La deuda de la Junta es diez veces superior a la de las ocho diputaciones

Andalucía

 

Las instituciones provinciales andaluzas deben 1.188,9 millones

josé luis losa / sevilla

Día 22/08/2011 - 07.40h

 

felipe guzmán

La Diputación de Sevilla es la que tiene el menor nivel de endeudamiento de las ocho andaluzas

La decisión del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, de suprimir 1.500 ayuntamientos y 36 diputaciones ha puesto el foco de atención sobre estas administraciones también en España. El debate se ha encendido especialmente después de que el candidato del PSOE a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurara esta pasada semana que hay que «revisar profundamente» el papel de las diputaciones, porque con su configuración actual «sobran».

La rotundidad de sus declaraciones ha generado división de opiniones entre las propias filas socialistas, algunos de cuyos responsables han querido matizar o incluso discrepar sobre lo manifestado por Rubalcaba. En Andalucía, el presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, ha sido uno de los que ha alzado la voz para contradecir al nuevo líder nacional y aseguró que las diputaciones provinciales «son buenos instrumentos de aprovisionamiento de servicios a municipios que de otra manera no los tendrían», pero «es posible también que deban cambiar alguna función que desarrollan ahora mismo».

Griñán ha remitido a la Conferencia Política que los socialistas celebrarán en septiembre para fijar una posición definitiva sobre este y otros aspectos de los que ya se ha pronunciado Rubalcaba. Asimismo, ha querido zanjar el debate sobre un excesivo número de ayuntamientos, al recordar que en Andalucía, con más de ocho millones de habitantes, sólo hay 711 corporaciones locales.

Mientras, el PP nacional ya se mostró en contra la posibilidad de suprimirlas y critican el oportunismo de Rubalcaba, al plantear esta cuestión a raíz del poder provincial que adquirieron los populares en las elecciones municipales del 22-My que dejaron a los socialistas solo con ocho diputaciones, tres de ellas en Andalucía (Huelva, Jaén y Sevilla), frente a las 24 de los populares en España.

El líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha criticado la ofensiva de los socialistas contra las diputaciones ahora que han perdido cinco de las ocho que tenían en Andalucía y se muestra partidario de mantenerlas pero reformarlas. Arenas ha señalado que «nadie discutiría el papel de estas instituciones si toda la administración periférica de la Junta en las provincias se hubiera articulado a través de las diputaciones».

Promesa incumplida

De hecho, el presidente del Gobierno andaluz sigue a estas alturas sin cumplir la promesa que realizó en su discurso de investidura de reducir a la mitad las delegaciones provinciales de la Junta, que son las que más han crecido en la comunidad a pesar de ser precisamente las más cuestinonadas en cuanto a su funcionamiento. Catorce de las quince consejerías del Gobierno andaluz cuentan con representación en las ocho provincias andaluzas, lo que se traduce en 112 altos cargos, que son los que Griñán pretendía reducir a la mitad con un ahorro de 3 millones de euros sólo en sueldos si bien, según los Presupuestos andaluces para 2011, estos altos cargos de las 112 delegaciones provinciales cuestan actualmente al erario público más de 5,5 millones. Además de esos 112 altos cargos políticos, en la Administración periférica de la Junta trabajan 42.056 personas.

Sin embargo, el debate que lidera Rubalcaba se ha centrado en cuestionar el papel de las diputaciones, unas instituciones provinciales que tanto Griñán como Arenas han coincidido en defender como herramientas para dar servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque las discrepancias entre el PP y el PSOE se han centrado históricamente en la forma de gobernar esas administraciones, tanto por su política de personal (convertidas en refugio de cargos socialistas y de los sindicatos UGT y CC.OO.) como en el reparto de las ayudas a los ayuntamientos (tradicionalmente beneficiando a los gobernados por el PSOE).

Deuda y presupuesto

Las ocho diputaciones provinciales andaluzas gestionan un presupuesto cercano a los 1.852 millones de euros. Sin embargo, también arrastran una deduda que no ha parado de crecer en los últimos años y que en estos momentos supera 1.189 millones (datos de diciembre de 2010).

Las cuentas de las diputaciones andaluzas son muy desiguales en cuanto a la contención del gasto o sus inversiones, aunque algunas de ellas viven un momento especialmente complejo por su mala gestión. Especialmente llamativo es el de la Diputación de Huelva, la más pequeña de las ocho andaluzas, en la que la deuda de la institución provincial supera al presupuesto de todo el año. Es decir, la Diputación que preside la socialista Petronila Guerrero (una de las tres que le quedan al PSOE en Andalucía) arrastra una deuda de 161 millones de euros a pesar de que su presupuesto para este año no supera los 140 millones de euros. A pesar de ellos, la deuda de la Diputación de Huelva ha seguido creciendo en el último año otro 8 por ciento. Las otras diputaciones en situación más complicada son la de Granada, con una deuda de casi 153 millones de euros (un 75% de su presupuesto de 204 millones); la de Cádiz, que gestiona 255 millones este año y debe 180 millones (71% del presupuesto); y la de Córdoba, cuya deuda asciende a 200 millones (70% de su presupuesto de 287 millones). Ha sido precisamente esta última diputación la que más ha incrementado su deuda en el último año, un 31,5%, a pesar de la crisis y las llamadas a la austeridad por parte del Gobierno central.

Por contra, la diputación andaluza con las cuentas más saneadas según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda es la de Sevilla, que gestiona el mayor presupuesto de la región, con 320 millone de euros y mantiene una deuda de «sólo» 132 millones de euros (41% de su presupuesto).

En total, las ocho diputaciones andaluzas deben 1.889 millones, tras aumentar su deuda el pasado año en un 3,75% (por debajo de la media española, que fue del 9,1%).

Sin embargo, la deuda de las diputaciones no es especialmente elevada si se compara con la que arrastran las ciudades andaluzas, especialmente las ocho capitales, y la que soporta la Junta. Así, Andalucía se sitúa como la cuarta comunidad con mayor volumen de deuda, tras Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid. 

La deuda de la comunidad andaluza aumentó un 6,9 por ciento el pasado año hasta situarse en los 12.176 millones de euros, aunque se mantiene entre las más bajas de las regiones, con el 8,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone 2,4 puntos por debajo de la media nacional (situada en el 10,9 por ciento), según datos del Banco de España.

En cualquier caso, la deuda de la comundad andaluza, esos 12.176 millones, multiplica por diez la deuda que suman las ocho diputaciones provinciales, cifrada en casi 1.200 millones de euros, si bien las competencias de estos entes provinciales son muy escasas en relación a las competencias y servicio que presta la Junta de Andalucía en estos momentos.

El PP insiste: La FAMP está «fuera de la Ley»

 

La vicesecretaria de Política Electoral del PP-A, Patricia Navarro, aseguró ayer que «no hay mayor ilegalidad en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que el hecho de que este organismo no tenga aprobados los presupuestos de 2011 ni liquidadas las cuentas de 2010» añadiendo que con este balance es con el que el actual presidente de la FAMP, Francisco Toscano, tiene «el atrevimiento» de volver a postularse para el cargo. En declaraciones a Europa Press, la dirigente popular dijo que en su formación están convencidos de que «ese afán» que sigue manifestando Toscano por presidir la citada institución, «más que por su vocación municipalista, tiene que ver con otro tipo de intereses, algo que ya se irá sabiendo en los próximos días». Asimismo, Navarro insistió en que Toscano podrá presentar su voluntad de seguir al frente de la FAMP todas las veces que quiera, pero que el balance que presenta no es «nada positivo», siendo el «principal responsable» de que este organismo esté «fuera de la ley». Según apuntó, los estatutos establecen que una vez que se convoque la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se debe convocar la asamblea de la federación andaluza para su preparación. «Este señor, —en referencia a Toscano—, no quiere convocar la asamblea porque está esperando a que, de un momento a otro, le salgan las cuentas, algo que por número de votos y por resultados electorales no le salen», afirmó la dirigente del PP-A, quien ha insistido en que la FAMP «no representa el mapa político municipal de Andalucía desde el 22 de mayo».

Fuente: ABC DE SEVILLA