Tribuna
La recuperación de la deducción fiscal por compra de vivienda en todos sus tramos con carácter retroactivo a 2010 (para aquellos que compraron su casa a partir de esa fecha), es una buena noticia para el sector inmobiliario y para todas aquellas personas que estén pensando en adquirir una vivienda. Esta deducción es aplicable a todos los tramos de renta y llegará hasta un 15% de la inversión en vivienda habitual con un limite de 9.040 euros.
Dentro de este apartado se ratifica también la ampliación del periodo de aplicación del IVA reducido del 4% durante todo el 2012 para la compra de vivienda nueva. Otra de las medidas que puede contribuir al acceso a la vivienda es obligar a la banca que saque al mercado los inmuebles que tiene en sus balances, ya que esto contribuiría a un abaratamiento del precio de la vivienda y serviría esta reducción en los precios como medida dinamizadora a la hora de adquirir una vivienda en propiedad a la vez que clarificaríamos de una vez por todas los balances de los bancos obligándolos así a saber la realidad de sus activos inmobiliarios, bien en suelo o en viviendas.
Mi opinión es que la creación de un parque social de viviendas en alquiler para aquellas personas que no tienen medios económicos, justificación de ingresos o los requisitos necesarios que exige actualmente el mercado de vivienda, puede ser una salida digna al exceso de propiedades en manos de la banca y a la vez de crear un servicio social contribuiremos a la disminución del stock de vivienda actual (stock cifrado entre las 700.000 y 1.200.000 viviendas). Ya hay una experiencia piloto entre la comunidad de Madrid y Bankia, por cierto positiva para ambas entidades y por supuesto para los beneficiarios.
Liberalizar el mercado del alquiler para contribuir a bajar los precios es básico y en esa línea se ha suprimido la ayuda al alquiler para jóvenes (la llamada renta básica de emancipación) de 210 euros mensuales (se mantienen las concedidas y actuales hasta su extinción), esta ayuda en su momento había sido perjudicial para el resto de personas que no estaban en ese tramo de edad ya que solo contribuyó al encarecimiento del alquiler en general, no podemos penalizar todos los tramos de edad por beneficiar a uno en concreto.
Pero la medida mas gravosa y que no ha gustado a casi nadie (porque penaliza la propiedad), es el incremento del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que afectará a las viviendas que estén por encima del valor medio de su ayuntamiento y así será como minimo los dos próximos años. El incremento no es lineal sino que dependerá de la ultima revisión catastral y en medida de ello subirá un tanto porcentual correlativo, afectando sobre todo a las viviendas con mayor valor catastral. Hay que comentar que los grandes perjudicados son los municipios más humildes y en Galicia son la inmensa mayoría por lo que nos cogerá de lleno y aquí hay que recordar que el IBI es un impuesto progresivo con todo lo que ello conlleva. Se debería haber gravado las viviendas desocupadas porque esa sería la fórmula para que estas salieran al mercado, sobre todo de alquiler, contribuyendo así a disminuir el precio del arrendamiento en nuestra comunidad, pero no se ha hecho.
La subida estará entre un 4% y 10%, dependiendo de la antigüedad de la revisión catastral y para evitar penalizar a las rentas bajas se librarán del alza de impuestos la mitad de las viviendas de menor valor en cada municipio siempre que sus valores catastrales hayan sido revisados después del 2001.
En general son medidas solicitadas por el sector inmobiliario, pero una vez más hay que incidir que la palabra mágica es “financiación” (aunque los tipos de interés están bajos, la ausencia de crédito impide la financiación de la vivienda, sin la que el mercado se paraliza), mientras ésta no exista lo demás serán únicamente parches en el camino. Como lo es también la ultima iniciativa autonomica de que los constructores puedan comercializar sus viviendas a través del IGVS pasando sus propiedades de vivienda libre a vivienda de protección oficial acogiéndose así a los “beneficios' de éstas. Sinceramente me parece un brindis al sol y digo esto, primero, porque los propietarios de vivienda libre ya podían acogerse a la VPA si entraba dentro de los parámetros de comercialización y rangos de precio exigidos en las viviendas de proteccion oficial en sus tres supuestos (general, especial y concertado). Es más, sería perjudicial para sus intereses ya que en estos momentos las ayudas económicas directas que se daban al solicitante ya no existen y segundo si los bancos no financian la vivienda libre, menos lo hacen con la de protección oficial al estar éstas reguladas por el indicador publico de rendimientos de efectos multiples(IPREM) y no pudiendo exceder los ingresos de la unidad familiar en 2,5 veces este índice de referencia y sabiendo también que solo se podrá tener financiación para 90 metros cuadrados de superficie de la vivienda y, por supuesto, para acogerse a las ayudas de la comunidad autónoma tendrá como primer requisito el tener formalizado el préstamo solicitado (tarea imposible para las unidades familiares con ese tipo de renta y en los momentos actuales).
Por lo tanto mi conclusión es un quedar bien, hacer que se hace, pero en la realidad el retorno es nulo. Para rematar donde verdaderamente tiene que mojarse la Administración es en la rehabilitación de viviendas, por la carga de trabajo que al sector supone, por fijar población en el rural y por contribuir a la recuperación de nuestro patrimonio arquitectónico entre otros muchos motivos, pero en definitiva se puede resumir en un querer recuperar nuestro patrimonio urbanístico poniéndolo en valor.
Fuente: La Región
No hay comentarios:
Publicar un comentario