El 90% de los impagos de la entidad se concentra en el negocio del ladrillo. La Caja participaba en 18 constructoras.
El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra la cúpula directiva de Caja Castilla-La Mancha (CCM) en el momento de su intervención por el Banco de España, en la que el colectivo denuncia que esos máximos responsables de la Caja de Ahorros concedieran créditos por importe de 3.136 millones de euros a sólo 20 deudores, entre los que se encuentran algunos de los rostros más conocidos del sector inmobiliario en esa comunidad. Así, entre los beneficiarios de los créditos de CCM figuran Domingo Díaz de Mera, Román Sanahuja, Ignacio Barco y Antonio Méndez Pozo, entre otros.
En la querella, Manos Limpias manifiesta también que el ex presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, y el resto de miembros de las juntas directivas de las que él formó parte fueron responsables de la concentración del 90% de los créditos impagados en el sector inmobiliario. En el documento presentado por este colectivo ante la Audiencia Nacional, se detalla el nombre de 34 empresas inmobiliarias que recibieron línea de crédito de la Caja de Ahorros manchega y que, con sus impagos, contribuyeron decisivamente al hundimiento financiero de la entidad. Entre esas entidades beneficiadas por créditos de CCM aparecen inmobiliarias como Reyal, Parquesol, Villa Romana Golf, Metrovacesa, Gecina, Colonial, Bami, Martinsa, Gedeco Avantis, Vemusa, Onda 2000, Rayet, Reino de Don Quijote, Isolux Corsán, Astroc y Urbaja, entre otras firmas.
La querella también menciona como pruebas para la acusación de Hernández Moltó y el resto de gestores de la entidad la ruinosa participación accionarial de CCM en 18 inmobiliarias y constructoras.
La pasada semana, LA GACETA ya informó de que el propio Hernández Moltó había creado el 20 de septiembre de 2001 una filial, denominada CCM Preference Limited, en las Islas Caimán. Esta sociedad permitió a la Caja de Ahorros emitir acciones preferentes garantizadas no acumulativas con el propósito de pagar menos impuestos. El país caribeño es “un lugar de alto riesgo en cuanto a la moralidad y oscurantismo”, según Manos Limpias.
Según consta en la querella del sindicato de funcionarios públicos, esta sociedad satélite de CCM se constituyó conforme a la legislación mercantil de las Islas Caimán con un doble fin: por un lado, realizar operaciones de captación de fondos en la emisión de acciones preferentes garantizadas y, por otro, sortear el pago de impuestos fijado por la legislación española. En las Islas Caimán logró 20 años de carencia en el pago de tasas.
Fuente: LA GACETA
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