Rubén Esteller / Lorena López
7:06 - 10/07/2012
La petrolera no dejará pasar por alto la expropiación de YPF y
por ello luchará en todos los ámbitos necesarios para que se le
indemnice por esta expropiación. El último paso ha sido una ampliación
de denuncia en el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York contra la nueva
dirección de la compañía argentina por haber "incumplido
deliberadamente sus obligaciones" frente al regulador bursátil
estadounidense, SEC en sus siglas en inglés.
En la demanda, presentada el 5 de julio, a la que ha tenido acceso elEconomista, Repsol explica como, tras la nacionalización,
el Estado argentino se convirtió desde el mismo momento de su
publicación en el nuevo propietario del 51 por ciento de la petrolera.
Tal como consta en la normativa del regulador, al haberse hecho con más
de un 5 por ciento del capital, la nueva dirección de YPF estaba
obligada a presentar el formulario denominado 13-D, en el que debía
indicar qué participación tiene en la sociedad cotizada y qué planes
tiene en relación con la misma, así como la política de dividendos, pero
los nuevos responsables no lo hicieron.
Sin haber presentado este documento, los accionistas no pueden tomar
decisiones respecto a inversiones o sobre empresas participadas. "El
daño permanente a los inversores de YPF se ve agravado por las
importantes acciones corporativas que Argentina ha tomado durante el
período de su incumplimiento", apunta la denuncia.
El documento pone énfasis en que el Gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner "promulgó la Ley de Expropiación el pasado 7 de mayo y aún no
ha atendido los requerimientos" de la SEC. Es más, los nuevos gestores
de la petrolera (con el ministro de Planificación, Julio de Vido, a la
cabeza) han reconocido en un escrito al regulador que no cumplen con los
requisitos para seguir cotizando en la Bolsa de Nueva York.
Además se han pedido dos prórrogas para la presentación de los estados financieros de la petrolera, hasta que se celebre la nueva junta de YPF, la cual está prevista para el próximo 17 de julio.
El problema principal es que a menos de un mes para esta asamblea,
donde se deberá aprobar la política de dividendos, el Estado argentino
"no ha desvelado cuáles van a ser sus planes respecto a la retribución
al accionista".
Según Repsol, con esta maniobra Argentina "priva al inversor de
la información necesaria para poder formarse una opinión fundada sobre
cómo debe votar en la próxima asamblea". Hay que recordar que la
petrolera cuenta aún con un 6 por ciento de su participación (se
expropió el 51 por ciento del 57 por ciento de su presencia en el
grupo), más otro 6 por ciento de la parte ejecutada al empresario
argentino Enrique Eskenazi por incumplir el pago de su deuda asociada el
crédito concedido para entrar en YPF. Asimismo, en el accionariado del
grupo argentino han quedado atrapados fondos de inversión
estadounidenses, que también han tomado medidas y que ahora desconocen
la política de gestión, al tiempo que "están siendo privados de
información relevante".
Incertidumbre sobre la junta
Los
nuevos gestores de YPF se han limitado a replicar el mismo orden del
día de la junta que debía haberse celebrado el pasado 25 de abril, la
cual se desconvocó tras la nacionalización. En este orden del día se
incluye la política retributiva del consejo, las cuentas de 2011 y el
dividendo propuesto por el anterior consejo de administración de la
compañía, que desató el enfrentamiento directo con Kirchner, al ofrecer
un dividendo en acciones a través de una ampliación de capital liberado
por un importe de hasta 5.789,2 millones de pesos argentinos (unos
1.003 millones de euros).
La dirección de YPF, lejos de ofrecer algún tipo de explicación, tan sólo afirma que en función de la nueva política del grupo "esta retribución no parece adecuada en estos momentos", con lo que previsiblemente votará en contra de todos los puntos.
La denuncia de Repsol insiste en que Argentina tampoco comunicó a la SEC "los
planes relacionados al cambio de manos" de YPF, tal como requiere la
normativa bursátil estadounidense, sino que se limitó a presentar un
escrito donde aparecía parte del decreto promulgado por Kirchner.
No obstante, según la petrolera española este decreto contraviene la
propia legislación nacional, en cuanto que recoge que una
nacionalización debe conllevar un previo pago. El escrito recuerda que "uno
de los propósitos fundamentales de las leyes de valores de Estados
Unidos es asegurar la plena divulgación de información relevante para el
beneficio de los inversores", algo que, a la luz de los acontecimientos, no se está cumpliendo pude llevar a YPF fuera de Wall Street.
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