BAJO EL MANDATO DEL DIRECTOR DE TRABAJO ALBERTO RIVERA
E.C
01/06/2012
(17:03h)
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Daniel Alberto Rivera (Efe).
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera
como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Según informa EP, así consta en las conclusiones del atestado
que ha sido remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla bajo
el título 'Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo
1999-2010', compuesto por el informe en sí acompañado por 50 anexos y
que ha motivado que la magistrada suspenda todas las declaraciones
previstas de imputados a fin de proceder al estudio del atestado.
En el atestado los agentes analizan el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo bajo los sucesivos mandatos de Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y
Daniel Alberto Rivera. Así, en el punto referido al mandato de
Guerrero, encarcelado desde el 10 de marzo en la prisión de Sevilla-1,
consideran que "los miembros del Consejo de Gobierno sí conocerían el
sistema utilizado" para conceder las ayudas investigadas, "participando
en mecanismos que lo harían viable".
No obstante lo cual, los
agentes de la UCO sí afirman con rotundidad que, de las actuaciones
llevadas a cabo, "no se deduce que se destruyera documentación alguna
durante las revisiones realizadas ni en la Dirección General de Trabajo
durante el fin de semana del 20/21 de noviembre de 2010, ni
posteriormente por los equipos que trabajaron tanto desde esta Dirección
General como desde" la Consejería de Empleo, añadiendo que "el objeto
de la revisión era el hallazgo de irregularidades que eran tramitadas a
través" del departamento de Rivera "a los responsables" de dicha
Consejería.
Al comienzo del atestado, los agentes de la UCO
dicen que el informe aportado a la magistrada "será oportunamente
ampliado consecuentemente al desarrollo de las investigaciones llevadas a
cabo por esta Unidad, procediendo a la elaboración de nuevos atestados
relativos, entre otros asuntos, a las ayudas a empresas concedidas por
la Junta y al posible conocimiento de los hechos por otras consejerías y
por otros órganos superiores de la mencionada Administración".
Fuente: El Confidencial
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