Intensas reuniones entre Gobierno, oposición y entidades financieras para llegar a un acuerdo y retocar la actual normativa hipotecaria
han acabado esta semana en las medidas anunciadas el pasado jueves por
el ministro de Economía, Luis de Guindos. Unas iniciativas que, al
parecer, no convencen en su totalidad a ninguna de las partes. Ahora
bien, todos coinciden en que la reordenación del mercado hipotecario
español debe ser satisfactoria tanto para los ciudadanos como para las
entidades, que tienen que asegurar tanto los depósitos de sus clientes como la canalización adecuada posterior del flujo de crédito. Por tanto, según fuentes próximas a las partes, las conversaciones seguirán en los próximos días con idéntica intensidad.
Unas conversaciones que, por cierto, surgieron en torno a
la cifra que deslizó a la luz pública el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ): cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias en España desde 2007 hasta el primer semestre de 2012.
Una cifra que ha generado mucha más polémica de la inicialmente
prevista tras el caso del suicidio de una mujer en Baracaldo, a la
espera de ser embargada. Desde bancos y cajas se insistió entonces en la necesidad de explicar que se trataba de una cifra global,
no desglosada, de entidades financieras, sin especificar si incluía los
casos que se ejecutan desde la Hacienda pública, y que engloba los
desahucios vinculados a locales, primera y segunda vivienda,
establecimientos industriales o comerciales, garajes y trasteros.
«Las cifras de desahucios de primera vivienda por deudas hipotecarias son mucho menores», señalaba en COPE el pasado viernes el
subsecretario de Economía y Competitividad y coordinador del grupo de
trabajo sobre desahucios, Miguel Temboury, que cifraba entre 4.000 y
15.000 el número desahucios de primera vivienda, cuyo acreedor era el banco, en los últimos cuatro años.
Depurar cifras
Mientras, según confirmaban fuentes financieras a Empresa,
de esas cifras, en el último año, de septiembre de 2011 a igual mes de
2012, unos 1.400 deshaucios correspondían a bancos, y unos 1.100 a
cajas. Y de estos 2.500 casos, aproximadamente el 95%
están ya renegociados o reestructurados con el cliente. Por lo que el
desalojo de la vivienda, según las mismas fuentes financieras, son casos
que se pueden considerar «residuales».
Unos datos que pidió el propio Gobierno hace varios días al
sector para poner en marcha las medidas que finalmente se aprobaron el
jueves con el objetivo, sobre todo, de proteger a aquellas personas
socialmente más vulnerables y que están más expuestas a los efectos de
la crisis económica. Así, el Gobierno anunciaba un paquete de
medidas que permitirá paralizar los desahucios durante dos años a las
familias con bajos ingresos (un máximo de 19.164 euros al año) y
en situaciones extremas, como estar en paro, contar con hijos pequeños,
dependientes o minusválidos. Además, anunciaba la creación de una bolsa
con una parte de las viviendas que tiene adjudicadas la banca, para que
pueda destinarse a alquileres sociales con bajos precios para familias
desahuciadas.
Desde la oposición llegaron pronto las críticas, ya que tal y como reconocen fuentes del Gobierno, el PSOE proponía una reforma muy profunda, de diversas leyes «muy trascendentales»
del ordenamiento jurídico como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley
Hipotecaria, algo que, según las mismas fuentes, requiere «mucha
reflexión y sosiego». «No es un parche, es un Decreto Ley con medidas de
urgente necesidad, no es el vehículo más adecuado para modificar leyes
importantes, esas reformas se podrán abordar durante la tramitación en
el Congreso», afirmaba Temboury.
Desde bancos y cajas la respuesta ha sido inmediata.
Primero, cuando se les pidió suspender la ejecución hipotecaria de
vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, durante los
próximos dos años y, después, apresurándose a explicar que era una
práctica, en cualquier caso, que ya se cumplía. El subsecretario de Economía, preguntado por la implicación de los bancos en este asunto,
afirmaba que conviene no olvidar que en España existe una «cultura de
pago», algo que es «muy importante y que hay que preservar». Por tanto,
la nueva ley irá en la línea de asegurar tanto los intereses del
ciudadano como la de las entidades y sus depositantes.
Y las cifras están ahí para constatar las palabras: Sólo el 3% de la cartera hipotecaria de los bancos está en curso de morosidad,
una tasa muy baja que urge preservar, por lo que, la nueva normativa,
no debería inducir a la cultura del impago. «El que recibe un préstamo
tiene que pagarlo», aseguró el subsecretario de Economía.
Críticas a la reforma
La principal crítica contra la reforma para frenar los
desahucios se refiere a su corto alcance, lo que ha llevado a numerosos
medios a apuntar directamente a Bruselas como principal obstáculo para
una medida más ambiciosa. Sin embargo, estas afirmaciones se han negado
con rotundidad por el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O’Connor.
«Quiero dejar claro que son absolutamente falsas las informaciones que
indican que la Comisión Europea ha ejercido de alguna manera presión
sobre las autoridades españolas en el diseño de las medidas adoptadas
ayer para evitar el desahucio en el caso de hogares vulnerables»,
declaraba.
Las entidades han coincidido todas en señalar a Empresa que
el desahucio siempre es la última opción por la que optan y, de hecho,
explican al detalle las diversas soluciones que aplican siempre a cada
afectado. En unos casos, la mayoría, se amplía la vigencia de la hipoteca para disminuir la cuota. En
otros, se ofrece un periodo de carencia en la amortización de capital o
se llega a acuerdos para que se abonen pagos parciales, de acuerdo con
la capacidad de cada deudor. Una vez adjudicado el bien, se puede llegar
al alquiler social con opción de compra futura, computando el alquiler
en el pago final.
Fuente: ABC.es
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El origen de esta subida se encuentra, según los analistas, en
algunas medidas fiscales que entrarán en vigor en 2013, como la
eliminación de la deducción por compra o la subida del IVA para vivienda
nueva. No obstante, estas cifras están aún por debajo de los nuevos
créditos concedidos en octubre de 2011, que alcanzaron 2.757 millones de
euros, el 13% más que este año.
