LA TRIBUNA - Opinión
26.07.11 - 01:48 -
El 22 de Julio, el Pleno de Málaga aprobó las 'últimas correcciones' de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, exigidas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda cómo órgano que tiene la competencia, regulada en la LOUA 7/2002 y modificaciones posteriores, de proceder a la supervisión y aprobación definitiva del PGOU, y posteriormente a su publicación en el BOJA. Las reglas del juego del planeamiento urbanístico en Andalucía llevan en vigor un tiempo suficiente como para observar «la utilidad del Plan Urbanístico» en la escala del municipio, sus rémoras burocráticas y sus contradicciones conceptuales.
Lo primero que llama la atención de lo publicado en la prensa, es que para ninguno de los tres partidos de la Corporación, lo que al final se ha aprobado como 'últimas correcciones', complementan un documento que parece que a casi nadie convence por distintas razones. La cuestión importante no está tanto en la discrepancia política, aunque parece que no es razonable que a estas alturas del procedimiento pueda realizarse un debate sobre supuestos 'modelos de ciudad' ó se abstiene uno por responsabilidad ciudadana, pero se precisa que el Plan «está anclado en el pasado».
Y lógicamente al equipo de gobierno le corresponde continuar el proceso que inició en 2002, con un primer documento de diagnósis urbana del PGOU/1997, lógico en su momento, y que posteriormente desde el Avance de 2005, se ha encontrado con un camino tortuoso y un escenario normativo cambiante, cuando no escasamente dudoso en su aplicación, y donde la 'visión territorial' del Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga (POTAUM) se termina utilizando, no cómo un documento armonizador de las políticas de infraestructuras y dotaciones de escala supramunicipal, sino lamentablemente como un documento de 'control de las políticas urbanísticas municipales', poco apropiadas.
De todo ello, se fue comprobando que las prácticas del grupo GIL en la Marbella de los 90 se habían extendido a pequeños/medianos municipios (con muy distinto color político) de escasa capacidad de gestión y menos seriedad de sus responsables públicos, donde se planteaban 'macroproyectos' más próximos al negocio fácil que a las posibilidades ciertas de hacerse realidad, que fueron desvaneciéndose como humo. La reacción no podía ser otra que «el cierre del dialogo urbano/territorial entre Comunidad y municipios» y la puesta en valor del poder de 'los informes sectoriales' (carreteras, Medio Ambiente, Cultura, Costas, Movilidad, Servidumbres Aeronáuticas, Acústica,..), que hacen de cualquier Plan Urbanístico, incluso los que apenas son desarrollo pormenorizado del propio PGOU, entren en una divagación de lenta burocracia 'sectorial' de difícil explicación.
En este escenario administrativo-político enrarecido, el nuevo PGOU realizó propuestas sobre vacíos urbanos que ofrecían según sus impulsores una oportunidad de 'cualificar la Ciudad' para continuar el proceso de recomposición urbana iniciado con el Plan de 1983. Lo que de la lectura del propio diagnóstico, que está contenido en el mismo documento, era coherente con el estado de la ciudad se confía sin embargo, mediante los correspondientes convenios urbanísticos, a la iniciativa privada que había puesto sobre la mesa proyectos urbanos, de distinto origen, la capacidad de inversión y transformación urbana (oportunidad basada en las expectativas del propio 'negocio urbano'). Y de todo esto que nos queda. En primer lugar un trabajo importante, y escasamente reconocido, de los técnicos de la Gerencia Municipal que con su aportación anónima, han tratado de encausar el Plan General en las arenas movedizas de la burocracia sectorial. Y en este sentido, en Andalucía nos falta un pensamiento urbano de mayor diversidad, menos sectario y más cívico ('la Ciudad es para los ciudadanos'), y especialmente falta el cumplimiento del sentido de los plazos en los informes de la Administración, y no la espera sin más, sin responsabilidad de quien tiene la supuesta competencia.
En segundo lugar, las dudas provienen de ensalzar los PGOU a 'documentos cuasi perfectos y omnipresentes', que deben abarcar desde lo doméstico (de la ciudad consolidada ó construida) hasta la actuación estratégica de primer nivel. Y ya se sabe, «cuando todo es importante es que en realidad nada es prioritario», y en el 'totum revolutum' algunos sacan alguna ventaja.
Y por último, la realidad económica y social de que proyectar la ciudad sobre 'expectativas de negocio' puede resultar muy caro para algunos, y algo frustrante para el conjunto de la Ciudad. El Urbanismo de 'hacer Caja' como modelo de instrumentalizar las oportunidades que permite la Ciudad para ir recomponiéndose poco a poco es sólo útil en algunas ocasiones. La cuestión no es sólo si las empresas comprometidas por los convenios urbanísticos podrán pagar al municipio sus compromisos económicos. Ahora posiblemente no sea factible, pero el modelo urbano quedará definido y legitimado por 'estas actuaciones estratégicas', ó ¿si no pagan sus obligaciones cambiamos la ordenación de estas áreas de oportunidad?, y además de seguridad jurídica (que no es poco), en realidad ¿Qué esperamos de un Plan Urbanístico, hoy?
Fuente: SUR.es
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