Las prejubilaciones cobradas por los exdirectivos
de CAM fueron infladas de forma fraudulenta debido a que su cálculo se
basaba en los resultados de las cuentas de la entidad que, según apunta
la Fiscalía Anticorrupción en un escrito, presentaron irregularidades
contables durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.
El Ministerio Público refleja en su escrito las conclusiones
aportadas por la auditora PriceWaterhouseCoopers y el Banco de España
respecto a la gestión de la caja y asegura que "la falsedad se habría
producido al presentar las cuentas anuales de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) correspondientes al año 2010" y en los estados
financieros cerrados a 31 de marzo de este mismo año y ampliados en una
posterior propuesta cerrada hace solo unos días, a 30 de junio,
presentada por el director de Planificación y Control.
La Fiscalía agrega que el pliego de cargos del expediente sancionador
del Banco de España refiere, además, "otras prácticas contables
irregulares desarrolladas por la CAM que han tenido como efecto alterar
su realidad financiera y patrimonial durante los ejercicios 2008, 2009,
2010 y 2011.
El escrito señala como principales prácticas ilícitas para el falseamiento de estos balances "el indebido pase a fallidos de determinados activos o la incorrecta rehabilitación de activos fallidos y dudosos".
No debían haberse pagado
En este sentido la Fiscalía destaca que las irregularidades contables están estrechamente relacionadas con el cobro por parte de algunos empleados y directivos de determinadas cantidades en concepto de prejubilación que "en la medida en que su cálculo se basaba en los resultados reflejados en las cuentas de la entidad, no deberían haberse pagado".
Anticorrupción también asegura que los altos cargos de la entidad
cobraron, además una denominada "Prestación Adicional Asegurada" que
infló más aún las cantidades percibidas por la directiva de la caja.
Cinco altos ejecutivos de la CAM se repartieron 15,5 millones de
euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera
intervenida, según figuraba en la carta de despido de la ex directora
general de la entidad, María Dolores Amorós. Entre ellos se encuentran
el exdirector general entre los años 2001 y 2010, Roberto López Abad y
el exdirector general de Recursos, ambos imputados en la causa que
investiga el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia
Nacional.
Fuente: Expansión.com
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