Hace unos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ofreció el dato de 55.000 propiedades, propiedad del Patrimonio del Estado. La realidad es que esas 55.000 propiedades son por ahora 55.000 fichas de inmuebles de todo tipo. Entre ellas hay 4.000 solares, 14.100 edificios, 350 propiedades en el extranjero y miles de fincas rústicas.
José Barta
Hace unos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ofreció el dato de 55.000 propiedades, propiedad de Patrimonio del Estado. La realidad es que esas 55.000 propiedades son por ahora 55.000 fichas de inmuebles de todo tipo. Entre ellas hay 4.000 solares, 14.100 edificios, 350 propiedades en el extranjero y miles de fincas rústicas.
Y aun la realidad es más cruda, ni siquiera se puede afirmar que sea 55.000 el número total, dado que no se ha actualizado en los últimos 10 años, y que no se contemplan las propiedades de empresas de titularidad pública.
Urge como primer paso la actualización pormenorizada de estas propiedades, incorporando las pertenecientes a las empresas y organismos públicos dependientes de la Administración Central. El trabajo se debe acometer con la máxima urgencia ya que se trata de unos activos que, según el tratamiento que reciban, pueden suponer importantes ingresos o importantes pérdidas – estas últimas en forma de gastos innecesarios -.
No todos los edificios son susceptibles de ser utilizados como oficinas, viviendas u otros usos lucrativos; algunos de ellos son edificios histórico artísticos de difícil o imposible explotación, que no sea la derivada de dicha condición, en cualquier caso, dada la experiencia que he venido acumulando desde principio de los años 90, los resultados de un inventario como el que planteo deparará numerosas sorpresas, entre las que se encontrara el incremento del número de edificios utilizables desde la perspectiva del desarrollo de actividades administrativas.
El inventario debe realizarse sobre la totalidad de los inmuebles vinculados a la Administración Central, independientemente de su titularidad. De esta manera se podrán inventariar los inmuebles en propiedad, los inmuebles en usufructo permanente de diverso origen y los inmuebles en usufructo por arrendamiento (sobre estos últimos se adelanta la cifra de 1.000 inmuebles, que en realidad será superior, al incorporar los edificios utilizados por empresas públicas y otras instituciones.
Realizada esta labor los siguientes pasos son sencillos y todos ellos tienen precedentes históricos recientes fuera de España, siendo los más destacados los del Reino Unido.
En primer lugar se tratará de reducir el número de inmuebles arrendados, y seguidamente –si bien los tiempos se suelen solapar– se procederá a la adecuación para la venta de aquellos activos que mejores condiciones de mercado encuentren. Estos últimos, ya se lo adelanto, serán los edificios mejor situados, con menores cargas urbanísticas, y alquilados por la propia Administración, con contratos de duración variable y otras condiciones a negociar con los inversores.
Toda una estrategia de puesta en valor se debe desarrollar para lograr que, este objetivo, sea lo más ambicioso y rentable posible. Y se puede logra.
Con esto incorporaríamos a las arcas del Estado importantes cantidades para afrontar su deuda (que, comparada con países como Alemania, no me resulta tan disparatado) y reducir su déficit, lo que repercutiría muy positivamente en la economía del país, que se libraría de – o vería suavizadas - nuevas medidas dirigidas al incremento de la recaudación fiscal, con repercusión inmediata en el consumo y en la inversión de empresas y familias.
Las dificultades encontradas en operaciones similares (aparentemente) por algunas autonomías, no se repetirían en este proyecto dada la mejor calificación financiera del estado español, a la hora de garantizar los alquileres, así como la adecuada gestión de las expectativas de plusvalías para los inversores, algo que no resulta fácil, pero que es posible.
Fuente: Diario Financiero
José Barta
Hace unos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ofreció el dato de 55.000 propiedades, propiedad de Patrimonio del Estado. La realidad es que esas 55.000 propiedades son por ahora 55.000 fichas de inmuebles de todo tipo. Entre ellas hay 4.000 solares, 14.100 edificios, 350 propiedades en el extranjero y miles de fincas rústicas.
Y aun la realidad es más cruda, ni siquiera se puede afirmar que sea 55.000 el número total, dado que no se ha actualizado en los últimos 10 años, y que no se contemplan las propiedades de empresas de titularidad pública.
Urge como primer paso la actualización pormenorizada de estas propiedades, incorporando las pertenecientes a las empresas y organismos públicos dependientes de la Administración Central. El trabajo se debe acometer con la máxima urgencia ya que se trata de unos activos que, según el tratamiento que reciban, pueden suponer importantes ingresos o importantes pérdidas – estas últimas en forma de gastos innecesarios -.
No todos los edificios son susceptibles de ser utilizados como oficinas, viviendas u otros usos lucrativos; algunos de ellos son edificios histórico artísticos de difícil o imposible explotación, que no sea la derivada de dicha condición, en cualquier caso, dada la experiencia que he venido acumulando desde principio de los años 90, los resultados de un inventario como el que planteo deparará numerosas sorpresas, entre las que se encontrara el incremento del número de edificios utilizables desde la perspectiva del desarrollo de actividades administrativas.
El inventario debe realizarse sobre la totalidad de los inmuebles vinculados a la Administración Central, independientemente de su titularidad. De esta manera se podrán inventariar los inmuebles en propiedad, los inmuebles en usufructo permanente de diverso origen y los inmuebles en usufructo por arrendamiento (sobre estos últimos se adelanta la cifra de 1.000 inmuebles, que en realidad será superior, al incorporar los edificios utilizados por empresas públicas y otras instituciones.
Realizada esta labor los siguientes pasos son sencillos y todos ellos tienen precedentes históricos recientes fuera de España, siendo los más destacados los del Reino Unido.
En primer lugar se tratará de reducir el número de inmuebles arrendados, y seguidamente –si bien los tiempos se suelen solapar– se procederá a la adecuación para la venta de aquellos activos que mejores condiciones de mercado encuentren. Estos últimos, ya se lo adelanto, serán los edificios mejor situados, con menores cargas urbanísticas, y alquilados por la propia Administración, con contratos de duración variable y otras condiciones a negociar con los inversores.
Toda una estrategia de puesta en valor se debe desarrollar para lograr que, este objetivo, sea lo más ambicioso y rentable posible. Y se puede logra.
Con esto incorporaríamos a las arcas del Estado importantes cantidades para afrontar su deuda (que, comparada con países como Alemania, no me resulta tan disparatado) y reducir su déficit, lo que repercutiría muy positivamente en la economía del país, que se libraría de – o vería suavizadas - nuevas medidas dirigidas al incremento de la recaudación fiscal, con repercusión inmediata en el consumo y en la inversión de empresas y familias.
Las dificultades encontradas en operaciones similares (aparentemente) por algunas autonomías, no se repetirían en este proyecto dada la mejor calificación financiera del estado español, a la hora de garantizar los alquileres, así como la adecuada gestión de las expectativas de plusvalías para los inversores, algo que no resulta fácil, pero que es posible.
Fuente: Diario Financiero
No hay comentarios:
Publicar un comentario