Autonomías y bancos compiten para vender inmuebles rebajados

Hoy, 06:00 h. | Álex Medina R.

Nueve comunidades autónomas se han embarcado en lo que parece un imposible. Porque quieren recaudar unos 1.500 millones de euros con la venta de inmuebles públicos justo cuando se acaba de aprobar una reforma financiera que obliga a los bancos a sacar como sea sus propiedades. Sólo algunas, como Castilla-La Mancha, contempla ya una rebaja drástica de la mitad del precio.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado el visto bueno a los planes de reequilibrio de todas las comunidades autónomas, excepto al de Asturias, que tendrá que presentar nuevas medidas.

A los planes de ahorro de las comunidades autonómas les ha salido un asterisco del tamaño de la banca española. Mejor dicho: les ha surgido un problema de las dimensiones del agujero que sufre el sistema financiero por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuyas consecuencias ha agudizado el actual Ministerio de Economía con sus últimas medidas.

¿Se acuerdan de lo que costó que autonomías como Andalucía o Cataluña convencieran al Ministerio de Hacienda de que sus planes de ajuste eran apropiados? Con ello, accedían al pago a proveedores y evitaban que se les aplicase con todo el rigor la Ley de Estabilidad que podría desembocar en su intervención.

Pues dichos planes guardan una salvedad enorme. En total, hasta nueve autonomías pretenden cuadrar sus cuentas gracias a la venta de inmuebles; y en concreto, buscan recaudar hasta 1.500 millones con ello.

¿Es eso posible en las actuales circunstancias? Alguna de las interesadas ha admitido la dificultad de conseguir todo lo previsto y sólo se ha anotado como ingreso seguro un tercio de la valoración que hace de su oferta inmobliaria.

Otras no. La mayoría fía cientos de millones de su ajuste a que logrará vender un puñado de sus propiedades en un entorno en el que los bancos se ven obligados a fuertes provisiones de sus activos que alcanzan el 50% de su valor.

Trasladado al mercado puro y duro, eso supone que esos mismos bancos están abocados a sacar a la venta sus pisos con un descuento de hasta la mitad del precio.

Hay un agravante más en plena tormenta: ya en 2011 hubo cinco autonomías que quisieron vender patrimonio y no sacaron un solo euro. Cuatro han vuelto a incluir esas ventas frustradas en sus planes de ahorro (Extremadura es la única que ha renunciado).

Del fiasco andaluz al récord catalán

Algunas, como Andalucía, han rebajado considerablemente sus pretensiones. A la vuelta del verano de 2011, el Gobierno socialista de Sevilla anunció que ponía a la venta 76 propiedades con una tasación global de 950 millones de euros. Llegó el fin de ejercicio y no logró colocar ni un metro cuadrado.

Ahora, en su plan de ahorro que tantos reparos despertó en el Gobierno central, incorpora de nuevo los 76 inmuebles. Eso sí, de ellos sólo espera sacar ya 350 millones, según la previsión explícita que hace en el documento oficial.

Cataluña ha calculado una cifra similar, de 360 millones, para enderezar su desequilibrio. A esta cantidad hay que sumar otros 500 millones que asegura que conseguirá con la desinversión (o privatización) de ciertos servicios. En cualquier caso, la Generalitat confía en percibir casi 1.000 millones con acciones de venta en entorno un paralizado.

La cautela de Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares

De un extremo al contrario. Hay tres regiones que han preferido anotarse unas previsiones de ingresos muy por debajo del valor de mercado para luego no encontrarse con desajustes de última hora (como le sucedió a Andalucía en 2011).

Castilla-La Mancha, la autonomía con el déficit por PIB más desbocado en los dos últimos años, no quiere que le ocurra como con la subasta de coches oficiales, que no consigue colocarlos. El Gobierno presidido por la también secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sacará a subasta inmuebles por valor de 31 millones. No obstante, sólo se anota el 50% de esos ingresos: 15,5 millones.

Aragón va más lejos y si en su plan asegura que pone en el mercado propiedades por 44,8 millones sólo contempla el ingreso efectivo en sus previsiones de 11,65 millones, un tercio del total.

Aunque para previsor, el Gobierno de Baleares. Las islas quieren percibir 11,3 millones por distintas enajenaciones de su patrimonio. Por si acaso, han incorporado al plan un crédito de no disponibilidad por el mismo valor para el supuesto de que no se vendiera nada.

A mitad de camino entre unas y otras se encuentra la Comunidad Valenciana. Por un lado, espera recaudar hasta 141,60 millones en distintos inmuebles. Y, por el otro, difiere a los ejercicios de 2013-2014 la subasta de otros 251 millones argumentado que el mercado no está para muchas alegrías.

Murcia, en cambio, pertenece al bando de las optimistas. Fue de las más imaginativas en otoño de 2011 cuando anunció que vendería los 1.500 atraques en puertos que tenía en propiedad. A día de hoy, sigue con la misma idea y confía en ingresar por ello hasta 103 millones de euros, después de que en 2011 no computara ni un solo billete por ello.

A esta oferta se unen otros 60 millones de euros que deberían proceder de otros inmuebles tradicionales. ¿Va a vender Murcia tanto como la Comunidad Valenciana?

Las dos autonomías restantes que se apuntan a la oferta inmobiliaria bajo un panorama zombie son Madrid y Asturias. Para el poderío patrimonial madrileño, sacar unos 30 millones no parece una misión demasiado complicada.

Asturias, por último, incorporó en su plan rechazado subastas por valor de 28,8 millones. A la espera de que el ajuste definitivo reciba el visto bueno de Hacienda o se añaden otras especificaciones, el Principado quiere deshacerse de sus sedes en Madrid y Bruselas, que llevan en venta casi un año ya sin resultado alguno.

Fuente: lainformacion.com