Política
Profesor de Dº Constitucional de la UNED
Cuando Rajoy propuso llevar a la Constitución el límite de gasto, sin duda lo hizo para evitar que un nuevo Zapatero derogase una ley como la del Gobierno de Aznar con ese mismo objetivo. Lo coherente ahora es apoyarlo, aunque se diluya en parte mediante remisión de cifras concretas a una futura ley.
La reforma propuesta tiene aspectos positivos: PP y PSOE se ponen de acuerdo y demuestran que no es tan difícil reformar la Carta Magna; es un símbolo que revela una clara voluntad política y traslada a los mercados un mensaje nítido; legitima la actuación de la Unión Europea, expresamente mencionada en el nuevo texto, refuerza la exigencia a las comunidades autónomas para respetar el techo de gasto.
Las autonomías no pueden mantener unos márgenes de decisión de los que carece incluso España, porque todos somos Estado y todos somos miembros de la Unión Europea. No se trata de que pierdan lo que los nacionalistas llaman «soberanía» (que no lo es), sino de que todos hemos cedido ya a la UE buena parte de la política económica.
No va a ser fácil garantizar el cumplimiento: las cifras concretas pueden revisarse en 2015 y 2018; una actuación del Tribunal Constitucional llegaría fuera del ejercicio presupuestario, convirtiendo en ineficaz su tarea.
Y si bien la Administración central puede utilizar el nuevo artículo 135 para obligar a las comunidades autónomas a respetar el techo de gasto, ¿qué ocurriría si no lo hicieran? ¿Se recurriría a la «suspensión» de la autonomía prevista en el art. 155?
Al final, la clave estará en la lealtad institucional.
Fuente: LA RAZÓN.es
Fuente: LA RAZÓN.es
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