A. P. B.
8:10 - 2/05/2012
El Gobierno está decidido a impulsar la creación de un banco malo
para segregar los activos inmobiliarios, principalmente suelo, de los
balances de las entidades para recapitalizar el sector. Así consta en el
Programa de Estabilidad aprobado por el Consejo de Ministros y remitido
a Bruselas, en el que una de las medidas es el inicio de la
desconsolidación inmobiliaria de la banca. Pero todavía no se ha
encontrado la fórmula y existen grandes diferencias de criterio en el
seno del Ejecutivo y del Banco de España, además de entre ambas
instituciones.
Tras descartar en un primer momento la constitución de este instrumento por las discrepancias entre los miembros del Gobierno, éste se
ha visto obligado a desempolvar este proyecto ante la incertidumbre
generada en el mercado por la situación real del sistema financiero
español, al considerar que la reforma impulsada por Economía se queda corta y no acota los problemas.
El Ejecutivo ha llegado al convencimiento de que es fundamental crear
un banco malo, pero existe una brecha significativa en cómo se va a
articular este instrumento. Las diferencias entre una parte más
pragmática, encabezada por Luis de Guindos, y otra más política,
liderada por Cristóbal Montoro, impiden su puesta en marcha a corto
plazo, según indican a este periódico fuentes conocedoras del proceso. Se podría retrasar a otoño.
Mientras unos defienden la necesidad, sea como sea, de un saneamiento
rápido y efectivo del sector, otros están más preocupados por la
acogida en los mercados de una medida de estas características, por la
posibilidad de que pueda costar dinero al Estado.
La postura de los solventes
Una
de las diferencias, además del modelo a seguir -alemán, irlandés o
sueco- radica en la voluntariedad u obligatoriedad para el sector. Hay
distintas opiniones tanto el seno del Gobierno como del supervisor. Unos
que defienden las posturas de los grandes grupos y de los medianos más
solventes, que apuestan por un banco malo voluntario, porque consideran
que no puede incluirse a todos en el mismo colectivo y que no todas las
entidades cuentan con la misma situación de deterioro. Tanto el
Santander como BBVA, Sabadell y Popular indicaron que este instrumento
debe ser optativo y descartaron su constitución porque, a su juicio, no
lo necesitan.
Otros miembros del Ejecutivo y del organismo supervisor, en cambio,
consideran que para que la reforma sea creíble por los mercados y de
calado se debe obligar a que todas y cada de las entidades creen
sociedades inmobiliarias donde aparquen sus pisos y suelo.
Además, se muestran partidarios de la imposición sin elección, debido
a que, de los contrario, se estigmatizaría a aquellas que se acojan a
esta herramienta para terminar de sanear sus balances con la cración de
sus bancos malos.
Las diferencias de opinión también existen sobre la conveniencia de
que estas sociedades estén respaldadas con ayudas públicas o avales, ya
que ve inviable que el sector, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), pueda soportar tal carga, teniendo en cuenta que tendrá que aportar los recursos que se concedan a CatalunyaCaixa, Banco de Valencia y, previsiblemente, Novagalicia, en los procesos de subasta iniciados.
Distintos informes, sobre todo el del Fondo Monetario Internacional,
advertían del peligro de que sean las entidades solventes las que
sufraguen el coste de todo el saneamiento del sistema. Se calcula que éste alcanzará entre los 100.000 y los 150.000 millones,
al margen de los 54.000 millones que exige la reforma financiera
impulsada hace dos meses por Economía. De Guindos ha descartado en
reiteradas ocasiones que no habrá ningún tipo de ayuda pública a la
banca.
Goldman Sachs indicó la semana pasada que el sector tenía que hacer
frente a unas provisiones adicionales para cubrir riesgos por importe de
58.000 millones. También cifró entre 21.000 millones y 37.000 millones
la factura de poner en marcha un banco malo.
La iniciativa del Gobierno de crear un banco malo se produce en vísperas de la salida del gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Su mandato vence en julio, hecho que retrasará cualquier tipo de
medida, según otras fuentes del sector. Será su sucesor quién tenga que
impulsar la fórmula elegida para la separación de los activos
inmobiliarios y quién tendrá que convencer al Ejecutivo de las ventajas
de un modelo frente a otros.
El supervisor ya trabaja con varias consultoras y firmas
especializadas, que están asesorando sobre las distintas alternativas.
Una vez que el Banco de España encuentre la fórmula sobre estas
sociedades inmobiliarias, éste tendrá que convencer al Gobierno de su
implantación.
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