Buscador Google

Búsqueda personalizada

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Las nuevas tasas judiciales, en seis ejemplos

Los ciudadanos que acudan a la Justicia tendrán que pagar una tasa a partir de esta semana
Día 19/11/2012 - 09.06h
Las nuevas tasas judiciales, en seis ejemplos
juan josé úbeda
Rueda de prensa de un despacho de abogados contra las tasas judiciales

El grueso de la población cuya unidad familiar no supere el doble del salario mínimo interprofesional, es decir, 1.282 euros, tendrán que pagar una tasa si acuden a la Justicia a partir de esta semana. 

Despidos laborales, caseros que se niegan a devolver la fianza, inquilinos que dejan de pagar la renta, negligencias médicas, ahorros invertidos en preferentes, disputas sobre una herencia, problemas con la expareja en el reparto de bienes... Son muchos los asuntos que pueden tocar el bolsillo de los españoles. He aquí algunos ejemplos reales:

Tetrapléjico por un accidente de tráfico


Un ocupante de un vehículo se queda tetrapléjico en un accidente y reclama a las compañías aseguradoras 1,3 millones de euros. Interponer la demanda le cuesta 6.050 euros; si tiene que recurrir en apelación, otros 6.550, y si tuviese que llegar al Tribunal Supremo, 6.950 euros. Total tasa: 19.550 euros.
 

Humedades en una vivienda


El propietario de una vivienda quiere que se arregle la terraza de donde proceden las filtraciones. No se sabe cuánto va a costar. La póliza de seguros de hogar, que garantiza la defensa jurídica gratuita, no cubre la tasa y si lo hace, es a costa de duplicar la prima del seguro. Total tasa: 450 euros.
 

Sanciones de tráfico


En las sanciones de tráfico es donde más se ve que la tasa es disuasoria. En las leyes sin retirada de puntos (multas de hasta 100 euros) la tasa judicial es de 200, el doble de la multa. Graves sin puntos (multas de 200 euros), la tasa equivale a la multa: 200 euros.
 

División judicial de patrimonios


En un supuesto de división de un patrimonio común (una herencia entre hermanos) consistente en un piso de 300.000 euros, un apartamento en la playa de 60.000, 35.000 en el banco y un coche valorado en 5.000 euros. Total tasa: 2.300 euros.
 

Reclamación de cantidad


Un jubilado ha denunciado la pérdida de sus ahorros por las preferentes. No prospera la vía penal (exenta de tasas) y tiene que acudir a la civil. Los ahorros reclamados son 128.000 euros,. Se calcula solo que cuesta presentar la demanda. Total tasa: 940 euros.
 

Negligencia médica en el parto


Unos padres reclamaron 600.000 euros de indemnización después de que su hija sufriera graves daños cerebrales por una negligencia médica en el parto. Los padres tuvieron que llegar al Supermo para que se les diera la razón (sentencia del 23 de diciembre de 2002). No tuvieron que pagar. Hoy abonarían: 11.300 euros.
Fuente: ABC.es 

La crisis pone precio a la Justicia

Entran en vigor las tasas judiciales, que por primera vez tendrá que pagar el ciudadano
Día 19/11/2012
La crisis pone precio a la Justicia
MIKEL PONCE
El colectivo de abogados se manifiesta contra la ley de tasas judiciales en Valencia

Los ciudadanos que acudan a la Justicia tendrán que pagar una tasa a partir de esta semana. No en todas las jurisdicciones (la penal y la militar siguen exentas) ni todas las personas físicas (entre ellas, las beneficiarias de justicia gratuita), pero sí el grueso de la población cuya unidad familiar no supere el doble del salario mínimo interprofesional, es decir, 1.282 euros. 

La ley de tasas que el miércoles salió adelante en el Senado, aunque solo con los votos a favor del PP, acabará con toda probabilidad en el Tribunal Constitucional ya sea por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad (la que propugnan jueces o tribunales) o por el recurso de inconstitucionalidad, que podrían interponer en este caso 50 diputados o senadores, o el Defensor del Pueblo. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ya se lo ha pedido a Soledad Becerril. 

Y es que uno de los aspectos que se cuestiona sobre las tasas, al margen del procedimiento de urgencia con el que se ha llevado a cabo su tramitación (en apenas dos meses), es su propia constitucionalidad. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y el resto de personal que trabaja al servicio de la Administración de Justicia llevan tiempo advirtiendo de que la imposición de tasas elevadas puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española. Por contra, el Gobierno sostiene que los ciudadanos que utilizan este servicio son los que tienen que acarrear con los gastos que de sus actuaciones se deriven y argumentan que el dinero que se recaude con estas tasas irá destinado a financiar la justicia gratuita.

De 100 a 1.200 euros


Hasta este momento, las tasas judiciales afectaban solo a las personas jurídicas y a las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa. La nueva ley de tasas se extiende ahora a las personas físicas y toca de lleno a las dos jurisdicciones citadas más la social (laboral), si bien en este caso trabajadores y autónomos tendrán que abonar «solo» un 60 por ciento de la cantidad estipulada. Quedan excluidos de este supuesto, por ejemplo, parados o pensionistas. En líneas generales, las tasas fijas oscilan entre los 100 euros de algunos procedimientos civiles y los 1.200 de un recurso ante la Sala Civil del Tribunal Supremo. Una reclamación de cantidad superior a 2.000 euros costaría, por ejemplo, 150. A las tasas fijas se suman otras variables de entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía procesal, es decir, del interés económico del pleito.

Despidos laborales, caseros que se niegan a devolver la fianza, inquilinos que dejan de pagar la renta, negligencias médicas, ahorros invertidos en preferentes, disputas sobre una herencia, problemas con la expareja en el reparto de bienes... Lejos de los tecnicismos de las jurisdicciones son muchos los asuntos que pueden tocar el bolsillo de los españoles.

Para el Consejo General de la Abogacía, se trata de unas cantidades «desorbitadas» que ningún ciudadano medio puede asumir, pues a las nuevas tasas citadas se suman los honorarios de abogado y procurador. «No es de recibo que la inmensa mayoría de los españoles tenga que pedir un préstamo para poder pagar estas tasas», sostuvo Carnicer durante la protesta de los letrados convocada el 12 de noviembre. Comparten esta opinión las asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos y presidentes de las audiencias provinciales, pese a que supuestamente con la imposición de tasas se reducirá la litigiosidad.
Fuente: ABC.es

martes, 20 de noviembre de 2012

El Gobierno claudicó ante la gran banca para salvar sus cédulas hipotecarias

EL 'STOP' A LOS DESAHUCIOS PONE EN PELIGRO 425.000 MILLONES DE LAS ENTIDADES

El Gobierno claudicó ante la gran banca para salvar sus cédulas hipotecarias
Miguel Temboury, subsecretario de Economía.

J.A. Navas / E. Utrera 20/11/2012   (06:00h)
El Gobierno no ha querido enfrentarse a una reforma legal en profundidad del mercado hipotecario con los desahucios para no inflamar los temores de inseguridad jurídica con que la comunidad financiera observa todo lo que ocurre en la economía española. Los bancos nacionales tienen emitidos más de 425.000 millones de euros en cédulas hipotecarias garantizadas con el reembolso de los préstamos que han ido concediendo para la compra de viviendas. Esta inmensa deuda podría verse gravemente afectada si ahora se abre una vía legal para facilitar el retraso, la refinanciación o incluso el impago de los créditos.

Para los bancos españoles, la de las cédulas hipotecarias es una línea roja que no se debe traspasar, ya que se trata de su deuda de mayor calidad y, por lo tanto, la más demandada por los inversores extranjeros. Además, el drama potencial para el sector es que las cédulas también son empleadas como garantía para acceder a la barra libre de liquidez abierta por el Banco Central Europeo (BCE). De ahí la importancia de asegurar el control del mercado hipotecario para evitar conflictos con las autoridades monetarias y suspicacias entre los analistas del orbe financiero. 

“Las medidas aprobadas por el Gobierno no han tenido impacto de momento, ni en los precios ni en las rentabilidades de las cédulas. Eso sólo ocurriría si se vieran afectadas las hipotecas de mayor calidad por cambios sustanciales en la ley hipotecaria”, aseguran en una de las grandes entidades financieras. Sin embargo, las diferencias entre las rentabilidades que tienen que ofrecer unos bancos y otros son muy distintas según el nivel de solvencia que les asigna el mercado.
 
Por ejemplo, las cédulas hipotecarias de Bankia con vencimiento en diciembre de 2015 están dando un rendimiento del 5,90%, más del doble de lo que paga Santander en el mismo plazo. Popular, en plena ampliación de capital para cubrir las necesidades de capital de 2.500 millones de euros detectadas por Oliver Wyman, tiene que desembolsar un 4,45%. Aunque estos productos suelen rentar menos que la deuda pública, que ahora ofrece alrededor del 3,90% a tres años, los bancos más cuestionados están sometidos a las enormes exigencias de los inversores. De ahí el temor del sector a que una nueva vuelta de tuerca para frenar los desahucios pueda dinamitar su línea de financiación más segura y estable. 

Bankia y Caixabank, los más activos

La gran banca, a través de la patronal AEB, se ha colocado al frente de la manifestación contra los desahucios con el objetivo de arbitrar fórmulas de emergencia que no contravengan la estructura y credibilidad del mercado hipotecario. En las discusiones de los últimos días con el Ministerio de Economía las entidades de crédito más influyentes transmitieron al subsecretario, Miguel Temboury, las gravísimas consecuencias que podrían derivarse de un cambio radical en una legislación antigua, pero que da soporte a un negocio creciente casi en la misma proporción que lo ha hecho la crisis económica.

Desde el año 2007, el saldo vivo de cédulas hipotecarias ha aumentado un 60% en nuestro país, siendo las entidades sistémicas las más activas en el lanzamiento de estos títulos que se comercializan en su mayor parte entre inversores de carácter institucional. Precisamente, el liderazgo de este segmento de negocio lo ostenta Bankia, con más de 60.000 millones en circulación, seguida por Caixabank, con cerca de 40.000 millones. BBVA sobrepasa los 30.000 millones y el Banco Santander está muy cerca de los 27.000 millones de euros.

La sombra de los controvertidos test de estrés llevados a cabo dentro del sistema financiero español ha vuelto a planear en el toma y daca que PP y PSOE han mantenido con la banca ante la alarma social provocada por los desahucios. Al final ha prevalecido la opción más conservadora para no despertar la conciencia de los que piensan que la banca española tiene todavía mucho camino que recorrer en materia de saneamiento y provisiones.

Luis de Guindos ha visto de nuevo las orejas al lobo de Oliver Wyman, porque lo último que le faltaba ahora al mercado financiero español es otra vuelta de tuerca en los balances de las grandes entidades para cubrir el quebranto de otro eventual activo tóxico. El Gobierno ha decidido sacudirse el polvo de las sandalias con una solución parcheada antes que provocar una nueva burbuja en el estanque dorado de las suculentas y muy reconocidas cédulas hipotecarias. 

El de las cédulas hipotecarias es un mercado hasta ahora blindado. Por ejemplo, si un banco emite 100 millones de euros, tiene que aportar 120 millones de euros en garantías de hipotecas de máxima calidad. Es decir, con el doble cortafuego de que el ‘loan to value’ –importe del préstamo respecto al valor de tasación de una vivienda- debe ser inferior al 80% y que todas las hipotecas deben estar referenciadas a primera residencia, el segmento en el que la morosidad es más baja. 
Fuente: COTIZALIA

La mora se dispara al 10,7% por la creación del 'banco malo'

Martes, 20 de noviembre del 2012

PABLO ALLENDESALAZAR
MADRID

La banca está aprovechando la ayuda europea al banco malo que acogerá los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades nacionalizadas para aflorar pérdidas que tenía escondidas en su balance. En los cinco meses comprendidos entre enero y marzo, mes en el que el Gobierno pidió la ayuda europea, los activos impagados crecieron en 11.964 millones de euros, mientras que entre junio y septiembre (cuatro meses) lo hicieron en 13.591 millones.
Fuente: elPeriódico.com

Forges