Editorial
22-08-2011
En su intento por aportar algo novedoso en su discurso político, el candidato Rubalcaba hablaba estos días de suprimir las diputaciones provinciales. Supuestamente, con todo ello se buscaría no sólo un ahorro económico, sino también suprimir competencias duplicadas y agilizar el funcionamiento de la administración pública. Estos objetivos, como tales, son muy loables. Ocurre que, para su consecución, suprimir las diputaciones provinciales es muy dudoso que sea la mejor receta.
Desde que se aprobase la actual Constitución Española en 1978, un amplio sector de la izquierda ha emprendido su particular cruzada contra el centralismo, interpretado como característica del franquismo. En realidad, no hay tal. La administración centralizada fue una conquista del estado liberal del ochocientos, en la lucha por imponer una legislación igualitaria frente al particularismo de los señoríos del Antiguo Régimen. Pero el hecho es que esa lectura o ajuste de cuentas con el pasado ha llevado a implementar un proceso descentralizador con más pies que cabeza; proceso al que se han apuntado gustosas las formaciones nacionalistas. El resultado es que ahora hay competencias compartidas por las cuatro administraciones -nacional, autonómica, provincial y local-, algunas de las cuales son además ignoradas por todas ellas.
El problema, a mayor inri es que buen número de funcionarios no han seguido el ritmo y el destino de la descentralización de funciones y competencias, de modo tal que el número de funcionarios se ha duplicado y hasta triplicado. Lo peor ha sido, además, que, en estos años, ha proliferado —sobre todo, en las administraciones autonómicas- una creciente burocracia nombrada a dedo con criterios políticos, sin preparación ni oposición. Un desaguisado que corre parejas con un manejo sectario y partidista de las carreras y cuerpos administrativos, gobernados según un “sistema de despojos”, en lugar de seleccionados con criterios profesionales. En suma, se ha retrocedido a una política de caciques y clientelas de partido que se había abandonado en España desde la ley de función pública de Maura de 1918. Esta situación constituye una de a las de las peores herencias del Gobierno. Y se comprende —aunque se lamente- que el señor Zapatero, una persona dedicada a la intriga política, sin oficio ni experiencia administrativa, prefiera nombramientos a dedo de cargos “de especial confianza”, que alimentan a la parroquia de partidarios y dan poder, que las oposiciones que producen funcionarios profesionales independientes. Pero el señor Rubalcaba se supone que tiene otra formación y trayectoria y debería abordar el problema de la administración con más profesionalidad y en consenso con el Partido Popular
En todo caso, el problema no está en la supresión de las diputaciones provinciales, pues con ello se abocaría al desastre a una gran cantidad de pequeños municipios cuya dependencia de esa administración es crucial. La provincia es una circunscripción administrativa con más de siglo y medio, de gran arraigo y probada eficacia, y las Diputaciones son su instrumento. Donde reside el verdadero problema es en una administración, sobre todo autonómica, politizada, inflacionada y manirrota, donde se ha jugado durante demasiado tiempo a ser reinos de taifas sin control presupuestario y competencial alguno. Más de uno apunta ahora a la posibilidad de devolver competencias al estado. Sería lo suyo. Descentralización no equivale necesariamente a más calidad democrática sino, simple y llanamente, al traspaso de competencias. Algunas de ellas pueden asumirse, y otras no; es así de simple. Pero desde luego, acabar con las Diputaciones no es la solución.
Desde que se aprobase la actual Constitución Española en 1978, un amplio sector de la izquierda ha emprendido su particular cruzada contra el centralismo, interpretado como característica del franquismo. En realidad, no hay tal. La administración centralizada fue una conquista del estado liberal del ochocientos, en la lucha por imponer una legislación igualitaria frente al particularismo de los señoríos del Antiguo Régimen. Pero el hecho es que esa lectura o ajuste de cuentas con el pasado ha llevado a implementar un proceso descentralizador con más pies que cabeza; proceso al que se han apuntado gustosas las formaciones nacionalistas. El resultado es que ahora hay competencias compartidas por las cuatro administraciones -nacional, autonómica, provincial y local-, algunas de las cuales son además ignoradas por todas ellas.
El problema, a mayor inri es que buen número de funcionarios no han seguido el ritmo y el destino de la descentralización de funciones y competencias, de modo tal que el número de funcionarios se ha duplicado y hasta triplicado. Lo peor ha sido, además, que, en estos años, ha proliferado —sobre todo, en las administraciones autonómicas- una creciente burocracia nombrada a dedo con criterios políticos, sin preparación ni oposición. Un desaguisado que corre parejas con un manejo sectario y partidista de las carreras y cuerpos administrativos, gobernados según un “sistema de despojos”, en lugar de seleccionados con criterios profesionales. En suma, se ha retrocedido a una política de caciques y clientelas de partido que se había abandonado en España desde la ley de función pública de Maura de 1918. Esta situación constituye una de a las de las peores herencias del Gobierno. Y se comprende —aunque se lamente- que el señor Zapatero, una persona dedicada a la intriga política, sin oficio ni experiencia administrativa, prefiera nombramientos a dedo de cargos “de especial confianza”, que alimentan a la parroquia de partidarios y dan poder, que las oposiciones que producen funcionarios profesionales independientes. Pero el señor Rubalcaba se supone que tiene otra formación y trayectoria y debería abordar el problema de la administración con más profesionalidad y en consenso con el Partido Popular
En todo caso, el problema no está en la supresión de las diputaciones provinciales, pues con ello se abocaría al desastre a una gran cantidad de pequeños municipios cuya dependencia de esa administración es crucial. La provincia es una circunscripción administrativa con más de siglo y medio, de gran arraigo y probada eficacia, y las Diputaciones son su instrumento. Donde reside el verdadero problema es en una administración, sobre todo autonómica, politizada, inflacionada y manirrota, donde se ha jugado durante demasiado tiempo a ser reinos de taifas sin control presupuestario y competencial alguno. Más de uno apunta ahora a la posibilidad de devolver competencias al estado. Sería lo suyo. Descentralización no equivale necesariamente a más calidad democrática sino, simple y llanamente, al traspaso de competencias. Algunas de ellas pueden asumirse, y otras no; es así de simple. Pero desde luego, acabar con las Diputaciones no es la solución.
Fuente: EL IMPARCIAL
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