El Gobierno inyectará dinero público para cubrir la diferencia de valor que no puedan asumir las entidades
Día 09/05/2012
La
nueva reforma financiera que ultima el Gobierno busca despejar de una
vez por todas los miedos que los activos inmobiliarios, problemáticos o
no, suscitan entre los inversores extranjeros. Según ha podido saber
ABC, el Ejecutivo planea exigir a las entidades una nueva valoración de
todos los activos inmobiliarios relacionados con el sector de la
construcción para adecuar su valor en libros al de mercado. Deberá ser
realizada por una auditora independiente y el desfase en la valoración,
dotado por la entidad.
La nueva tasación afectará a los activos «sanos», es decir, a aquellos que no han entrado en mora ni tienen riesgo de hacerlo.
Se da así una vuelta de tuerca al «plan Guindos», que ya elevó
fuertemente el pasado mes de febrero las provisiones sobre los activos
inmobiliarios con problemas. Ahora, el borrador del Real Decreto en el
que trabaja Ejecutivo popular y que verá la luz este viernes quiere
aclarar una de las principales preocupaciones de los inversores respecto
al balance de las entidades españolas: la valoración de los activos
inmobiliarios a precios aún desfasados.
Con
esto, el Gobierno exigirá un saneamiento adicional de entre 20.000 y
40.000 millones de euros, que sumado al ya impuesto supondrá que bancos y
cajas deben sanear al final un total de 75.000 millones.
El
Gobierno también ultima la vía para cubrir el desfase de valoraciones
que previsiblemente aflorará tras la nueva tasación. Se trata de que las
entidades con déficit de capital emitan bonos convertibles contingentes
(«cocos») que suscribirá el FROB con el aval del Estado. Las antiguas
condiciones ligadas al uso de esta vía de financiación pública, como el
uso exclusivo para entidades inmersas en una fusión o cotizadas, se
eliminarían para que todo el sector pueda acceder a ella.
Acotar el riesgo promotor
La otra pata del decreto será la creación de sociedades inmobiliarias (en
principio clasificadas en función de la tipología del activo que
reciba) a las que los bancos, de manera voluntaria, podrán traspasar sus
activos inmobiliarios con problemas. Dado que el Gobierno quiere que el
dinero público sea el mínimo posible, la búsqueda de fondos de
inversión interesados en participar en estas sociedades sigue en marcha.
Las
provisiones exigidas para los activos dudosos o subestándar en la
reforma financiera de febrero seguirán vigentes. Las entidades deberán
dotar un 80% el suelo, un 65% las promociones inmobiliarias en curso y
un 35% la vivienda terminada. El sector tiene 323.000 millones en riesgo
promotor, de los que 184.000 millones son problemáticos, según los
datos del Banco de España.
El
propio Mariano Rajoy explicó el lunes que el objetivo fundamental del
nuevo decreto es «que no haya dudas, que haya claridad y que se logre
que los bancos españoles puedan financiarse fuera de España para que
comience a fluir el crédito en España». Además, aseguró que su intención
es que se fije el precio real de las viviendas que han quedado en manos
de las entidades financieras para sacarlas a la venta, aunque «pierdan
dinero todos». «Esa es la operación que tenemos en marcha y es la que
vamos a tratar en el próximo Consejo», zanjó.
Fuente: ABC.es
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