la fiscalidad. El
problema es que si el Gobierno las saca la luz, acabaría con ellas, y
suponen entre el 10% y el 15% del PIB", ha destacado el investigador de
Fedea, para quien la solución es perseguir el fraude incentivando el
crecimiento empresarial.
No obstante, Boldrin ha resaltado que "creer que si se acaba con el
fraude fiscal se soluciona el problema de déficit es una fantasía muy
peligrosa que puede hacer bastante daño".
Por otro lado, el responsable del estudio de Fedea ha calificado la
amnistía fiscal impuesta por el Gobierno a las grandes fortunas como una
medida "extrema que solo se debe aplicar si es inevitable, como es el
caso". No obstante, Boldrin ha explicado que si la Administración no
quiere ver mermada su reputación deberá ser "intransigente e inflexible"
con la evasión una vez que se cumpla el plazo de amnistía, lo que cree
que el Anteproyecto de Lucha contra el fraude fiscal no hace. “Las
medidas deberían ser más duras”, remacha.
Por último, al profesor ha valorado la limitación del pago en
efectivo como "una forma bastante eficaz para acabar con el fraude
masivo", aunque ha advertido de que invade la privacidad y que puede ser
regresiva. "Lo que hay que hacer es crear incentivos para utilizar el
pago con tarjetas de crédito u otras formas", ha señalado. En esta
línea, el Gobierno acaba de aprobar el Decreto que desarrolla la Ley de
Dinero Electrónico.
Fuente: Expansión.com
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