Desde entonces, al frente de la Institución ha permanecido María
Luisa Cava de Llano, pero como Defensora del Pueblo interina. También
fue Defensora del Pueblo Interina durante un año y medio Margarita
Retuerto Buades, adjunta Segunda durante los mandatos de Joaquín Ruiz
Jiménez, Álvaro Gil-Robles y Fernando Ávarez de Miranda. Sin embargo,
ninguna de las dos había sido propuesta por los partidos políticos para
ocupar el puesto.
El nombramiento de Soledad Becerril deberá ahora ser refrendado por
las Cámaras, ya que según la Ley Orgánica reguladora del Defensor del
Pueblo, el candidato elegido debe contar con el apoyo de mínimo de 3/5
partes del Pleno del Congreso y, en un plazo máximo de veinte días, del
mismo respaldo en el Pleno del Senado.
Becerril decidió el pasado mes de septiembre abandonar la política
activa y así lo comunicó ante la Junta Directiva Provincial del PP, por
lo que ya no repitió como cabeza de lista en las últimas elecciones
generales.
La nueva Defensora del Pueblo, Licenciada en Filosofía y Letras,
concurrió por primera vez a unas generales en junio de 1977 como
candidata por Sevilla en la coalición UCD que presidía Adolfo Suárez, y
dos años después ya ocupaba una de las secretaría de la Mesa del
Congreso.
Fue nombrada ministra de Cultura en 1981 en el Gobierno de Leopoldo
Calvo Sotelo, la primera de la democracia, cargo en el que permaneció
hasta diciembre de 1982, cuando tomó posesión el primer Gobierno de
Felipe González, y tras la desaparición del partido de Adolfo Suárez, se
unió al Partido Popular, grupo con el que mantuvo su sillón de diputada
durante la cuarta, quinta y sexta legislatura (1989-2000).
En 1995 fue elegida alcaldesa de Sevilla, puesto en el que estuvo
hasta 1999. Este periodo fue el que, según la nueva Defensora del
Pueblo, ha confesado, el que ha vivido "con mayor intensidad y entrega".
Del año 2000 al 2004, Becerril ocupó la Vicepresidencia Tercera del
Congreso de los Diputados, y en el año 2004 fue elegida senadora por la
provincia de Sevilla. Cuatro años después, en las generales de 2008, fue
cabeza de lista del PP por Sevilla, hasta septiembre de 2011, cuando ya
decidió retirarse de la vida política.
La figura del Defensor del Pueblo fue creada en España por Ley
Orgánica en 1981, aunque el primer titular de la Alta Institución no fue
nombrado hasta el 30 de diciembre de 1982. Se trataba de Joaquín
Ruiz-Giménez Cortés, que contó con Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado como
Adjunto Primero y estuvo al frente de la defensoría un mandato, es
decir, cinco años.
Precisamente fue su adjunto quien le sucedió en el cargo, iniciando
en 1988 el segundo mandato de la Alta Institución. Álvaro Gil-Robles fue
Defensor del Pueblo de España entre 1988 y 1993, puesto que ocuparía
entre 1994 y 1999 el tercer Defensor del Pueblo de la historia de
España, Fernando Álvarez de Miranda y Torres.
El cuarto mandato, elegido en el año 2000, recayó sobre Enrique
Múgica, que contó con María Luisa Cava de Llano y Carrió como Adjunta
Primera y de Manuel Aguilar Belda como Adjunto Segundo del Defensor del
Pueblo, cargos que ambos ocupan en la actualidad.
El mismo equipo fue reelegido cinco años después, gestionando así la
Alta Institución hasta 2010, cuando con la salida de Múgica, se
iniciaron dos años de interinidad con María Luisa Cava de Llano al
frente.
Cava de Llano, Adjunta Primera al Defensor del Pueblo desde 2000 y
reelegida en 2005, fue nombrada Defensora interina el 30 de junio de
2010 y se ha hecho cargo de la dirección de la institución durante los
dos años que han tardado Gobierno y oposición en ponerse de acuerdo para
la renovación de su titularidad.
Nacida en Barcelona el 22 de mayo de 1948, casada y con tres hijos,
es abogada no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes
Balears, comunidad autónoma donde ha ocupado distintos cargos políticos.
Además, fue presidenta de la Comisión Nacional de Drogas del Partido
Popular y diputada en el Congreso en las Legislaturas V, VI, y VII. Es
miembro del Consejo asesor para el mantenimiento, conservación y defensa
del Derecho Foral de Ibiza y Formentera.
Como Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, ha tenido a su cargo,
entre otras funciones, las Áreas de Defensa e Interior; Justicia y
Violencia Doméstica; Administración Económica y Asuntos Exteriores e
Inmigración. Recientemente asumió el Mecanismo Nacional de Prevención de
la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
instituido en virtud de la ratificación por España del Protocolo
Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura.
Fuente: Cinco Días