El Ayuntamiento de Barcelona ordena el cierre de un centro protestante
NATALIA BRAVO - Barcelona - 06/11/2011
Los protestantes se sienten discriminados por los Gobiernos central y catalán
Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), criticó la ley de centros de culto vigente en Cataluña. La juzgó de "dudosa constitucionalidad" por no aplicarse en términos de igualdad respecto a la Iglesia católica. Blázquez declaró a este diario: "A nuestras iglesias les piden un control de higiene y seguridad, debemos tener aseos pero, en cambio, dime una iglesia católica que disponga de uno para el público". Piden que no prime la arbitrariedad en un Estado que, según recoge el artículo 16.3 de la Constitución Española, protege la libertad confesional de sus ciutadanos.
Guillem Correa, secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña (CEC), declaró: "Es el momento de hacer un llamamiento a nuestra sociedad para reclamar nuestros derechos. Si no se respeta la libertad religiosa, no se respetan los derechos humanos, y si no se respetan estos, no hay verdadera libertad".
"España es un país aconfesional en el que una persona física puede destinar sus impuestos a la Iglesia católica, pero no a otra confesión", agregó. Los protestantes opinan que las confesiones deberían financiarse a través de sus fieles y no de ayudas estatales, para que, de esa forma, todas tuvieran el mismo trato.
Durante su intervención, Correa indicó que el lunes enviará cartas el presidente de la Generalitat, al alcalde de Barcelona y al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para reconducir esta situación y resolverla "si existe voluntad política y social de hacerlo". Para finalizar el acto, todos los congregados encendieron una vela para que "sea la luz de Jesús la que lleve la esperanza a todos nuestros corazones".
Un día antes a esta concentración, planificada desde hace semanas, el Ayuntamiento de Barcelona ordenó el cierre de un centro de culto protestante en la calle de Gènova abierto hace 26 años, tras la denuncia de un vecino por ruidos. El Ayuntamiento les reclama la licencia de actividad. Este colectivo religioso considera que el centro debe cumplimentar, y lo hace, la normativa de seguridad e higiene y que, en todo caso, la ley prevé un plazo de cinco años para obtener la licencia, cuya exigencia rechazan. Ayer no fue posible obtener la versión municipal sobre el conflicto.
Fuente: LA VANGUARDIA.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario