Así es el círculo vicioso entre banca y Estado que quiere evitar Rajoy

19.06.2012 B. Amigot | Gráfico: C. Galera 

 

El Estado depende de la banca para colocar su deuda y al mismo tiempo el sistema financiero necesita ayuda pública para cubrir sus necesidades de capital. Esta interdependencia es la última preocupación del Gobierno español, y también del resto de la zona euro, porque puede acabar perjudicando al conjunto de la economía.

El lunes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apostó en la reunión del G-20 por romper el vínculo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano, que calificó como "tremendamente dañino" (ver gráfico). En este sentido, Rajoy reclamó a la eurozona un calendario "preciso y concreto" para avanzar en una unión fiscal y bancaria, que incluya un supervisor único para el sistema financiero, un fondo de garantía de depósitos común y un mecanismo también común para reestructurar las entidades financieras.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, explicó que la Unión Europea también quiere "favorecer un sistema que evite la contaminación de la deuda soberana por parte de la deuda financiera".

De momento, la opción más factible para evitar esta 'peligrosa relación' entre banca y estados soberanos es cambiar el Tratado para que el Mede pueda ayudar directamente a las entidades. Líderes europeos, como Joaquín Almunia, han abierto la puerta a esta alternativa en un futuro, aunque cuenta con la firme oposición de Alemania.

¿En qué consiste ese círculo vicioso que tanto temen? 

La relación entre los bancos españoles y el Estado es de necesidad mutua.

Por un lado, el Estado se financia en el mercado. Concretamente, en 2012 el objetivo es colocar 85.900 millones de euros (el 55% ya está cubierto). ¿Y quién es su principal comprador? El sistema financiero español, que desde 2011 ha desbancado a los inversores extranjeros.

En marzo las entidades españolas tenían el 40,94% de la cartera de deuda patria, el equivalente a 239.500 millones de euros. Esto significa que el Estado se financia en gran parte por la inversión de los bancos. Pero es que además esta dependencia es creciente, ya que en los últimos quince meses han pasado de poseer el 27,9% (en diciembre de 2010) de la cartera de deuda a vencimiento a alcanzar el 40,94% el marzo pasado. Este incremento se ha impulsado por las dos barras libres de liquidez que realizó el Banco Central Europeo (1 billón de euros en total). Las entidades han utilizado parte de ese capital barato (al 1%) para comprar deuda y compensar así la menor demanda de inversores extranjeros.

Por otro lado, las nuevas exigencias impuestas al sistema financiero español han hecho aflorar necesidades extra de capital que las entidades no pueden generar por sí mismas y por las que requieren ayuda externa. Todavía no está claro cuál será el volumen de esa ayuda externa, el FMI calcula que unos 40.000 millones y los evaluadores independientes entre 60.000 y 70.000, según las últimas filtraciones.

¿Y quién va a rescatar a la banca? Pues de una forma más o menos indirecta el Estado.

La zona euro ya ha acordado que va a habilitar un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear a la banca española. El problema es que, tal y como está establecido ahora, el fondo de rescate no puede ayudar directamente a la banca, sino que debe prestar el dinero al Estado y éste canalizarlo al sistema financiero español. Está previsto que este proceso se haga a través del Frob aunque todavía se desconocen los detalles. Con este esquema el Estado español se convierte en el garante último del préstamo, con el riesgo que eso implica.

Otros efectos secundarios de esta relación

Además, si el rescate a la banca española se desarrolla como se ha perfilado, con la implicación del país, supondrá aumentar la ratio de deuda PIB de España hasta alrededor del 100% (frente al 70,8% que preveía el Tesoro para este año), según cálculos de RBS.

Es cierto que aun así la deuda española no se alejaría demasiado de la media de la zona euro (87,4% del PIB en 2011). Pero, al mismo tiempo, desaparece uno de los puntos fuertes que España estaba 'vendiendo' a los inversores extranjeros: su bajo nivel de endeudamiento en relación con el PIB.

Por otra parte, está la cuestión de la 'seniority'. Todavía no se sabe qué fondo, el FEEF o el MEDE, será el que financie los hasta 100.000 millones de euros que va a recibir España.

La elección de uno u otro es clave porque entre ambos hay una gran diferencia. El MEDE es acreedor preferente mientras el FEEF no. Esto significa que ante una hipotética reestructuración de la deuda española el MEDE tendría prioridad de cobro frente al resto de bonistas, un hecho que se ve con recelo por los inversores ya que sus bonos españoles tendrían más riesgo (perderían 'seniority' o estatus). Según Schroders, si la ayuda se produce de esta manera, entre el 15% y el 20% de la deuda del Gobierno español estará en manos de acreedores preferentes por lo menos de facto (BCE y fondo europeo de rescate).

Y volvemos al círculo vicioso: ¿Quiénes serían los principales afectados en esta situación? Los bancos españoles que son los principales tenedores de deuda patria.

Este sistema de dependencia es muy peligroso y, según los analistas, puede llevar al rescate del conjunto del país. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stigliz, sentenciaba recientemente: “Si el Gobierno rescata a los bancos y la banca rescata al Gobierno, el sistema se convierte en una economía vudú. No está funcionando ni funcionará”.
Fuente: Expansión.com