JOSÉ ANTONIO ROVIRA JOVER El problema de la deuda pública española no debería ser muy preocupante. Si nos preguntáramos si la deuda pública en España es muy elevada, la respuesta es muy clara: No. Nuestra deuda pública acumulada en 2010 se ha situado en el 61% del PIB frente a países como Alemania con el 83,2%, Francia con el 82,3%, y los farolillos Italia con el 118,4% y Grecia con el 144,9% del PIB.
Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema real no es su cantidad sino su rápido crecimiento y su coste de financiación.
Según datos de la Eurostat (Oficina de Estadística de la Comisión Europea), cuando el Partido Popular entró a gobernar en 1996 la deuda pública española se situaba en el 67,4% del PIB, con un déficit anual en las cuentas públicas del 5,5% del PIB. Cuando José María Aznar abandona el Gobierno en 2004 se ha reducido la deuda al 46,3% y el déficit al 0,1% del PIB.
El PSOE de Rodríguez Zapatero se encuentra entonces con unas cuentas públicas muy saneadas y una economía con mínimo desempleo y que genera elevados ingresos para el Estado. La deuda pública sigue reduciéndose hasta llegar al 36,2% en 2007, con un superávit en las cuentas del 1,9%.
¿Qué ocurre a partir de 2008? Comienza en esos momentos la crisis económica y financiera en la que nos encontramos y nuestros gobernantes, en lugar de iniciar un proceso de ajustes y de recortes acompañado de reformas estructurales en el mercado de trabajo, se decantan por un proceso expansivo del gasto público con planes E inútiles y aeropuertos fantasma. Somos los número uno del mundo en subvencionar energías alternativas, en kilómetros de una alta velocidad carísima y en desempleo.
Todo esto, conjugado con una disminución de ingresos y un crecimiento brutal del desempleo ya citado, único en Europa, que pasa del 11,3% de la población ocupada en 2008 al 18,00% en 2009 y al 20,1% en 2010, nos ha llevado a un vertiginoso deterioro de nuestras cuentas públicas, con una deuda pública y un déficit del 40,1% y del 4,5% respectivamente en 2008, del 53,8% y del 11,2% en 2009 y del 61,0% y del 9,3% en 2010, y unas previsiones del 69,6% y del 6,6% para 2011.
Decíamos que el problema no era la cantidad de deuda pública sino su rápido crecimiento, y es que a finales de 2011 habremos casi doblado nuestra deuda en tan solo cuatro años. Pero también señalábamos que el otro problema era su coste de financiación.
El coste de financiación del déficit y, en consecuencia, de la deuda pública viene dado por la denominada prima de riesgo de España, que se calcula restando al tipo de interés que se paga por colocar los bonos españoles a diez años el tipo de interés que se paga por colocar los bonos alemanes, en puntos básicos. Por ello, cuando planteamos que la prima de riesgo española alcanza como ha alcanzado y superado últimamente la cota de 450 puntos, significa que estamos pagando por encima de un 4,5% de interés más que Alemania por colocar nuestra deuda. Y es muy distinto para las arcas de nuestro país y de cualquier otro pagar un 6,34% o pagar un 1,78% como ha ocurrido en los últimos días.
¿Por qué se ha disparado tanto la prima de riesgo de España en las últimas semanas? La respuesta la encontramos en la elevada desconfianza de los mercados respecto a la capacidad de España de devolver sus deudas. Literalmente hemos dejado de crecer y no hay siquiera expectativas de crecimiento a corto plazo.
Con una previsión de tasa de desempleo superior al 21% para 2011 y una ausencia total de reformas estructurales necesarias que mejoren nuestra productividad y competitividad, el panorama no es muy atrayente.
Además, si la financiación del déficit de las administraciones sigue acaparando el escaso crédito disponible, como consecuencia de los procesos de saneamiento financiero, será imposible aumentar el consumo y la inversión.
Por todo lo anterior, es lógica la preocupación que tienen muchos trabajadores, fijos y contratados laborales en la administración y en organismos y empresas públicas, por la continuidad de sus contratos. El recorte se augura como necesario e inevitable.
Pero si hay una institución donde no debería existir esa incertidumbre es en la Diputación Provincial de Alicante, ya que su situación financiera es mucho más saneada que, por ejemplo, en las diputaciones de nuestras provincias vecinas, como consecuencia de una adecuada y acertada gestión en los últimos años.
Según datos oficiales del Informe del Ministerio de Economía y Hacienda sobre deuda viva de las Entidades Locales a 31-12-2010, la Diputación de Alicante mantiene tan solo una deuda de 99.805.000? (51,81? por alicantino), mucho menor que la deuda de la Diputación de Valencia de 236.004.000? (91,43? por valenciano) e incluso menor que la deuda de la Diputación de Castellón de 105.029.000? (173,81? por castellonense).
¿Hay soluciones? Rotundamente Sí. La gran mayoría de expertos coinciden básicamente en una serie de medidas necesarias e ineludibles: Se trata de eliminar. Se trata de eliminar las rigideces de nuestro mercado de trabajo, simplificando la contratación, descentralizando la negociación colectiva y relacionando las condiciones de trabajo y los salarios con la productividad y con los beneficios empresariales, y no con la inflación. Se trata de eliminar la duplicidad de competencias entre los distintos niveles de la Administración. Se trata de eliminar los diecisiete submercados en que se han convertido nuestras autonomías. Se trata de eliminar el exceso de oferta inmobiliaria que tenemos, volviendo al sistema de desgravaciones fiscales y aligerando las carteras inmobiliarias de los bancos para que el crédito vuelva a fluir a las familias y a las empresas. Y se trata de reducir y de eliminar el déficit público apretándonos el cinturón y corrigiendo un sector público español completamente sobredimensionado.
El nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 20-N debe, al día siguiente de su toma de posesión, dar cuenta detallada de la grave situación en la que estamos y, a continuación, poner sobre la mesa un plan global de política económica capaz de resolver nuestros problemas. Para ello, el nuevo gobierno debe estar formado por personas con prestigio, con formación, que vengan ya enseñadas, con experiencia en puestos de responsabilidad. No nos podemos permitir el lujo de que aprendan mientras gobiernan. Se tiene que acabar los ministros con bachilleres pelados, las bibianas, las leyres, gente sin ningún bagaje previo que nos ha llevado a este agujero.
Fuente: informacion.es
Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema real no es su cantidad sino su rápido crecimiento y su coste de financiación.
Según datos de la Eurostat (Oficina de Estadística de la Comisión Europea), cuando el Partido Popular entró a gobernar en 1996 la deuda pública española se situaba en el 67,4% del PIB, con un déficit anual en las cuentas públicas del 5,5% del PIB. Cuando José María Aznar abandona el Gobierno en 2004 se ha reducido la deuda al 46,3% y el déficit al 0,1% del PIB.
El PSOE de Rodríguez Zapatero se encuentra entonces con unas cuentas públicas muy saneadas y una economía con mínimo desempleo y que genera elevados ingresos para el Estado. La deuda pública sigue reduciéndose hasta llegar al 36,2% en 2007, con un superávit en las cuentas del 1,9%.
¿Qué ocurre a partir de 2008? Comienza en esos momentos la crisis económica y financiera en la que nos encontramos y nuestros gobernantes, en lugar de iniciar un proceso de ajustes y de recortes acompañado de reformas estructurales en el mercado de trabajo, se decantan por un proceso expansivo del gasto público con planes E inútiles y aeropuertos fantasma. Somos los número uno del mundo en subvencionar energías alternativas, en kilómetros de una alta velocidad carísima y en desempleo.
Todo esto, conjugado con una disminución de ingresos y un crecimiento brutal del desempleo ya citado, único en Europa, que pasa del 11,3% de la población ocupada en 2008 al 18,00% en 2009 y al 20,1% en 2010, nos ha llevado a un vertiginoso deterioro de nuestras cuentas públicas, con una deuda pública y un déficit del 40,1% y del 4,5% respectivamente en 2008, del 53,8% y del 11,2% en 2009 y del 61,0% y del 9,3% en 2010, y unas previsiones del 69,6% y del 6,6% para 2011.
Decíamos que el problema no era la cantidad de deuda pública sino su rápido crecimiento, y es que a finales de 2011 habremos casi doblado nuestra deuda en tan solo cuatro años. Pero también señalábamos que el otro problema era su coste de financiación.
El coste de financiación del déficit y, en consecuencia, de la deuda pública viene dado por la denominada prima de riesgo de España, que se calcula restando al tipo de interés que se paga por colocar los bonos españoles a diez años el tipo de interés que se paga por colocar los bonos alemanes, en puntos básicos. Por ello, cuando planteamos que la prima de riesgo española alcanza como ha alcanzado y superado últimamente la cota de 450 puntos, significa que estamos pagando por encima de un 4,5% de interés más que Alemania por colocar nuestra deuda. Y es muy distinto para las arcas de nuestro país y de cualquier otro pagar un 6,34% o pagar un 1,78% como ha ocurrido en los últimos días.
¿Por qué se ha disparado tanto la prima de riesgo de España en las últimas semanas? La respuesta la encontramos en la elevada desconfianza de los mercados respecto a la capacidad de España de devolver sus deudas. Literalmente hemos dejado de crecer y no hay siquiera expectativas de crecimiento a corto plazo.
Con una previsión de tasa de desempleo superior al 21% para 2011 y una ausencia total de reformas estructurales necesarias que mejoren nuestra productividad y competitividad, el panorama no es muy atrayente.
Además, si la financiación del déficit de las administraciones sigue acaparando el escaso crédito disponible, como consecuencia de los procesos de saneamiento financiero, será imposible aumentar el consumo y la inversión.
Por todo lo anterior, es lógica la preocupación que tienen muchos trabajadores, fijos y contratados laborales en la administración y en organismos y empresas públicas, por la continuidad de sus contratos. El recorte se augura como necesario e inevitable.
Pero si hay una institución donde no debería existir esa incertidumbre es en la Diputación Provincial de Alicante, ya que su situación financiera es mucho más saneada que, por ejemplo, en las diputaciones de nuestras provincias vecinas, como consecuencia de una adecuada y acertada gestión en los últimos años.
Según datos oficiales del Informe del Ministerio de Economía y Hacienda sobre deuda viva de las Entidades Locales a 31-12-2010, la Diputación de Alicante mantiene tan solo una deuda de 99.805.000? (51,81? por alicantino), mucho menor que la deuda de la Diputación de Valencia de 236.004.000? (91,43? por valenciano) e incluso menor que la deuda de la Diputación de Castellón de 105.029.000? (173,81? por castellonense).
¿Hay soluciones? Rotundamente Sí. La gran mayoría de expertos coinciden básicamente en una serie de medidas necesarias e ineludibles: Se trata de eliminar. Se trata de eliminar las rigideces de nuestro mercado de trabajo, simplificando la contratación, descentralizando la negociación colectiva y relacionando las condiciones de trabajo y los salarios con la productividad y con los beneficios empresariales, y no con la inflación. Se trata de eliminar la duplicidad de competencias entre los distintos niveles de la Administración. Se trata de eliminar los diecisiete submercados en que se han convertido nuestras autonomías. Se trata de eliminar el exceso de oferta inmobiliaria que tenemos, volviendo al sistema de desgravaciones fiscales y aligerando las carteras inmobiliarias de los bancos para que el crédito vuelva a fluir a las familias y a las empresas. Y se trata de reducir y de eliminar el déficit público apretándonos el cinturón y corrigiendo un sector público español completamente sobredimensionado.
El nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 20-N debe, al día siguiente de su toma de posesión, dar cuenta detallada de la grave situación en la que estamos y, a continuación, poner sobre la mesa un plan global de política económica capaz de resolver nuestros problemas. Para ello, el nuevo gobierno debe estar formado por personas con prestigio, con formación, que vengan ya enseñadas, con experiencia en puestos de responsabilidad. No nos podemos permitir el lujo de que aprendan mientras gobiernan. Se tiene que acabar los ministros con bachilleres pelados, las bibianas, las leyres, gente sin ningún bagaje previo que nos ha llevado a este agujero.
Fuente: informacion.es
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