Vaya camino llevan las entidades financieras en nuestro país. Primero financian con desorbitada avaricia lo infinanciable, sin rigor ni control (el Banco de España estaba muy ocupado en no se sabe qué); después se dan cuenta de su error al entrar en mora miles de hipotecas y se ponen a ejecutar préstamos hipotecarios como desesperados, aglutinando decenas de miles de propiedades en todo el Estado; a continuación se dan cuenta de que ya no saben qué hacer con ellas (porque pretenden venderlas a precios superiores al que marca el mercado) y se ponen a comercializarlas en sus oficinas y webs creadas para tal fin, convirtiéndose de la noche a la mañana en las mayores inmobiliarias. Pero no acaba ahí el tema, sino que se dan cuenta de otro gran problema: qué hacer con un suelo sin construir y en muchos casos sin urbanizar que previamente han embargado a promotores y constructores. Pues nada, problema arreglado: se meten a constructores y ya está, a rematar un ciclo penoso. Como en el dicho: de perdidos al río.
Así, de esta forma sencilla pero nítida, se puede resumir el caos financiero que ha campado a sus anchas en el ultimo decenio en España. Pero ahora toca provisionar, y todo (viviendas, suelo urbanizable y suelo rústico), con lo que la primera conclusión es que a las entidades más pequeñas, con menos estructura y con menos recursos propios, les están marcando el camino para su desaparición, fusión o absorción por las de mayor tamaño y con solvencia contrastada. La máxima a seguir es la de sanear balances, y esta vez sin maquillajes, pues ya era hora de que alguien pusiera a los bancos en su sitio y les recordara cual es su utilidad y su fin en una economía liberal, que no es otra que la de captar depósitos y prestar dinero, que para eso el Estado les ha inyectado liquidez y avales suficientes para que lo hagan, aunque sigan empeñadas en otros temas, pero eso sí, con dinero público muchas de ellas.
50.000 millones de euros es el importe mínimo que los bancos tienen que provisionar, aunque hay quien dice que esa cantidad llegaría a los 120.000 millones. ¿Cuándo sabremos la verdad de estas entidades?, en fin. Lo que sí está claro es que la reforma financiera exigirá a los bancos valorar a precio de mercado los créditos promotor y activos inmobiliarios con un fin claro, transparencia y rigor. Pues esperemos a ello y después, una vez arreglado el desaguisado, vendrá la segunda parte, la de exigir responsabilidades económicas y judiciales a quienes han provocado tanto daño con sus malas prácticas a la economía de un país.
Fuente: La Región
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