REFORMA
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Plan de lucha contra el fraude fiscal
- Baremos para que un autónomo o empresa tribute sin emitir facturas de IVA
- El límite de 2.500 euros en efectivo será de 15.000 para extranjeros
El plan de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el Consejo de Ministros contempla la exclusión del sistema de módulos a los empresarios que facturen menos del 50% a particulares y tengan un volumen de negocio de más de 50.000 euros al año.
Este sistema de recaudación se basa en unos baremos para calcular lo que debe tributar una empresa o un autónomo sin emitir facturas de IVA, siendo uno de los principales 'agujeros' de la economía sumergida.
El Gobierno excluye del sistema de módulos a carpinteros, fabricantes de ferreterías, confección, industria del mueble y madera, impresión de textos e imágenes, albañiles, cerrajeros, pintores, escayolistas y empresas de transporte y mudanzas.
Límite al efectivo en 2.500 euros
Este sistema de recaudación se basa en unos baremos para calcular lo que debe tributar una empresa o un autónomo sin emitir facturas de IVA, siendo uno de los principales 'agujeros' de la economía sumergida.
El Gobierno excluye del sistema de módulos a carpinteros, fabricantes de ferreterías, confección, industria del mueble y madera, impresión de textos e imágenes, albañiles, cerrajeros, pintores, escayolistas y empresas de transporte y mudanzas.
Límite al efectivo en 2.500 euros
La limitación del pago en efectivo hasta 2.500 euros se ha inspirado en el sistema francés. Este tope sólo se aplicará a empresas, no al pago entre particulares, y las personas no residentes en España podrán pagar hasta 15.000 euros.
Además, el sistema exonera de la sanción, una multa del 25% de lo pagado tanto para el pagador como para el cobrador, al que comunique el fraude en un plazo de tres meses. Es decir, se recupera la figura de la delación fiscal.
Contra el vaciado de empresas en liquidación
Otras medidas aprobadas por el Gobierno se encaminan a evitar el despojo de activos de las empresas en liquidación. Así, se amplía la responsabilidad a los sucesores que reciban patrimonio antes del finiquito de la empresa.
Asimismo, se permitirá que la Agencia Tributaria adopte medidas cautelares durante los procesos penales por delito fiscal.
El objetivo es evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes. Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hay 6.000 millones de euros pendientes de cobro en expedientes fiscales abiertos en los tribunales españoles, informa Europa Press.
Fuente: EL MUNDO.es
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