Escándalo de los ERE
Jorge Muñoz | Actualizado 21.03.2012 - 02:15
El PP pidió la detención inmediata del responsable de Vitalia y la clausura y precinto de las oficinas del bróker en Madrid
 |
El ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, a su llegada a los juzgados. / Manuel Gómez |
La juez Mercedes Alaya ha enviado esta madrugada a prisión a Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, imputado por el escándalo de los ERE fraudulentos. La decisión de la instructora, comunicada a las 02:10 horas de hoy al imputado, se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen la Junta de Andalucía, el PP y el sindicato Manos Limpias solicitaran esta medida cautelar para el antiguo chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social y que se le impusiera una fianza de 2.300.000 euros para hacer frente a la posible responsabilidad civil derivada de los hechos que se le imputan. La juez también ha acordado imponer esa fianza, en la que se incluyen los 1,3 millones que recibió en subvenciones públicas, los 125.000 euros de la póliza falsa hecha a nombre de la madre y la posible ganancia por la venta de los terrenos que había comprado en Jaén con los fondos públicos.
La acusación particular que ejerce el Partido Popular solicitó a la juez la inmediata detención del responsable de Vitalia, Antonio Albarracín, después de que Trujillo haya asegurado que éste le entregó dos sobre con mucho dinero dirigidos al ex director de Trabajo. El PP también reclamó la clausura y precinto de las instalaciones de Vitalia en Madrid.
Anticorrupción justificó la petición de prisión provisional en la gravedad de los delitos que se le imputan -once le imputó inicialmente la magistrada- y la posible pena a imponer -el fiscal ha dicho que sólo por malversación la pena es de 12 años de cárcel-, el riesgo de fuga, y la necesidad de continuar las investigaciones que el imputado podría entorpecer si sigue libre.
Juan Francisco Trujillo afirmó ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, que con el dinero de los fondos públicos llegó a comprar durante los tres años aproximadamente que estuvo como chófer de Guerrero hasta 25.000 euros al mes en cocaína, sustancia que consumían él y su jefe "a cualquier hora".
El antiguo conductor del ex alto cargo explicó que fue el propio Guerrero quien le presentó a una persona que sabía donde podía conseguir la cocaína y añadió que el ex director de Trabajo le comentó que esa sustancia "le mantenía despierto". Trujillo dijo que con el dinero de las ayudas que le concedió Guerrero le invitaba a tomar copas y cocaína, y afirmó que cada uno podía consumir entre cinco y diez gramos al día, llegando a precisar que él preparaba unas pequeñas bolsitas que le entregaba al ex alto cargo cuando éste se lo pedía.
El ex chófer, que aseguró que ahora está en el paro, confesó que recibió dos subvenciones por importe de 450.000 euros cada una mediante empresas que creó y que no eran reales, como mucho reconoció que presentó algún boceto de proyecto pero no una solicitud formal, y se desmarcó de una tercera ayuda por la misma cantidad que percibió otra sociedad de la que también era socio. Guerrero, dijo el antiguo conductor, le entregó un papel con el que se dirigió a un banco, que le dio algo más de 300.000 euros, dinero con el que compró dos terrenos en Jaén y un piso en la calle San Luis de Sevilla.
El antiguo conductor de Francisco Javier Guerrero recibió hasta tres subvenciones públicas por importe de 1,3 millones de euros y además logró incluir a su madre en una póliza, por la que recibió otros 125.000 euros, tras falsificar su firma en el despacho del ex director general de Trabajo. Trujillo afirmó que fue el propio Guerrero quien le ofreció la posibilidad de concedérselas cuando ambos estaban en un bar de copas. "Me dijo tú crea una sociedad y yo entendí que me invitaba a crear empresas ficticias", admitió Juan Francisco Trujillo en el interrogatorio de la juez Alaya.
Sobre la póliza que firmó a nombre de la madre, el ex chófer dijo que Guerrero le pidió un DNI de una persona adulta porque necesitaban "obtener liquidez" para continuar sufragando las adicciones que compartían. Con esta finalidad también llegó a efectuar sendos supuestos trabajos, a los que la juez se refirió como "facturas falsas", para las empresas Delphi y Dhull, por los que percibió 6.900 euros en cada uno y que, en el primero, consistió en "descargarse" una memoria económica de una página web, así como para Estudios Jurídicos Villasís, por 6.000 euros, y para un empresario de Córdoba al que facturó 78.000 euros. En total, el montante de estas facturas ascendió 97.800 euros.
Las actividades sospechosas no se quedan ahí, porque Trujillo aseveró que por indicaciones de Guerrero acudió en dos ocasiones en el año 2007 a Madrid para recoger dos sobres que contenían dinero en metálico y que le entregó Antonio Albarrracín, responsable de Vitalia, uno de los brókers que operaba con la Junta en la tramitación de las pólizas de prejubilaciones de los ERE. Uno de esos encuentros tuvo lugar a mediados de 2007 en la estación de Atocha y otra en octubre de ese mismo año, y en ambos casos le dieron un sobre de tamaño un folio doblado por la mitad y en cuyo interior había billetes grandes con un grosor de "dos dedos y medio", lo que representa una cantidad importante que no ha podido cuantificar.
Las entidades intermediarias también están en el centro de la investigación de la juez Alaya, que considera que estas empresas cobraron unas comisiones abusivas, que superaban con creces la media del sector.
La acusación particular que ejerce el PP le preguntó a Trujillo si ese dinero para Guerrero "o para el PSOE", pero el ex chófer no respondió porque sólo contestó a las preguntas de la juez y del fiscal.
El imputado también relató que le entregó a Guerrero entre 60.000 y 80.000 euros en metálico, además de otros 4.000 euros en una serie de regalos como cuadros y relojes, dijo que le compró un piano valorado en otros 4.000 euros, así como ropa valorada en unos 2.000 euros, teléfonos móviles por otros 1.200 euros, y 100 euros en bolígrafos Parker. Según Juan Francisco Trujillo, los regalos los llevaba a la casa de Francisco Javier Guerrero en El Pedroso (Sevilla).
El ex chófer dijo además que Guerrero recibía frecuentemente regalos no sólo suyos, sino de otras personas, y recordó un caso concreto en el que el dueño de una gasolinera le entregó un equipo de GPS con DVD y dos pantallas para el BMW X5 propiedad del ex alto cargo.
Trujillo también aseguró a la magistrada que el dinero que obtuvo de la venta de los terrenos, lo destinó a pagar deudas y seguir comprando la cocaína, lo que provocó que la juez Alaya golpeara su bolígrafo sobre la mesa, en señal de indignación, y que a continuación le diera un plazo de diez días para que ofreciera una explicación coherente sobre el destino del dinero, insinuándole que podía incurrir incluso en un delito de alzamiento de bienes.
Trujillo reconoció otras irregularidades, como cuando dijo que en una ocasión dos empresarios le dieron de alta para que pudiera cobrar la prestación por desempleo -en la actualidad aún le quedan cinco meses por percibir-.
De otro lado, el ex chófer explicó a la instructora que él no entraba a las reuniones oficiales de Guerrero, pero sí le acompañaba a "tomar copas" a la salida de las mismas y después le llevaba a su casa en la localidad de El Pedroso (Sevilla). Según Trujillo, Guerrero quedaba en los bares de copas para "despachar" los asuntos de la dirección general de Trabajo, ya que la jornada laboral de Guerrero consistía en que habitualmente a mediodía abandonaba la sede de la dirección general para ir a comer a un restaurante y después iba a tomar copas a un bar, donde despachaba los asuntos por la tarde.
El ex chófer dijo que llevó a Guerrero en dos ocasiones a despachar con el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, en una de las cuales salió "muy enfadado". También le ha visto molesto porque en ocasiones le paralizaban los pagos de las ayudas.
En cualquier caso, el antiguo conductor ha reconocido que se daba cuenta de que las ayudas se concedían a personas "cercanas a Guerrero o al PSOE" y ha precisado que el ex director de Trabajo "presumía" de la capacidad que tenía para conceder las subvenciones.
El imputado afirmó que Guerrero llegó a comentarle en una ocasión que cuando abandonara la dirección general de Trabajo iban a montar una "asesoría jurídica" para poder hacer memorias y proyectos para pedir subvenciones a la Junta.
La juez imputó a Trujillo al inicio de su comparecencia, que se inició a las once de la mañana, un total de once delitos, en concreto, los de obtención indebida de subvenciones pública, un delito continuado de cohecho, otro de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, un delito de falsedad en documento mercantil y otros tres delitos de falsedad en documento oficial.
Fuente: diariodesevilla.es
La acusación particular que ejerce el Partido Popular solicitó a la juez la inmediata detención del responsable de Vitalia, Antonio Albarracín, después de que Trujillo haya asegurado que éste le entregó dos sobre con mucho dinero dirigidos al ex director de Trabajo. El PP también reclamó la clausura y precinto de las instalaciones de Vitalia en Madrid.
Anticorrupción justificó la petición de prisión provisional en la gravedad de los delitos que se le imputan -once le imputó inicialmente la magistrada- y la posible pena a imponer -el fiscal ha dicho que sólo por malversación la pena es de 12 años de cárcel-, el riesgo de fuga, y la necesidad de continuar las investigaciones que el imputado podría entorpecer si sigue libre.
Juan Francisco Trujillo afirmó ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, que con el dinero de los fondos públicos llegó a comprar durante los tres años aproximadamente que estuvo como chófer de Guerrero hasta 25.000 euros al mes en cocaína, sustancia que consumían él y su jefe "a cualquier hora".
El antiguo conductor del ex alto cargo explicó que fue el propio Guerrero quien le presentó a una persona que sabía donde podía conseguir la cocaína y añadió que el ex director de Trabajo le comentó que esa sustancia "le mantenía despierto". Trujillo dijo que con el dinero de las ayudas que le concedió Guerrero le invitaba a tomar copas y cocaína, y afirmó que cada uno podía consumir entre cinco y diez gramos al día, llegando a precisar que él preparaba unas pequeñas bolsitas que le entregaba al ex alto cargo cuando éste se lo pedía.
El ex chófer, que aseguró que ahora está en el paro, confesó que recibió dos subvenciones por importe de 450.000 euros cada una mediante empresas que creó y que no eran reales, como mucho reconoció que presentó algún boceto de proyecto pero no una solicitud formal, y se desmarcó de una tercera ayuda por la misma cantidad que percibió otra sociedad de la que también era socio. Guerrero, dijo el antiguo conductor, le entregó un papel con el que se dirigió a un banco, que le dio algo más de 300.000 euros, dinero con el que compró dos terrenos en Jaén y un piso en la calle San Luis de Sevilla.
El antiguo conductor de Francisco Javier Guerrero recibió hasta tres subvenciones públicas por importe de 1,3 millones de euros y además logró incluir a su madre en una póliza, por la que recibió otros 125.000 euros, tras falsificar su firma en el despacho del ex director general de Trabajo. Trujillo afirmó que fue el propio Guerrero quien le ofreció la posibilidad de concedérselas cuando ambos estaban en un bar de copas. "Me dijo tú crea una sociedad y yo entendí que me invitaba a crear empresas ficticias", admitió Juan Francisco Trujillo en el interrogatorio de la juez Alaya.
Sobre la póliza que firmó a nombre de la madre, el ex chófer dijo que Guerrero le pidió un DNI de una persona adulta porque necesitaban "obtener liquidez" para continuar sufragando las adicciones que compartían. Con esta finalidad también llegó a efectuar sendos supuestos trabajos, a los que la juez se refirió como "facturas falsas", para las empresas Delphi y Dhull, por los que percibió 6.900 euros en cada uno y que, en el primero, consistió en "descargarse" una memoria económica de una página web, así como para Estudios Jurídicos Villasís, por 6.000 euros, y para un empresario de Córdoba al que facturó 78.000 euros. En total, el montante de estas facturas ascendió 97.800 euros.
Las actividades sospechosas no se quedan ahí, porque Trujillo aseveró que por indicaciones de Guerrero acudió en dos ocasiones en el año 2007 a Madrid para recoger dos sobres que contenían dinero en metálico y que le entregó Antonio Albarrracín, responsable de Vitalia, uno de los brókers que operaba con la Junta en la tramitación de las pólizas de prejubilaciones de los ERE. Uno de esos encuentros tuvo lugar a mediados de 2007 en la estación de Atocha y otra en octubre de ese mismo año, y en ambos casos le dieron un sobre de tamaño un folio doblado por la mitad y en cuyo interior había billetes grandes con un grosor de "dos dedos y medio", lo que representa una cantidad importante que no ha podido cuantificar.
Las entidades intermediarias también están en el centro de la investigación de la juez Alaya, que considera que estas empresas cobraron unas comisiones abusivas, que superaban con creces la media del sector.
La acusación particular que ejerce el PP le preguntó a Trujillo si ese dinero para Guerrero "o para el PSOE", pero el ex chófer no respondió porque sólo contestó a las preguntas de la juez y del fiscal.
El imputado también relató que le entregó a Guerrero entre 60.000 y 80.000 euros en metálico, además de otros 4.000 euros en una serie de regalos como cuadros y relojes, dijo que le compró un piano valorado en otros 4.000 euros, así como ropa valorada en unos 2.000 euros, teléfonos móviles por otros 1.200 euros, y 100 euros en bolígrafos Parker. Según Juan Francisco Trujillo, los regalos los llevaba a la casa de Francisco Javier Guerrero en El Pedroso (Sevilla).
El ex chófer dijo además que Guerrero recibía frecuentemente regalos no sólo suyos, sino de otras personas, y recordó un caso concreto en el que el dueño de una gasolinera le entregó un equipo de GPS con DVD y dos pantallas para el BMW X5 propiedad del ex alto cargo.
Trujillo también aseguró a la magistrada que el dinero que obtuvo de la venta de los terrenos, lo destinó a pagar deudas y seguir comprando la cocaína, lo que provocó que la juez Alaya golpeara su bolígrafo sobre la mesa, en señal de indignación, y que a continuación le diera un plazo de diez días para que ofreciera una explicación coherente sobre el destino del dinero, insinuándole que podía incurrir incluso en un delito de alzamiento de bienes.
Trujillo reconoció otras irregularidades, como cuando dijo que en una ocasión dos empresarios le dieron de alta para que pudiera cobrar la prestación por desempleo -en la actualidad aún le quedan cinco meses por percibir-.
De otro lado, el ex chófer explicó a la instructora que él no entraba a las reuniones oficiales de Guerrero, pero sí le acompañaba a "tomar copas" a la salida de las mismas y después le llevaba a su casa en la localidad de El Pedroso (Sevilla). Según Trujillo, Guerrero quedaba en los bares de copas para "despachar" los asuntos de la dirección general de Trabajo, ya que la jornada laboral de Guerrero consistía en que habitualmente a mediodía abandonaba la sede de la dirección general para ir a comer a un restaurante y después iba a tomar copas a un bar, donde despachaba los asuntos por la tarde.
El ex chófer dijo que llevó a Guerrero en dos ocasiones a despachar con el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, en una de las cuales salió "muy enfadado". También le ha visto molesto porque en ocasiones le paralizaban los pagos de las ayudas.
En cualquier caso, el antiguo conductor ha reconocido que se daba cuenta de que las ayudas se concedían a personas "cercanas a Guerrero o al PSOE" y ha precisado que el ex director de Trabajo "presumía" de la capacidad que tenía para conceder las subvenciones.
El imputado afirmó que Guerrero llegó a comentarle en una ocasión que cuando abandonara la dirección general de Trabajo iban a montar una "asesoría jurídica" para poder hacer memorias y proyectos para pedir subvenciones a la Junta.
La juez imputó a Trujillo al inicio de su comparecencia, que se inició a las once de la mañana, un total de once delitos, en concreto, los de obtención indebida de subvenciones pública, un delito continuado de cohecho, otro de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, un delito de falsedad en documento mercantil y otros tres delitos de falsedad en documento oficial.
Fuente: diariodesevilla.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario