Gonzalo Checa
9:00 - 28/05/2012
Las novedades en la gestión del patrimonio inmobiliario de la
Administración General del Estado, anunciadas por el Gobierno
recientemente entre sus medidas dirigidas a la reducción del déficit
público, suponen el punto de partida para la inminente racionalización
de su parque de inmuebles, actuación ineludible en un contexto de ahorro
como el que vivimos actualmente.
Esta reforma que impulsa
ahora el Gobierno en la gestión de sus recursos inmobiliarios, provocada
por la maltrecha situación de las cuentas públicas, viene a acompañar
un movimiento global que se viene produciendo en la esfera privada desde
el comienzo de la crisis económica. Este fenómeno consiste en la
progresiva desaparición de la política patrimonialista de las empresas,
especialmente en las grandes compañías, en favor de la inversión en su
negocio principal, su core business.
Las empresas requieren inmuebles capaces de adaptarse a la
evolución de su sector, ofreciendo más flexibilidad y un mejor entorno
de trabajo a sus empleados. Son cada vez más conscientes de que el
elemento inmobiliario representa una gran oportunidad para reducir sus
costes de organización y generar ahorros de manera significativa, lo que
puede repercutir en una mayor rentabilidad y en más oportunidades para
la generación de empleo.
Esta adecuación a sus verdaderas necesidades es la que, desde nuestro
punto de vista, deberían aplicar también el Estado, las comunidades
autónomas y las corporaciones locales, para que los ciudadanos
reconozcan en las Administraciones Públicas un ejemplo de austeridad,
responsabilidad y buena gestión. Esta adaptación exigirá algunas
decisiones que, más allá de su complejidad, representan una gran
oportunidad para ser creativos, aprender y sacar el mayor rendimiento
posible a los recursos inmobiliarios.
En primer lugar, resulta de vital importancia la adecuación de los
alquileres de la Administración a los precios de mercado, lo que
generaría sin duda un ahorro de costes. En el caso de los alquileres con
precios muy elevados, consideramos que sería necesario estudiar la
posibilidad de trasladar algunas sedes desde el corazón de las ciudades
hacia zonas más alejadas del centro.
Buscando también la máxima optimización de los recursos, creemos que
la Administración acertaría al plantearse la propiedad de miles de
inmuebles en todo el territorio nacional y considerar la venta ordenada
de aquellos que pudieran generar ingresos para las arcas públicas. Para
ello es preciso realizar un análisis profundo de los más de 50.000
bienes registrados (entre rústicos, edificaciones y solares) que
actualmente son patrimonio inmobiliario del Estado para conocer aquellos
con posibilidad de ser enajenados.
Además, cualquier reestructuración del patrimonio inmobiliario
público ha de pasar por una imprescindible racionalización de espacios
que incluya un diseño inteligente de los lugares de trabajo. La propia
Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y
Patrimoniales (CCFAIP), constituida hace unos días e impulsada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, admite la necesidad
de "adoptar una estrategia sostenida de reducción de espacio ocupado por
efectivo, tomando como referencia la ocupación en organizaciones del
sector privado". Esta clase de medidas permitirían una mayor eficiencia
de los edificios y evitarían la infrautilización de espacios.
Por último, la nueva normativa aprobada por el Gobierno supone una
gran oportunidad para abordar un estudio en profundidad de los costes
operativos de los inmuebles, garantizando el rendimiento óptimo de sus
instalaciones bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.
Estableciendo una estrategia adecuada en facility management, es posible obtener un ahorro efectivo en el consumo de agua o electricidad en un plazo de tres años.
Las Administraciones Públicas se enfrentan en los próximos años a un
reto titánico, a la vez que urgente: reducir el tradicional peso del
inmobiliario entre sus costes operativos y adaptar sus edificios a las
necesidades reales para proporcionar un servicio más eficiente a los
ciudadanos. Un ejercicio de sentido común e inteligencia que, si bien es
deseable en tiempos de bonanza, la crisis económica ha convertido en
completamente inexcusable.
Gonzalo Checa, director general de la consultora inmobiliaria AOS Studley en Madrid.
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