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sábado, 19 de mayo de 2012

Bruselas enviará expertos a verificar que no haya más sorpresas en las cuentas

VIGILANCIA DE LA UE
La Comisión Europea advierte que el baile de las cifras de déficit daña la credibilidad y perjudica a España
El Ejecutivo comunitario afirma que no puede continuar el descontrol del gasto autonómico
Sábado, 19 de mayo del 2012 - 18:03h
 ELISEO OLIVERAS / Bruselas

La Comisión Europea enviará la semana próxima a un grupo de técnicos de Eurostat, el organismo de estadísticas de la Unión Europea (UE), para verificar que no haya más sorpresas ocultas en las cuentas públicas españolas después de que tres comunidades autónomas gobernadas por el PP reconocieran que habían ocultado las cifras reales de déficit del 2011.

Esto ha causado un nuevo aumento de la cifra de déficit público de España en el 2011 hasta el 8,9% del producto interior bruto (PIB). La Comisión Europea está "preocupada" por este baile de cifras, porque "dañan la credibilidad" y "no mejoran la situación" de España ante los mercados financieros, han indicado a este diario fuentes comunitarias. Existe además el "riesgo" de que puedan establecerse paralelismos injustificados con Grecia, han añadido las citadas fuentes.

La misión de los técnicos de Eurostat, organismo responsable de certificar los datos de las cuentas públicas de los países de la UE, será aclarar si las nuevas cifras son definitivas y si la afloración de los gastos no declarados hasta ahora es “exhaustiva”, ha precisado el portavoz de la Comisión Europea.

Facturas acumuladas en los cajones


"Esperamos que ya no haya más problemas de pagos atrasados y facturas acumuladas en los cajones", han comentado fuentes del Ejecutivo comunitario. "El Gobierno debe controlar el gasto de las comunidades autónomas y aplicar la ley de estabilidad presupuestaria. No puede volver a repetirse de que no se sepa lo que está ocurriendo con el déficit de las comunidades autónomas hasta final de año”, han insistido las citadas fuentes.

"El nuevo aumento de la cifra de déficit del 2011 es negativo, pero ese efecto negativo puede contrarrestarse con una aplicación rigurosa de los planes de ajuste pactados por cada comunidad con el Gobierno", han explicado fuentes comunitarias. La Comisión Europea reconoce que el esfuerzo del Gobierno este año para reducir el déficit público del 8,9% al objetivo fijado del 5,3% deberá ser “enorme, en especial en un contexto de recesión”.

España debe hacer los deberes


El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, está dispuesto a "efectuar una aplicación inteligente" de las normas del pacto de estabilidad sobre el déficit, pero el Gobierno "deberá demostrar que está haciendo los esfuerzos adecuados", han indicado fuentes comunitarias.

Rehn, han añadido las citadas fuentes, tendrá en cuenta los nuevos datos de déficit y los planes de ajuste de las autonomías para la evaluación que efectuará sobre España el próximo 30 de mayo, cuando presentará las recomendaciones concretas de política económica y presupuestaria a cada país de la UE.

Malestar por la nueva versión


La Comisión Europea está “sorprendida” de que España aún haya tenido que modificar de nuevo “a mediados de mayo” la cifra de déficit del 20011. A finales de noviembre, se había indicado al Ejecutivo comunitario que habría una desviación limitada del objetivo de déficit (6%) y que la cifra se situaría entre el 6% y 7% del PIB. Posteriormente, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció en diciembre que la cifra real sería del 8%. Más adelante, indicó que finalmente sería del 8,51%.

Esta fue la que comunicó oficialmente a la UE en abril y que quedó oficializada por Eurostat el pasado 23 de abril. Un mes después, la cifra ha vuelto a aumentar hasta el 8,9% debido al déficit ocultado por los gobiernos regionales de Madrid, Valencia y Castilla-León.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y el comisario Rehn ya advirtieron durante la reunión del Eurogrupo el pasado lunes al ministro de Economía, Luis de Guindos, que el Gobierno tenía que acabar con el descontrol del gasto de las comunidades autónomas, además de acelerar la transparencia del sector bancario y sus activos inmobiliarios, han señalado fuentes comunitarias.

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