Entre otros problemas España tiene el enchufismo y el absentismo ¿ qué hacemos con ellos?

-Artículo de Moises Romero en la Carta de la Bolsa-

FD \ "España y sus Administraciones, desde la Central a la Rural, lleva mucho tiempo mirando para otro lado en lo que respecta a dos costumbres muy nuestras: el enchufismo (práctica habitual de conceder cargos o beneficios a través de influencias o recomendaciones, desatendiendo a los méritos propios de los candidatos) y el absentismo laboral (sólo en Madrid que desde que entró en vigor el pasado 1º de enero la Ley de Medidas Fiscales un total de 2.450 empleados públicos de la región que estaban de baja han dejado de estarlo). Términos muy arraigados, que todos conocemos, en el caso del enchufismo, con la frase rancia si no tienes padrino no te casas y en el caso del absentismo lo que todo el mundo sabe, pero nunca ha denunciado, del pase de tarjetas en entes públicos, método que consiste en que un empleado pasa la tarjeta de otros 10 una semana y luego el resto de la banda hace lo mismo el resto de las semanas..." "Enchufismo en los Ministerios, en las Administraciones Públicas, en los Organismos oficiales, en las Diputaciones, en los Ayuntamientos, en todo lo que sea cobrar sin dar un palo al agua. En mi pueblo malagueño la relación de funcionarios respecto a los que trabajamos es de 2 por 1. Dos trabajadores y un funcionario. El resto está en paro..." "Los que han hecho oposiciones de manera limpia critican estas críticas contra el absentismo y el enchufismo, pero no lo denuncian. Fuera, en la calle, hace demasiado frío. ¡Allá cada uno con su historia! Y así nos luce el pelo: unos pagando los desmanes de otros ¿Los políticos? Aferrados a la poltrona. El Poder los vuelve locos, a unos y a otros. Aferrados a la poltrona, con el propósito de seguir muchos años más. Para ello no hay que perder votos..." "Dicen los alemanes, franceses y Obama que España va por el buen camino en lo que respecta a las medidas de ajuste y a la reforma laboral. Pura demagogia, porque no conocen España, en general, ni sus entresijos en particular. No conocen la España pícara...) (Parte de una carta enviada por Matilde Paredes, economista) Dos encuadres: "8.108 Ayuntamientos; 51, Diputaciones Provinciales; 19, Comunidades Autónomas; 3.200.000 funcionarios, frente a los 600.000 que había chupando del bote en 1976 y más de 640 Asesores en la nómina de Moncloa. A todo este despilfarro hay que sumarle los correspondientes séquitos de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas...Esta es parte de la radiografía de un país llamado España, que mira la paja en el ojo ajeno, la paja de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia...y no considera la gran viga de cemento armado que tiene encima. Los sabios abogan por reducir el número de Ayuntamientos (Un estudio estima que el plan italiano aplicado a España suprimiría 14 provincias), Diputaciones Provinciales (incluso éstas, que desaparezcan) y, por supuesto, los Asesores y séquitos de todo tipo. Pero es tarea imposible", me dice uno de los grandes gurus de la Bolsa española. Y me envía la siguiente referencia: Desde hace tiempo se está abogando en España por recortar el número de municipios para adelgazar el peso de la administración local y hacerla más eficiente. Muchos piensan que es excesivo que el país tenga más de 8.108 ayuntamientos y la propuesta de reducir su número para rebajar el gasto público cada vez gana más adeptos. A ella se sumó el Instituto de Estudios Económicos, un día después de que se hayan celebrado las elecciones municipales. Según Gregorio Izquierdo, Director de Estudios del organismo, para favorecer la gestión de los servicios públicos, en el ámbito local se precisa de una dimensión mínima de los municipios, tanto demográfica como económica, que contrasta con el actual minifundismo municipal. Otro apunte de interés Yago González ha escrito en Expansión que la crisis, que en los últimos meses ha colocado a la empresa España S.A. al borde de la bancarrota, exige un benchmarking interno para comprobar cuáles Administraciones son las imprescindibles y cuáles no. Benchmarking es un término anglosajón que define la comparación de distintos productos, servicios y métodos de trabajo para saber cuáles son los mejores y más eficientes. La evaluación puede realizarse comparando empresas de un sector o incluso diferentes departamentos dentro de una misma compañía. El pasado jueves, el Gobierno anunció un escrutinio detallado de las empresas públicas, en especial las dependientes de las comunidades autónomas, ya que deben eliminarse 445 de éstas. En total, los entes estatales, autonómicos y locales superan los 4.000, contribuyendo a un déficit y una deuda que despiertan los recelos de los que quieren invertir en España S.A. Sin embargo, pese a la perentoria necesidad de estos recortes, el abrumador poder del PP en casi todos los estamentos del país supone una oportunidad única para plantearse de una vez por todas lo razonable de mantener 17 miniestados cuyos tentáculos invaden las competencias del Estado central. Según un informe de UPyD, las duplicidades y redundancias generadas por los cuatro escalones administrativos del país cuestan 32.300 millones de euros al año. Además, los aproximadamente 120 tribunales, agencias, observatorios y órganos consultivos repartidos por las regiones han fomentado un paraíso de despachos, ventanillas y documentos. Las propuestas de ajuste no obedecen a un debate partidista y las críticas (por lo general, documentadas) proceden de todos los frentes políticos. Al citado informe de UPyD se añade otro elaborado por FAES (de clara vinculación al PP) titulado Por un Estado autonómico racional y viable, que defiende grandes acuerdos para reformar la Constitución y redefinir el engranaje nacional. Algunos peces gordos del PSOE también se han pronunciado al respecto. El pasado 29 de agosto, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, tildó de “disparate” que existan “17 defensores del pueblo, 17 consejos económicos y sociales, 17 defensores del mayor y del menor, 17 consejos consultivos, 17.000 televisiones públicas” y demás organismos. Por su parte, tanto el expresidente del Gobierno Felipe González como el candidato socialista a las últimas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, han pedido varias veces la supresión de las diputaciones provinciales. Pero, con algunas excepciones tras los duros recortes emprendidos en los últimos meses en varias regiones (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña), la mayoría de las estructuras orgánicas permanecen, de momento, inmarcesibles. Órganos consultivos Además de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), órgano estatal que vela por el buen cumplimiento de las reglas del mercado, casi todas las autonomías cuentan con su propio Tribunal de Defensa de la Competencia. Lo mismo sucede con el Tribunal de Cuentas, creado para revisar los balances de los órganos públicos y sufragado con 62 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. Tiene clones repartidos por todo el país, aunque en la mayoría de las regiones se les conoce como Sindicatura de Cuentas. No obstante, la eficacia de éstas despierta algunas dudas. El Tribunal central, presidido por Manuel Núñez, reveló recientemente al informar sobre el uso de subvenciones a pymes que “entre las justificaciones de gastos presentadas por las comunidades autónomas y por el Ayuntamiento de Barcelona existen importes elevados dedicados a comidas, cátering y conferenciantes. Es decir, que no fueron las Sindicaturas las que alertaron sobre este despilfarro en sus respectivas regiones, sino la Administración central. De forma similar, el Defensor del Pueblo dispone de réplicas a su imagen y semejanza, aunque en el plan de recortes aprobado el pasado septiembre el Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) suprimió tanto este organismo como el Consejo Económico y Social, otra instancia reproducida por las comunidades con el CES central como modelo. De momento, ningún otro presidente autonómico ha imitado en este sentido a María Dolores de Cospedal. Los gobiernos regionales, asimismo, albergan departamentos casi iguales entre sí como los Institutos de Estadística (que compiten con el INE), los observatorios de inmigración y de igualdad, las agencias de protección de datos o las agencias de consumo, estas últimas en clara competencia con el Instituto Nacional del Consumo o el Consejo de Consumidores y Usuarios. Por no hablar de las incontables televisiones autonómicas y locales, que cuestan casi 2.000 millones por año. Esto tiene un impacto directo en las cuentas. Por ejemplo, más de la mitad de los 3,2 millones de funcionarios del país trabaja para las comunidades: 1,7 millones de personas. Un análisis de la Fundación BBVA indica que uno de cada cinco euros de los salarios que se pagan en toda una comunidad va a parar a trabajadores de su Administración. Municipios Un cálculo elaborado el pasado abril por el Círculo de Empresario cifró en 22.000 millones de euros anuales el coste de las diputaciones provinciales. En concreto en España hay 41 diputaciones, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares. Son administraciones intermedias entre las comunidades y los ayuntamientos. España cuenta con 8.114 municipios, de los que un 60% tiene menos de 1.000 habitantes. Entre las propuestas de ahorro del Círculo figuraba la fusión de consistorios, una medida que adoptó Italia este verano al eliminar 34 provincias y 1.500 ayuntamientos. UPyD va más allá y propone recortar nada menos que 16.000 millones de euros mediante la unión del 95% de municipios españoles: en concreto, que se fusionen los 7.370 que cuentan con menos de 10.000 ciudadanos. Sector exterior El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) gastó en 2011 186 millones de euros en promocionar a las empresas españolas en otros países. Pero para las comunidades esto no parece suficiente y sólo quieren representarse a sí mismas, por lo que han creado más de 300 embajadas comerciales: oficinas, técnicos, programas de colaboración, etcétera. El coste conjunto de organismos de promoción exterior como ACC1Ó (Cataluña), Igape (Galicia), Extenda (Andalucía) o Ivex (Comunidad Valenciana) oscila entre los 300 y los 400 millones de euros. En el informe de UPyD titulado El coste del Estado autonómico, el diputado por Madrid Ramón Marcos Allo critica así este sistema: “¿Cuál sería la imagen que tendríamos si de repente el Estado de Texas abre Embajada en Madrid y dicen ‘esto no tiene nada que ver con la Embajada de EEUU?’ ¿Realmente eso mejoraría su imagen en España y las ganas y garantías de nuestros empresarios de invertir allí? El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, recomendó esta semana a las autonomías que integraran sus delegaciones comerciales en las embajadas españolas. Universidades En España existen 50 universidades públicas, que emplean en total a 100.000 personas y reciben 6.700 millones de euros de presupuesto. No obstante, no parece que esta proliferación de centros contribuya al éxito formativo. De todas las universidades públicas del país, sólo diez están entre las 500 mejores del mundo, según la clasificación académica mundial conocida como Ránking de Shanghai. Por este motivo, el anterior Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dejó abierta una puerta legal para que en el futuro estas instituciones puedan fusionarse, al estilo de las cajas de ahorros. Inmuebles La Administración central también podría apretarse el cinturón. Un estudio de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman señala que si el Estado vendiese el 34% de sus edificios (muchos de ellos infrautilizados), se podrían ahorrar 14.000 millones de euros. Deuda La red de sociedades y fundaciones sirven como trastero donde las autonomías y los ayuntamientos acumulan buena parte de la deuda que después no consta en los datos oficiales. Desde el inicio de la crisis en 2007 cada nueva empresa pública ha sumado hasta la fecha 90 millones de endeudamiento al erario público. O sea, 10.000 millones en todo el país en los últimos cuatro años.