SEGÚN EL MoU, INFORMARÁ A BRUSELAS CADA SEMANA SOBRE LA LIQUIDEZ Y DEPÓSITOS DE LAS CAJAS
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El ministro de Economía Luis de Guindos, al término de la reunión del Ecofin (Efe).
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El rescate al sistema financiero español tiene un precio: la cesión de parte de las competencias que el Estado tiene en materia de supervisión y control, que pasan a estar en manos de Bruselas,
donde serán compartidas entre la Comisión, el BCE y la Autoridad
Bancaria Europea, además del FMI. Y no es todo. La inyección de dinero
del fondo de rescate (EFSF) implica también la obligatoriedad de cumplir
las recomendaciones macroeconómicas dictadas por la Comisión, que se
traducirá en un nuevo paquete de recortes para ajustar el déficit presupuestario.
Bruselas se convierte así en el nuevo supervisor del grueso de la banca española. Según las condiciones que recoge el borrador del Memorandum de Entendimiento (MoU), el
Gobierno español se ha comprometido a informar, con carácter semanal,
del nivel de depósitos bancarios y de la posición de liquidez de las
entidades y, cada tres meses, del nivel de deuda soberana que atesoran los bancos en sus carteras.
Este rígido control es uno de los requisitos imprescindibles para que las ayudas europeas a la banca se canalicen de manera inmediata,
antes de que Bruselas desarrolle plenamente un mecanismo de supervisión
bancaria unificado, que no estaría operativo. Para evitar esa demora,
el ejecutivo español ha accedido a dar cuenta del estado de situación de
todas las entidades (los negocios bancarios de las antiguas cajas de
ahorro) que accedan al dinero del fondo de rescate.
Este acuerdo ha permitido que España, a través del FROB, tenga acceso a una primera línea de préstamo de 30.000 millones de euros,
cerca de la mitad de los más de 60.000 millones que se estiman
necesarios para recapitalizar al sistema financiero nacionalizado. Estas condiciones son incluso más severas que las barajadas inicialmente por Alemania, que en los primeros borradores que circularon la semana pasada exigía un reporte mensual de los balances.
Además de este férreo control, Bruselas ha impuesto otras medidas adicionales, hasta un total de 32, como la obligatoriedad para los bancos que reciban ayudas de transferir sus activos problemáticos a una sociedad de liquidación, además de recortar sucursales y plantilla, y de vender participaciones industriales y activos no estratégicos, como adelantó este diario en su edición del martes, además de no podrán pagar dividendo y de limitar el salario de sus ejecutivos.
Otras
de las condiciones, ya descontada, será que los inversores que posean
títulos híbridos (preferentes) y de deuda subordinada de los bancos que
reciban ayudas deberán soportar una quita en el valor de sus
participaciones. Una medida que se podía intuir tras la negativa de Bruselas para que el Gobierno pudiera ofrecer una solución generosa a los partícipes de Bankia, que pasaba por un canje de las participaciones por depósitos sin perder dinero.
En todo caso, España deberá ofrecer una hoja
de ruta para antes de diciembre de 2012 en el que detalle un plan de
salida del Estado de las entidades financieras que hayan recibido ayudas,
preferiblemente mediante una salida a Bolsa, la alternativa más
transparente para que sea el mercado quien fije un precio por el negocio
bancario donde participa, en lugar de una venta directa a un inversor
cualificado, como aún contemplan algunas de las cajas nacionalizadas.
Otro de los puntos del MoU obliga a España a dar un papel más preponderante al Banco de España en materia sancionadora,
dado que parte de esas competencias, sobre todo las de gobierno
interno, descansan ahora en el seno de las Comunidad Autónomas. Para
impulsar este cambio recomienda establecer una nueva legislación en la
que se transfieran esta potestad sancionadora.
Además, la figura de las cajas de ahorros queda cuestionada, ya que según el MoU podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española.
Según el borrador, España deberá "preparar para finales de noviembre de
2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de ahorros
como accionistas de entidades de crédito con la idea de reducir
eventualmente sus participaciones a posiciones de no control".
Fuente: El Confidencial
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