REGIÓN MURCIA
La falta de liquidez de miles de desempleados lleva a bancos y cajas a aceptar la dación en pago para saldar las deudas
23.10.11 - 01:29 - F. CARRERES | MURCIA
La insolvencia de miles de familias de la Región ha terminado por imponer la dación en pago como una fórmula cada vez menos excepcional para evitar la ejecución hipotecaria. Si hace un año bancos y cajas eran reacios a aceptar un acuerdo para entregar la casa en pago de la hipoteca y dar por saldada la deuda, en los últimos meses las entidades financieras han empezado a mostrarse un poco más receptivas a llegar a un acuerdo. En lo que llevamos de año, las entidades de la Región han firmado más de un centenar de acuerdos de dación en pago con familias que no podían hacer frente a su hipoteca, calculan plataformas, organizaciones de consumidores y usuarios de banca. La cifra podría ser en realidad más elevada, ya que decenas de particulares llegan a acuerdos con el banco sin la medicación de ningún organismo. Los bancos no dan cifras sobre las daciones aceptadas, pero admiten que en ocasiones puntuales, y tras estudiar el caso concreto, aceptan la fórmula.
La fórmula se está imponiendo, consideran los consumidores, porque bancos y cajas son conscientes de que, en algunos casos, jamás recuperarán el préstamo, y prefieren evitar los costes y gestiones que les supondrá reclamarlo sin resultado.
En España, a diferencia de otros países como Estados Unidos o Alemania, no es suficiente con entregar las llaves de la casa al banco para cancelar la hipoteca. Cuando una familia no puede seguir pagando las letras, tiene pocas opciones para solucionar el problema y evitar el desahucio (en la actualidad, más de 9.000 familias de la Región viven pendientes de un desalojo inminente).
Al drama de acabar en la calle, se añade en muchos casos la pesadilla de vivir endeudado de por vida. Cuando la familia pierde la vivienda, el banco vuelve a tasarla, y suele hacerlo a la baja. Es frecuente que la entidad financiera acreedora, si no hay otras ofertas, se adjudique la vivienda por hasta la mitad del valor de tasación. Antonio Quijada y su expareja, por ejemplo, hipotecaron su vivienda por 144.000 euros. El banco ha vuelto a tasarla ahora por 80.000 euros. Si la entidad no le hubiera aceptado la dación en pago, una vez en la calle, tendrían que hacer frente a una deuda de 60.000 euros, que le serían descontados de sus ingresos futuros durante toda su vida (la cantidad la fija el juez, pero suele respetar el salario mínimo interprofesional). Por si fuera poco, quienes se ven inmersos en ese proceso quedan incluidos en registros de morosos que les impiden acceder a nuevos créditos hasta el punto de no poder comprar ni una lavadora a plazos. Con la dación en pago, Antonio Quijada y su expareja han quedado libres de toda deuda entregando la casa al banco.
Conseguida la dación en pago y con la deuda saldada, los ciudadanos no deben bajar la guardia y tienen que atar todos los cabos. La federación de consumidores recomienda escriturar ante notario en caso de entregar la vivienda, y asegurarse de que su nombre ha sido eliminado del registro de morosos, así como de que no se asumen ni intereses ni costas. Además, hay que recordar que la dación en pago se formaliza como compra venta y genera una plusvalía para quien pierde la casa. Un último escollo de la legislación que grava con un 18% la diferencia entre la deuda cancelada y la tasación del inmueble.
La organización de consumidores Consumer también ha gestionado siete daciones en pago en la Región en los últimos meses. Su presidente, Roberto Barceló, percibe que bancos y cajas «se muestran desde hace meses mucho más receptivos a aceptar la fórmula, que se presenta como la única solución a la economía sumergida o a la emigración forzosa de miles de emigrantes (la deuda prescribe en cinco años si se deja el país). También crecen cada día los casos de 'desahuciados' que consiguen quedarse en la vivienda cinco años de alquiler y con opción a compra. «Antes se cerraban en banda y ahora lo aceptan; hay actitud de colaboración». La misma sensación tienen en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha negociado un centenar de daciones en pago durante el último año. «En cualquier caso -insiste José Coy, portavoz del colectivo- los afectados siguen estando a merced de la voluntad de los bancos. Cuesta mucho, aunque en ocasiones se consigue, pero la realidad es que la fórmula debería estar regulada por ley».
A la demanda se suman cada día más voces. El último alegato, muy contundente, fue defendido el jueves por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Juan Martínez Moya, quien hizo un llamamiento «al poder legislativo para que articule fórmulas de resolución de este conflicto social (los desahucios), bien sea con la dación en pago o bien con que las entidades financieras potencien su responsabilidad social a la hora de ejecutar su crédito». Martínez Moya se preguntó: «¿Hasta qué punto es equilibrado que el Estado haya de soportar todos los gastos de un conflicto privado entre entidades financieras particulares con los mismos esquemas de gratuidad que una reclamación de un trabajador asalariado contra su empresa o una víctima de un delito?».
Aunque la Ley Hipotecaria, en su artículo 140, deja abierta la posibilidad a que los hipotecados solo respondan de la deuda con el bien, la casa, lo cierto es que la aplicación de este artículo queda a merced y voluntad de la entidad financiera.
Después de meses de bloqueo, la mesa del Congreso de los Diputados admitió el pasado septiembre a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la dación de pago, después de que la Comisión de Economía del Senado rechazara en julio una moción del BNG para modificar la Ley Hipotecaria. La propuesta ya fue rechazada en el Congreso. Bancos y cajas, pese a aceptar la fórmula en casos concretos, son reacios a que quede regulada por ley de forma general.
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) considera inadecuado cambiar la ley hipotecaria para generalizar la dación «porque traería más dificultades a la hora de conseguir un crédito y elevaría la morosidad». Sin embargo, sí son favorables a que las entidades de crédito puedan abrir una línea específica de préstamos hipotecarios «con garantía limitada al inmueble, y con condiciones específicas».
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