La batalla del idioma también se libra en los recibos locales

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Enrique G. Soutolugo | LA VOZ | 18/12/2011

En Lugo, ya se sabe, pasan cosas curiosas. A veces las cosas que pasan en Lugo son, más que curiosas, difíciles de entender, aunque tienen explicación, claro. Pasa por ejemplo con el malestar del Bloque con el Defensor del Pueblo y el Valedor do Pobo porque uno y otro consideran que en un país bilingüe los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la Administración en la lengua que elijan de las dos que son cooficiales en Galicia. Ocurre también con las facturas. Aparece en los cajones municipales una de 87.000 euros de hace cuatro años y no hay explicación de qué fue de ella durante todo este tiempo. Son cosas curiosas, sí, como el millón de euros más que los lucenses se gastan en plena crisis en jugar a la Lotería para el sorteo de Navidad.

El primer teniente de alcalde, Antón Bao, reconoce estar «moi molesto» con el Defensor del Pueblo y con el Valedor do Pobo, hasta el punto de que dice que son organismos que «se só se van dedicar a atacar ao galego é moito mellor que non existan». A Bao, según se ve, le ha molestado mucho que el Defensor haya dado la razón a un lucense que reclamó del Ayuntamiento que le remita los recibos en castellano. El edil, que antes fue vicepresidente de la Diputación, quizá no recuerda cómo se las gasta su propio partido en esto de exigir derechos lingüísticos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto.

Alega Antón Bao que el Concello tendría que invertir cuantiosos recursos en adaptar sus programas informáticos para poder expedir los recibos en gallego y castellano. Tiene razón el edil, pero todo es solucionable. Es un hecho que la democracia es cara; más aún cuando los recursos públicos se usan según los intereses puntuales de cada partido. Se ve bien con el desencuentro entre la Diputación y la Xunta para la red de residencias de la tercera edad que impulsa el organismo presidido por el socialista José Ramón Gómez Besteiro. ¿Qué hay de malo en el proyecto de la Diputación? Nada. Todo lo contrario. Lugo, provincia envejecida, precisa residencias públicas. Pero la Xunta dice, por boca de la conselleira Beatriz Mato, que disposición para colaborar todo lo que se quiera; ahora bien, de pasta para concertar plazas, nada, pero nada de nada. Es, qué duda cabe, una demostración de la voluntad de colaboración de las administraciones públicas. Los políticos, ya se sabe, figuran en lugar preferente en la larga lista de preocupaciones que agobian a los españoles. Umbral dejó escrito que «en nuestra Historia hay mucho más ingenio que talento maduro. Somos una continuidad de ingeniosos». Y así nos va, claro. A algunos les va bien, por ejemplo al popular José Manuel Barreiro, al que Rajoy elevó a la condición de portavoz del PP en el Senado.

En la casa popular se dice que tanta confianza de Rajoy en Barreiro levantó algún sarpullido en Santiago, allí donde radica la jefatura máxima del PPdeG. Pero seguramente serán maledicencias. El caso es que Lugo no para de proveer personal para cubrir puestos de alta responsabilidad político-institucional. Aún cabe la posibilidad de que alguien de Lugo releve en el Consejo de Ministros a José Blanco.

Barreiro renunciará en los próximos días, según parece, a sus plazas como concejal y diputado provincial. Pero quizá ni él ni quien lo sustituya sabrán por boca del gobierno de López Orozco por qué estuvo desaparecida desde el 2007 una factura, correspondiente a obras en A Ponte, por importe de casi 87.000 euros. Igual estaba bien preguntarle al exconcejal de Infraestructuras, José Piñeiro. Esta de la factura es una de las cosas curiosas que pasan en Lugo. Pero tiene explicación. Seguro.

Fuente: La Voz de Galicia.es