La iniciativa, aprobada con el único apoyo del PP, será la última de importancia de su alicaída gestión.
Madrid. — Cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue investido por primera vez como presidente del gobierno español, el 16 de abril de 2004, se comprometió a llevar a cabo una reforma “concreta y limitada” de la joven Constitución española, ratificada en referéndum en 1978, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco. Casi siete años y medio después, el Congreso de los Diputados dio luz verde este viernes a una reforma constitucional para limitar el déficit público. Una reforma que fue impulsada por Zapatero, pactada sólo por su Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y que será ratificada previsiblemente el próximo miércoles por el Senado, sin que se celebre un referéndum.
Nada tiene que ver esta modificación de la Carta Magna con la que en su día propuso Zapatero, quien tras decidir no volver a concurrir al cargo y adelantar las elecciones generales de marzo de 2012 al próximo 20 de noviembre, está a punto de poner fin a su último mandato sin haber sacado a España de su grave crisis económica.
La otra reforma. La reforma que en 2004 quería llevar a cabo Zapatero pretendía establecer la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión a la Corona y convertir al Senado en una auténtica cámara regional, dos temas que no suscitaban gran oposición entre los españoles. Nunca llegó a realizarse. Ahora, España reforma su Constitución en un abrir y cerrar de ojos: la propuesta de Zapatero llegó el martes de la semana pasada y previsiblemente estará ratificada la semana que viene. Se hace para “tranquilizar a los mercados”, que en la primera quincena de agosto acosaron al país, llegando a despertar el fantasma de un posible rescate como el de Grecia o Portugal. La modificación constitucional “va a dar resultados positivos para la confianza, la estabilidad y el futuro de la credibilidad de España”, asegura Zapatero.
A falta de ver si surte el efecto deseado —el riesgo-país subía el viernes por las dudas sobre Grecia—, lo que la modificación de la Carta Magna ha provocado es una gran escisión entre las fuerzas políticas y un gran malestar en una parte de la sociedad española, que cree que ante una medida de ese calado debería ser consultado el pueblo soberano mediante referéndum. Esta reforma es “un golpe de mercado a la Constitución”, aseguró el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares. Todas las fuerzas minoritarias de izquierda se ausentaron de la votación de una reforma en la que los dos grandes partidos de España no contaron con ningún otro. “Es una reforma no de consenso, sino de exclusión”, manifestó Uxue Barcos, portavoz del partido navarro provasco Nafarroa Bai.
El desplante de la izquierda fue una escenificación del desacuerdo y malestar que le genera lo que considera la introducción en la Carta Magna de un principio “neoliberal” que condicionará las políticas sociales de los futuros gobiernos a partir de 2020. Será en ese año cuando entrará en vigor una ley orgánica en la que se establecerá el 0,4% del PBI como el “déficit estructural máximo” del que hablará la Constitución. “Era innecesario trasladar la ideología a la Constitución”, consideraron los dos grandes sindicatos del país. La reforma “inclina la Constitución hacia un lado, el de la derecha”, escribió el diputado socialista Antonio Gutiérrez, quien votó en contra. Otros tres diputados de las filas de Zapatero no acudieron al Congreso en rechazo a la medida. También los nacionalistas catalanes y vascos se plantaron: no salieron del pleno de la Cámara, pero tampoco votaron, en protesta porque no se tuvieron en cuenta sus reivindicaciones nacionalistas.
Antecedentes. El resultado fue que de los 350 diputados que tiene la Cámara baja, 29 legisladores de seis partidos no votaron sobre la segunda modificación de la Carta Magna de 1978. La primera fue en 1992, cuando el Tribunal Constitucional ordenó adaptarla al Tratado de Maastricht. La Constitución fue uno de los pilares de la Transición a la democracia en España, pese a que los resultados del referéndum del 6 de diciembre de 1978 fueran considerados preocupantes por algunos: el 33% se abstuvo, por lo que los “sí” a la Carta Magna significaron sólo un 58% del total y los “no”, un 8%. Visto desde otra perspectiva, sin embargo, casi el 88% de los electores que emitieron su voto aprobó el texto.
En 2008, cuando la Constitución cumplió 30 años, el 53,4% de los españoles se declaraba “muy” o “bastante” satisfecho con ella, frente al 34,8% que decía estarlo “poco” o “nada”, en una encuesta de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, estatal).
Fuente: LA CAPITAL.com.ar
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