Publicado el viernes 2 de septiembre de 2011
MERCADO DE TRABAJO
España pierde medio millón de trabajadores por cuenta propia
España es un país con un tejido empresarial rígido, que depende totalmente del sector servicios (el ladrillo, la otra gran fuente de riqueza nacional, hace tiempo que tiene el sudario encima), en el que se llama loco de atar a quien alberga la idea de montar un negocio y sensato al que hace oposiciones con la esperanza de acceder algún día a la ubre del Estado. Con tres millones de funcionarios cobrando de las arcas públicas, son los sufridos trabajadores autónomos la columna maestra que sostiene el entramado del Estado del Bienestar, no precisamente ligero. Sin embargo, el pago que reciben por parte de las administraciones es el de un desplante tras otro.
Para un trabajador por cuenta propia, el trabajo es la vida y la vida es el trabajo. El negocio, que depende enteramente de él, no entiende de jornada de ocho horas ni de vacaciones. La seguridad social es puntual y eficiente a la hora de exigirle sus deberes (dl trabajador autónomo tiene que cotizar desde el primer día del mes en que inicia su actividad, obligación que subsiste mientras desarrolla su actividad, incluso durante las situaciones de incapacidad temporal, embarazo o maternidad) pero no lo es tanto a la hora de ampararle cuando vienen mal dadas. Recibe como máximo doce míseros meses de paro si ha cotizado 48 meses o más, frente a los dos años que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena.
Según la legislación vigente, la cuantía de la prestación para el paro de autónomo es del 70 % de su base reguladora, que es el promedio de las bases por las que se hubiera cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. Si se ha estado cotizando por la base mínima (841,80 € en 2010), la prestación ascenderá a 589,26 €, cantidad que los grupos políticos del Parlamento creen holgada para afrontar la hipoteca, hacer la compra, vestir al niño y pagar el asilo de la abuela.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que 1.860.787 autónomos cobran una media mensual de 565,89 euros, cantidad muy inferior a la media del Régimen Especial que regula el colectivo, de 806,77 euros, y mucho más reducida que la media del Régimen General, que era a 1 de agosto de 917,53 euros.
Ni caso a los representantes del colectivo
Con este exquisito trato, no es de extrañar que España sea el país de la Unión Europea que más trabajadores autónomos ha perdido durante la crisis económica. Un total de 486.000 han tirado la toalla entre marzo de 2008 y marzo de 2011, según un informe realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). El trabajo por cuenta propia ni se entiende ni se fomenta, en un país que no tiene cultura emprendedora y donde Gobierna una clase política que no está interesada en desarrollarla.
Si a la ya de por sí escasa población joven española le restamos los opositores, los becarios, los modernos esclavos que trabajan sin cobrar (léase pasantes de despachos de abogados) y los miembros de ese reducidísimo grupo social conformado por los menores de 40 años que perciben una retribución no irrisoria, no son muchos los que ven factible montar un negocio. Muchos hablarán del consabido ‘que inventen ellos' celtibérico para rastrear los motivos sociológicos del desierto emprendedor en nuestro país, de la modorra que producen el sol y la paella, pero lo más inteligente es fijarse en las condiciones que se les ofrecen.
Jóvenes desempleados
El último decreto de medidas laborales no incluye ninguna iniciativa específica dirigida a facilitar el acceso de los desempleados jóvenes al trabajo por cuenta propia. Las principales organizaciones del sector, entre ellas UPTA, habían propuesto al Gobierno ampliar hasta el 100% la reducción de la cuota a la Seguridad Social en los doce primeros meses para los jóvenes desempleados de hasta 30 años que comenzaran una actividad económica. De la misma forma, habían planteado la posibilidad de potenciar un sistema nacional de microcréditos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que integrase las diferentes líneas disponibles en la actualidad y que respondiera a criterios financieros más asumibles por parte de los jóvenes emprendedores.
A todo ello ha hecho oídos sordos el Gobierno, concentrado en el mucho más espectacular acuerdo para el techo de gasto de las administraciones públicas que en el regadío del emprendimiento y la innovación.
La adquisición de conocimientos aplicables a la actividad laboral también es un derecho que les está vedado. Según otro informe de ATA, sólo el 0,56% de los casi tres millones de trabajadores autónomos españoles recibieron formación en 2010, frente al 6% de los trabajadores por cuenta ajena.
Fuente: CapitalMadrid.com
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