29/05/2012 - 0:59
 |
Edificio La Cigüeña, en Valencia,
que está en venta. Foto:
Guillermo Lucas
|
Por si no tenía el mercado inmobiliario suficiente oferta,
muchas comunidades autónomas se han lanzado a vender buena parte de su
patrimonio inmobiliario, entre otros bienes, como coches oficiales, con
el fin de reducir el déficit de 2012.
Sus previsiones de ingresos suman 1.655 millones, pero no lo tienen fácil,
según comprobaron las que lo intentaron en 2011, como Cataluña,
Andalucía y la Comunidad Valenciana, que no encontraron comprador y han
tenido que revisar a la baja sus expectativas.
En Cataluña, la Generalitat ya diseño un plan de enajenaciones
de inmuebles para ingresar más de 400 millones en el ejercicio 2011.
Sin embargo, los precios que pedía fueron muy altos, ya que aunque la
Administración sigue ocupando los inmuebles como arrendataria -lo que se
conoce como sale & lease back-, los potenciales compradores exigían garantías de pago de las rentas a través de un seguro, lo que frenó el proceso.
Este año, se ha rediseñado el plan con precios más bajos y la Generalitat ya ha vendido dos edificios:
en marzo, la sede de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad por
52 millones, y, la semana pasada, los servicios territoriales de la
Consejería de Cultura en Barcelona por otros 2,55 millones.
Los 360 millones que espera ingresar el Gobierno de Artur Mas por
venta de inmuebles son solo una parte del plan de venta de activos más
ambicioso de todo el Estado, por valor de 1.171 millones. De esta
cifra, 528 millones corresponden a la privatización de sociedades y la
concesión de algunos servicios que ahora son públicos. En este segundo
apartado los dos ejemplos que se han hecho públicos hasta ahora son la
venta la sociedad Eecat (antes ICF Equipaments), por la que se podrían
ingresar unos 60 millones, y la concesión del servicio de suministro de
Aigües Ter-Llobregat (ATLL), empresa encargada de depurar y transportar
el agua de los ríos Ter y Llobregat al área metropolitana de Barcelona.
Los restantes 283 millones son un Plan B para el caso de que el
Gobierno no pague a Cataluña los 211 millones de la liquidación de 2009
de la cláusula adicional tercera del Estatut referente al pago de
infraestructuras. El plan consistiría en concesionar la sociedad
autopistas Tabasa-Cadí.
La siguiente comunidad por volumen de ingresos previstos por venta de inmuebles es Andalucía,
que fue pionera en 2010 con la venta de cinco edificios administrativos
por 72 millones. En 2011, aprobó enajenar 76 inmuebles en las ocho
provincias, con un total de 283.000 metros cuadrados, mediante una
operación de sale & lease back, pero la situación del mercado
hizo imposible cerrar la venta. El ingreso estimado se cifró el pasado
mes de noviembre en 600 millones. BNP Paribas es la entidad que tiene el
mandato de coordinar la operación. Sin embargo, al presentar el plan
económico-financiero el importe se ha rebajado hasta un máximo de
350 millones, un 41,6 por ciento menos, y se ha acordado con BNP la
posibilidad de venta de ciertos lotes de edificios, y no los 76 en
bloque, lo que da idea de las dificultades para encontrar comprador.
Junto a esta venta de inmuebles, la Junta ha presupuestado la venta
de activos por parte de la televisión pública andaluza para obtener
hasta 35 millones de euros. De ellos, 20 millones procederían de la
venta y posterior alquiler de la sede central de RTVA en Sevilla y sus
delegaciones provinciales. Otros 15 millones procederían de la venta del
49 por ciento que RTVA posee en Sandetel, dedicada al desarrollo de las
tecnologías de la información en la administración.
Murcia vende amarres
Siguiendo
el orden de ingresos previstos, Murcia es la tercera comunidad, con 150
millones, y la primera en originalidad, puesto que la mayor parte
corresponde a la venta de amarres en los puertos de titularidad
autonómica. En concreto, el grueso del Plan de Optimización de Activos
Inmobiliarios (POAI) se centra en la concesión de la explotación de
estos amarres, con libertad de fijación de tarifas para el
concesionario. En la actualidad, en la Región existe un parque de 5.746
puntos de amarre públicos, cuyas concesiones administrativas tienen
diferentes plazos de vencimiento. En 2012 serán 1.712 los puntos de amarre que podrán adjudicarse.
El precio medio "podría superar los 60.000 euros, por lo que el valor
de estos puntos se situaría en torno a los 103 millones", según explica
el Gobierno de Valcárcel en su plan económico financiero. Además, Murcia
espera ingresar cerca de 50 millones por venta de dos palacios -Campuzano y Fontes- y varios edificios administrativos.
Esta región, como otras, ha incluido en sus planes la venta de
empresas públicas, en concreto, el 49 por ciento de la gestora de
hospitales públicos Giscarmsa por 31 millones. Esta posible venta no
reducirá el déficit público al imputarse al Capítulo 8 (ingresos
financieros), pero permitirá dotar de mayor liquidez a la tesorería
regional.
Lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana, que ha puesto en
venta la empresa Ciudad de la Luz, que va a ser muy complicada después
de que la Comisión Europea decidiera hace pocas semanas obligar a la
compañía a devolver 265 millones de subvenciones de la Generalitat.
La Comunidad Valenciana prevé ingresar 141,6 millones en 2012 por la
venta de inmuebles, una previsión quizás optimista después de no haber
conseguido vender ni uno en 2011, cuando ya lo presupuestó. En algunos
casos se trata de edificios emblemáticos, como la antigua maternidad,
hoy sede de dos consejerías, conocida como La Cigüeña, en una de las
mejores zonas de Valencia, o la sede de la Consejería de Economía en la
calle comercial más cara de la capital.
Aeropuerto de saldo
Algo que puede dificultar la venta es que, a diferencia de otras comunidades, la Generalitat no plantea un sale & lease back
en los edificios de las consejerías, ya que estas se trasladarán a un
nuevo complejo administrativo que se construye en la antigua cárcel
Modelo. Otra venta que aliviaría la situación de la Generalitat sería la
del aeropuerto de Castellón, que se ha ofrecido a varios inversores,
aunque no está incluida en el plan financiero.
En Aragón, se está optando por realizar subastas de patrimonio
y de vehículos, además de poner un grupo de inmuebles en manos de
agentes de la propiedad (apis) para ponerlos en el mercado bien en
venta, bien en régimen de alquiler. En concreto, se han subastado pisos y
plazas de garaje procedentes de herencias y se han puesto a la venta
edificios importantes como el Casino Montesblancos, el Centro El Buen Pastor, la Escuela de Arte o la antigua Universidad Laboral, que está cerrada.
También el pabellón de Aragón en la Exposición Internacional
Zaragoza 2008 está en el mercado, aunque en este caso se opta por el
alquiler. El Gobierno de Rudi ha presupuestado para 2012 un unos
ingresos de casi 12 millones por venta de activos, 48 al final de la
legislatura.
El Gobierno de Galicia presume de ser la comunidad que mejor
controló el déficit en 2011, lo que le permite no tener que vender
patrimonio para cuadrar sus cuentas. Eso sí, ya desde principios de la
actual legislatura, puso en marcha un plan para racionalizar el
patrimonio inmobiliario autonómico que le ha permitido rebajar el coste
anual de alquileres en un 20 por ciento, al pasar de gastar 7,6 millones
de euros a 6 millones cada ejercicio.
El ahorro se logró gracias a su política de reestructuración de
dependencias, consistente en tres tipos de actuaciones, como la
eliminación de alquileres y el aprovechamiento de los inmuebles propios;
cuando esto no es posible, renegociando a la baja el coste de los
mismos, y, en tercer lugar, limitando al máximo los nuevos contratos.
Castilla y León no tiene previsto vender patrimonio para
cumplir con los requerimientos de reducción del déficit, objetivo que
logrará con recortes. La comunidad, sin embargo, sí prevé la venta de
vehículos de su parque móvil.
En el País Vasco, donde el problema presupuestario tampoco es
tan acuciante, no existe un plan de venta de activos, aunque sí se han
puesto en marcha operaciones inmobiliarias. En concreto, el Gobierno
vasco está empeñado en vender un mínimo de 4.000 viviendas protegidas
(3.000 ya construidas) para su arrendamiento o subarriendo. La previsión
de ingresos ronda los 134 millones, lo que equivale al 25 por ciento
del presupuesto consolidado del departamento de Vivienda. Sin embargo,
este proyecto ha pasado por múltiples vicisitudes, a pesar de las cuales
el Ejecutivo no enuncia a su venta, que en estos momentos está en fase
de estudio de ofertas del segundo concurso convocado. Se han presentado 4
fondos: London & Regional Properties (Reino Unido), que fue el
único interesado en la primera subasta, que resulto fallida por las
altas exigencias del Gobierno vasco; Aspen Real Estate Financial (USA);
Castlepines Global Equities (Australia), y Topland Group of Companies
(Reino Unido).
Los problemas para colocar inmuebles se repiten en todas las comunidades, lo que ha obligado a sus gobiernos a incluir un plan B
en los planes económico-financieros presentados. Sirva como ejemplo el
de Baleares, que prevé unos ingresos de 11,3 millones y que advierte de
que "dado que esta medida puede estar sometida a un cierto grado de
incertidumbre", se compromete a retener crédito por ese mismo importe.
Por si acaso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario