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- El borrador de la Ley de Transparencia se aprueba este viernes 23 de Marzo.
- La ley sancionará a los políticos que oculten facturas o documentación requerida.
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En Europa, todos los países de más de un millón de habitantes tienen alguna norma que regula el acceso de los ciudadanos a la información sobre los gobiernos y sus administraciones. España no está entre ninguno de ellos. En total, en el mundo hay 90 países que poseen leyes de transparencia de información sobre sus entidades públicas y gobiernos.
Este viernes, el blindaje de la información de las administraciones españolas podría empezar a cambiar su rumbo.
El Consejo de Ministros dará un pequeño paso para igualarse con esos países en los que el acceso a la información es un derecho del ciudadano y tiene previsto aprobar el anteproyecto de la llamada ley de transparencia, una promesa electoral del gobierno de Mariano Rajoy, también propósito del anterior ejecutivo, por medio de la cual cualquiera podrá requerir todo tipo de información que repercuta en el funcionamiento de las administraciones públicas.
La llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establecerá una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Es decir esta norma obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.
Pretende incrementar la transparencia en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes dando el derecho de acceso a la información pública en España de todas las personas. Por un lado reconocería la información de las instituciones públicas, y por otro lado la obligación de la instituciones públicas a dar esa información de forma proactiva.
La norma tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos, según avanzó la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público.
Esto se hará a través de una disposición adicional que modificará el Código Penal. En concreto, se castigará con una pena que podría alcanzar los seis años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
En España nunca ha existido una ley de acceso a la información pública. Un 50% de las peticiones de los ciudadanos sobre datos públicos quedan sin respuesta según denuncia Access Info Europe, ya que no hay una ley que obligue a las instituciones a facilitar dicha información.
El anteproyecto de ley será aprobado este viernes 23 de marzo por el Consejo de Ministros y el próximo lunes se abrirá un plazo de diez días para que los ciudadanos hagan aportaciones al texto a través de webs institucionales. Una vez finalizado el plazo se podría aprobar en unos 100 días.
Si funciona como en otros países, esta ley, según señala Victoria Anderica, deberá afectar a todas las instituciones y cargos públicos, además de todas las entidades privadas que ejerzan una actividad pública, o que funcionen con dinero estatal como Radio Televisión Española, Aena, así como otras empresas privadas que ejerzan actividad pública.
Otra de las razones por la que es necesaria esta ley es para que haya más transparencia sobre el funcionamiento de la administración, que podría desembocar en una mayor eficiencia de las mismas.
Normalmente en otros países, la ley de acceso a la información contempla unos 15 días desde que el ciudadano pide los datos hasta que los recibe, aunque se espera que la norma española demoraría un mes este plazo.
Las organizaciones que defienden la transparencia cree que el gasto es una de las preocupaciones del actual y anterior Gobierno. La Coalición Pro Acceso cree que imponer un sistema de transparencia incluye un gasto inevitable. Además los funcionarios van a tener que responder a preguntas, algo que lleva tiempo y dinero. La mejor manera de hacerlo y más austera será a través de Internet.
El Gobierno ha informado que está ultimando el 'Portal Digital de la Transparencia', al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información y que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos cargos. Se pretende que este portal esté en marcha cuando acabe el proceso legislativo, lo que podría ser antes del verano. A través de este portal, los ciudadanos podrán acceder a informaciones que no estén publicadas, dirigiendo la correspondiente solicitud.
La ley de acceso a la información pública establecerá el principio de publicidad, exceptuando aquella que puede dañar un interés legítimo. Estas son excepciones que se tendrán que tener en cuenta.
¿Cuánto países del mundo tienen leyes de este tipo?
En la actualidad hay 90 países en todo el mundo con leyes de acceso a la información pública. La web Global Right to Infomation Rating recoge todas estas leyes, ordenadas de mejor a peor y por países.
En Europa no tienen ningún tipo de leyes 'transparentes' Chipre, Malta, Luxemburgo y España, siendo este último el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información pública.
Hasta el momento hay algunas comunidades españolas que ya tienen avanzada normas similares. Es el caso de Navarra, que ya tiene una ley en el Parlamento, y el País Vasco, región que está preparando el texto que regula el derecho a la información pública.
Reino Unido ha sido uno de los últimos países en poner en vigor de manera efectiva una ley de este tipo. Al principio de aprobarse en 2005 se solicitaron las facturas de las dietas de los diputados y el periódico inglés The Guardian las publicó en la web. Había algunas facturas que destaparon que algunos diputados compraron con dinero público desde artículos para su jardín hasta casas para su pato.
Durante cuatro años, los ingleses realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas. También se ha creado una web inglesa que recoge, a través de un buscador, todo tipo de información sobre las solicitudes ya realizadas en Reino Unido.
En otros países como Estados Unidos, el gobierno impulsó el portal data.gov para dar mayor transparencia.
De hecho, el Ejecutivo español tiene previsto sumarse a la Iniciativa Mundial para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership) que Barack Obama y Dilma Rousseff impulsaron en Nueva York en julio de 2010.
Por eso, presentará la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno el 17 de abril en la conferencia internacional que tendrá lugar en Brasilia, donde España firmará la Declaración Internacional de Gobierno Abierto.
Fuente: 20minutos.es
El Consejo de Ministros dará un pequeño paso para igualarse con esos países en los que el acceso a la información es un derecho del ciudadano y tiene previsto aprobar el anteproyecto de la llamada ley de transparencia, una promesa electoral del gobierno de Mariano Rajoy, también propósito del anterior ejecutivo, por medio de la cual cualquiera podrá requerir todo tipo de información que repercuta en el funcionamiento de las administraciones públicas.
¿Qué es la Ley de transparencia?
La llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establecerá una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Es decir esta norma obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.
¿Cuál es el objetivo?
Pretende incrementar la transparencia en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes dando el derecho de acceso a la información pública en España de todas las personas. Por un lado reconocería la información de las instituciones públicas, y por otro lado la obligación de la instituciones públicas a dar esa información de forma proactiva.
Esta información básica consistiría en saber el presupuesto y ejecución del estado. Según la coordinadora de la Coalición Pro Acceso, Victoria Anderica, “con esta legislación se sabría en qué se gasta realmente el dinero. Habría una lista de publicaciones e informes en los cuales basan sus decisiones, los contratos, las licitaciones….”.Con esta legislación se sabría en qué se gasta realmente el dinero
¿Qué pasaría si los cargos públicos no dan o ocultan información?
La norma tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos, según avanzó la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público.
Esto se hará a través de una disposición adicional que modificará el Código Penal. En concreto, se castigará con una pena que podría alcanzar los seis años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
¿Ha habido una precedente legislativo en España?
En España nunca ha existido una ley de acceso a la información pública. Un 50% de las peticiones de los ciudadanos sobre datos públicos quedan sin respuesta según denuncia Access Info Europe, ya que no hay una ley que obligue a las instituciones a facilitar dicha información.
¿Cuándo entrará en vigor?
El anteproyecto de ley será aprobado este viernes 23 de marzo por el Consejo de Ministros y el próximo lunes se abrirá un plazo de diez días para que los ciudadanos hagan aportaciones al texto a través de webs institucionales. Una vez finalizado el plazo se podría aprobar en unos 100 días.
¿A quién afectará?
Si funciona como en otros países, esta ley, según señala Victoria Anderica, deberá afectar a todas las instituciones y cargos públicos, además de todas las entidades privadas que ejerzan una actividad pública, o que funcionen con dinero estatal como Radio Televisión Española, Aena, así como otras empresas privadas que ejerzan actividad pública.
¿Por qué es necesaria?
Los ciudadanos podrán saber qué hacen los gobernantes con sus impuestos. Para la Coalición Pro Acceso se podría hacer un balance mejor para votar a sus representantes.
Para Victoria Anderica, la transparencia también tiene un efecto directo en los actos corruptos. Si cualquier persona puede pedir la información se tendrá más cuidado.Los ciudadanos podrán saber qué hacen los gobernantes con sus impuestos. Para la Coalición Pro Acceso se podría hacer un balance mejor para votar a sus representantes.
Otra de las razones por la que es necesaria esta ley es para que haya más transparencia sobre el funcionamiento de la administración, que podría desembocar en una mayor eficiencia de las mismas.
¿En cuánto tiempo se podrá tener la información solicitada?
Normalmente en otros países, la ley de acceso a la información contempla unos 15 días desde que el ciudadano pide los datos hasta que los recibe, aunque se espera que la norma española demoraría un mes este plazo.
¿Se podrá tener acceso a los datos a través de Internet? ¿Podrá consultarlos cualquier ciudadano?
Las organizaciones que defienden la transparencia cree que el gasto es una de las preocupaciones del actual y anterior Gobierno. La Coalición Pro Acceso cree que imponer un sistema de transparencia incluye un gasto inevitable. Además los funcionarios van a tener que responder a preguntas, algo que lleva tiempo y dinero. La mejor manera de hacerlo y más austera será a través de Internet.
El Gobierno ha informado que está ultimando el 'Portal Digital de la Transparencia', al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información y que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos cargos. Se pretende que este portal esté en marcha cuando acabe el proceso legislativo, lo que podría ser antes del verano. A través de este portal, los ciudadanos podrán acceder a informaciones que no estén publicadas, dirigiendo la correspondiente solicitud.
En Europa no tienen ningún tipo de leyes de transparencia Chipre, Malta, Luxemburgo y España
¿Se podría vulnerar el derecho a la protección de datos?
La ley de acceso a la información pública establecerá el principio de publicidad, exceptuando aquella que puede dañar un interés legítimo. Estas son excepciones que se tendrán que tener en cuenta.
¿Cuánto países del mundo tienen leyes de este tipo?
En la actualidad hay 90 países en todo el mundo con leyes de acceso a la información pública. La web Global Right to Infomation Rating recoge todas estas leyes, ordenadas de mejor a peor y por países.
En Europa no tienen ningún tipo de leyes 'transparentes' Chipre, Malta, Luxemburgo y España, siendo este último el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información pública.
Hasta el momento hay algunas comunidades españolas que ya tienen avanzada normas similares. Es el caso de Navarra, que ya tiene una ley en el Parlamento, y el País Vasco, región que está preparando el texto que regula el derecho a la información pública.
¿Para qué ha sido eficaz en algunos países?
Reino Unido ha sido uno de los últimos países en poner en vigor de manera efectiva una ley de este tipo. Al principio de aprobarse en 2005 se solicitaron las facturas de las dietas de los diputados y el periódico inglés The Guardian las publicó en la web. Había algunas facturas que destaparon que algunos diputados compraron con dinero público desde artículos para su jardín hasta casas para su pato.
Durante cuatro años, los ingleses realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas. También se ha creado una web inglesa que recoge, a través de un buscador, todo tipo de información sobre las solicitudes ya realizadas en Reino Unido.
En otros países como Estados Unidos, el gobierno impulsó el portal data.gov para dar mayor transparencia.
De hecho, el Ejecutivo español tiene previsto sumarse a la Iniciativa Mundial para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership) que Barack Obama y Dilma Rousseff impulsaron en Nueva York en julio de 2010.
Por eso, presentará la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno el 17 de abril en la conferencia internacional que tendrá lugar en Brasilia, donde España firmará la Declaración Internacional de Gobierno Abierto.
Fuente: 20minutos.es
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