La UE pide una fiscalidad ambiental y la Comisión recrimina a España por bloquear los nuevos proyectos de energías renovables
Vida | 04/06/2012 - 08:11h
El sistema tributario español penaliza el trabajo y el empleo, que deben pagar IRPF o la Seguridad Social, y en cambio subsidia el consumo de combustibles fósiles que se deben importar. Invertir esta tendencia es clave para modernizar el mercado español y hacer eficiente el uso de sus recursos. Así lo señala un informe de la Comisión Europea que evalúa los programas de reforma y estabilidad presentados por el Gobierno a la UE.
Vida | 04/06/2012 - 08:11h
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| La contaminación de la ciudad de Barcelona, vista desde Collserola en diciembre de 2011 / LV / Mane Espinosa |
El sistema tributario español penaliza el trabajo y el empleo, que deben pagar IRPF o la Seguridad Social, y en cambio subsidia el consumo de combustibles fósiles que se deben importar. Invertir esta tendencia es clave para modernizar el mercado español y hacer eficiente el uso de sus recursos. Así lo señala un informe de la Comisión Europea que evalúa los programas de reforma y estabilidad presentados por el Gobierno a la UE.
Un repaso al referido documento permite concluir que España aplica una política fiscal anticuada. No se castigan los usos inadecuados de la energía. Bruselas pide introducir la fiscalidad ambiental
como instrumento para incentivar la innovación tecnológica y mejorar la
eficiencia energética. De hecho, los ingresos procedentes de los
impuestos medioambientales en España (en relación al PIB) “fueron los
más bajos de la UE en el año 2010”.
Mientras las deducciones fiscales por la compra de vivienda han
tenido un efecto perverso (alentaron el endeudamiento de las familias y
la formación de la burbuja inmobiliaria), sigue habiendo una “amplia
gama de reducciones y exenciones tributarias, así como subvenciones para
actividades que resultan perjudiciales para el medio ambiente”.
El informe destaca que aún “hay margen de maniobra para aumentos de
los impuestos especiales sobre los combustibles de transporte (gasolina
sin plomo y gasóleo)”. Además, el Gobierno que tiene “pendiente” el plan
para detallar “la forma en que España se propone reducir gradualmente
hasta suprimir las ayudas a la producción de carbón y cerrar las minas
de aquí al 2018”.
Yacimientos, en el reciclado
El informe lamenta que el Plan Estratégico español no recoja
gravámenes para incentivar la adecuada gestión de los residuos, con el
objetivo de generar menos y reciclar más. Es la única manera de “cubrir
los costes de recogida, selección y reciclado”, que son tan bajos que
han motivado una denuncia a la UE de los grupos conservacionistas. Con
estas políticas se generarían 54.000 empleos y aumentaría el negocio
anual del sector de los residuos en unos 5.700 millones euros. Además,
las tarifas del agua, las más bajas de la UE, favorecen los regadíos sin
incentivos para reducir el consumo de agua, lo cual genera
insuficientes recursos económicos para recuperar los ríos.
“La UE nos está diciendo que debemos dejar de penalizar las
actividades virtuosas; que no hay que premiar el ‘vicio’. Se necesita
cambiar el modelo fiscal para gravar lo ‘malo’ y subsidiar lo ‘bueno’,
para evitar el deterioro ecológico y la ineficiencia económica”, señala
Jordi Ortega, investigador en cambio climático y sostenibilidad de la
Universidad Carlos III.
Fiscalidad verde, poca
En España, la fiscalidad ecológico ha tenido escaso desarrollo.
Baleares aplicó su ecotasa turística; Castilla-La Mancha tiene una tasa
para los contaminantes de las térmicas (NOx y SO2). Y la Generalitat
grava los residuos en vertederos e incineradoras.
Contra la idea de que el déficit de la tarifa eléctrica lo provocan
las energías renovables, el informe de la UE critica que se hayan
paralizado las ayudas a este sector, pues se ven comprometidas las metas
en materia de energía y cambio climático para el 2020.
El dictamen apunta que no se están tomando en origen las medidas
suficientes para reducir los costes de la energía, a consecuencia de los
beneficios extraordinarios que obtienen la nuclear e hidráulica, “ya
amortizadas”, según la UE, lo que también obstaculiza el crecimiento
económico. “Un texto que sorprende por su claridad al mostrar que el
Gobierno no ha comprendido la dirección que deben tomar las reformas
estructurales”, dice Ortega.
Energía renovable, bloqueada
En este mismo documento, la Unión Europea ha recriminado a España por
bloquear los nuevos proyectos de energías renovables, que han quedado
paralizados con la congelación de las ayudas a las fuentes limpias a
partir de este año. La Comisión Europea juzga que "la suspensión de las
ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en este sector y
hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos
en el marcado de la Estrategia Europa 2020". La afirmación se incluye en
la evaluación que ha hecho la Comisión de los programas nacionales de
reforma y de estabilidad presentados por el Gobierno español a Bruselas.
La Comisión recuerda que la altísima dependencia de España de la
energía importada complica el cumplimiento de las metas europeas; y
alerta de que, con una menor proporción de renovables, aumentaría la de
tasa de dependencia, cifrada en un 79%, un nivel "muy superior a la
media de la UE", que es del 54%. España está obligada a que en el 2020
el 20% de la energía final sea de origen renovable, pero, según los
datos enviados a Bruselas, en el 2009 sólo se cubría el 9,3%. La
Comisión también indica que en España "aún está pendiente" de resolver
"la simplificación de los complejos procedimientos de autorización", así
como la supresión de los "obstáculos al desarrollo de las energías
renovables".
Decreto encallado
Sin citarlo, el informe se refiere a una burocracia que torpedea los
intentos de descentralizar la producción de energía y mantiene encallado
el decreto de autoconsumo, que permitiría producir energía limpia en
las edificaciones y entregar el excedente a la red. El informe agrega
que "el sistema de atribución de la electricidad en España sigue siendo
ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente".
Los precios no reflejan los costes del sistema eléctrico y, aunque se
han introducido medidas para reducir esos costes, "la subida de las
tarifas a los consumidores puede frenar el consumo interno y reducir la
competitividad exterior de las empresas".
Compensaciones a nucleares e hidroeléctricas
Lo más revelador del informe es que hace suyos en gran medida los
argumentos de quienes afirman que la tarifa eléctrica resulta hinchada
por los beneficios extraordinarios de las nucleares y las
hidroeléctricas. La falta de competencia y el déficit tarifario han
favorecido -se dice- "unas compensaciones excesivas de algunas
infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes
hidroeléctricas", y se mantienen las subvenciones a las minas de carbón,
que son "ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente".
Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, dice que
el dictamen avala las tesis de su organización. "La absoluta falta de
rigor de la conformación de precio del pool eléctrico ya ha sido
denunciada por el anterior presidente de la Comisión Nacional de la
Competencia", dice. "Y la falta de competencia seguirá sin resolverse
con el proyecto del Gobierno de crear un único ente regulador de los
mercados". La Fundación Renovables estima que el déficit tarifario se
debe en gran parte a que, pese a que se ha reducido la demanda eléctrica
por la crisis, han continuado las inversiones en el sector gasista, y
existe una sobredimensión de instalaciones de generación eléctrica que
el cliente paga igualmente. "Desde el 2009, y pese a la crisis, se han
instalado 3.000 MW de plantas de ciclo combinado y han continuado las
inversiones gasistas". Para la fundación, la regulación del sistema
tarifario es "una sucesión de parches".
Todos, con ayudas
"A cada tecnología se le da una compensación: se subvenciona el
carbón nacional, pero eso incrementa las emisiones de CO2, y causa
pérdidas en el gas. Se autorizan plantas de gas, pero como sobran
instalaciones, se les paga por estar paradas y disponibles. Y a las
nucleares e hidroeléctricas se les está retribuyendo por encima de los
costes reales. La gran hidráulica no paga ni un euro por disponer de un
agua que es de todos...", se queja. Javier García Breva habla de falta
de transparencia.
"La fórmula elegida para determinar el déficit tarifario es un
artificio contable. Todos los costes los pagarán los futuros
consumidores", agrega. "La dependencia energética lastra la
competitividad del país. La intensidad energética es muy superior a la
de la UE. España necesita entre un 20 y un 25% más energía para producir
los mismos bienes y servicios que la UE. La mayor importación de gas y
petróleo está perjudicando de manera significativa nuestra
competitivad", resalta García Breva.
Fuente: LA VANGUARDIA.com
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