La Abogacía Catalana rechaza la creación de una agencia estatal que gestione la Justicia Gratuita

MADRID, 03 de NOVIEMBRE de 2011 - LAWYERPRESS

Considera que, si hay que cambiar modelo de gestión, ha de ser de forma consensuada entre todos los agentes implicados El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, rechaza la propuesta manifestada ayer por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, de crear una agencia estatal que regule la gestión de la Justicia Gratuita en todo el Estado Español, dependiente del Ministerio de Justicia. La Abogacía Catalana considera que, si es necesario hacer cambios en el modelo de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio, deben ser consensuados entre todos los agentes que intervienen actualmente en la gestión del sistema, es decir, los Colegios de Abogados, sus Consejos y las Comunidades Autónomas, que tienen las transferencias transferidas en esta materia. El Consell de l’Advocacia Catalana recuerda que el Estado descentralizado que surge de la Constitución española de 1978 "no puede dar marcha atrás", y que problemáticas puntuales como, por ejemplo, la que afecta a Comunidad Autónoma de Madrid "ni son coincidentes con otras realidades, como la catalana, ni deben ser tomadas como modelo de cambios tan sustanciales". Para la Abogacía Catalana "la realidad de la gestión de la administración de justicia en general o de la justicia gratuita en particular debe dar respuesta a problemas directos de la ciudadanía y la descentralización ha demostrado su eficacia en este ámbito atendiendo a las diferencias territoriales y, lo que es más importante, a la forma de dar respuestas o soluciones mediante una administración más cercana al ciudadano". Mejorar el sistema: sí, pero siempre contando con la abogacía El Consell de l’Advocacia Catalana reconoce que el sistema de justicia gratuita, después de 15 años desde la entrada en vigor de la ley 1/96, puede ser mejorado para conseguir su adaptación a la realidad social actual y mejorar su eficiencia, y así lo ha hecho saber en varias ocasiones, incluso abierto a las fórmulas de gestión más óptimas manteniendo el sistema actual prestado por los colegios de abogados. Pero el proceso a seguir debe ser contando con la abogacía, "que ha demostrado su capacidad de gestión, conoce la materia en su experiencia práctica y puede aportar vías de mejora, pero siempre trabajando sobre la base de una real lealtad institucional entre los que intervengan, priorizando los principios esenciales del sistema democrático sobre criterios estrictamente economicistas, y sin perder de vista la necesidad, también, de obtener la eficiencia del sistema siempre en beneficio del ciudadano que lo necesite".