Un rápido acuerdo entre el partido en el gobierno y la oposición ha permitido la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución. Con este se intenta garantizar la estabilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas. El artículo se resume en dos puntos principales.
Primero, el Estado y las Comunidades no podrán incurrir en un déficit “estructural” que supere unos márgenes establecidos y, segundo, las entidades locales deberán tener un equilibrio presupuestario. Una Ley Orgánica, que deberá ser aprobada en el año 2012, desarrollará los principios a que se refiere este artículo, y regulará los límites de déficit, la metodología para su cálculo, y la responsabilidades en caso de incumplimiento.
En mi opinión, cualquier medida que intente controlar la espiral de gasto público desmedido en el que nos hemos metido estos últimos años es una buena idea. Los controles de gasto son un paso correcto en el camino a asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y facilitan su acceso a los mercados de deuda. Es verdad también, como se ha dicho en innumerables foros, que pueden restar capacidad de reacción a los gestores públicos frente a las crisis y, por lo tanto, deben ser escritas de tal manera que dejen algún tipo de flexibilidad.
Ahora bien, creo que debemos preguntarnos si, tanto el articulo 135 como la Ley Orgánica que lo acompañará, serán de utilidad para asegurar la sostenibilidad. La primera cuestión aparece en el monto de déficit permitido. El monto, siempre y cuando la cantidad no sea desmesurada, no es de mucho interés en sí mismo. Me parece mucho mas relevante que se tenga que calcular de forma “estructural”.
Es decir, tendrá que suponerse un crecimiento potencial de la economía y, a su vez, calcular desviaciones sobre el mismo. Este supuesto tendrá consecuencias inmediatas sobre el calculo del déficit y, por lo tanto, es crucial saber quién será el encargado de determinarlo y cómo. Si dejamos este cálculo en manos de los políticos de turno gran parte de la utilidad del articulo 135 desaparecerá.
En este contexto, un Consejo de Política Fiscal, dirigido por un grupo de expertos independientes, con presupuesto propio, que analice las condiciones de la economía española y su ciclo económico parece tan crucial e importante como el mismo artículo. Sin este Consejo, todo puede convertirse en agua de borrajas.
La segunda cuestión esta relacionada con las responsabilidades en caso de incumplimiento. Si la legislación no da los incentivos adecuados para que los objetivos de estabilidad se cumplan a rajatabla puede que todo este esfuerzo se quede en nada y los problemas a los que hoy nos enfrentamos vuelvan a renacer en futuro muy cercano.
La cuestión final esta relacionada al calculo del déficit en sí mismo. En los últimos años se han multiplicado el número de empresas públicas asociadas a las diferentes administraciones que han permitido que tanto el déficit como los niveles de deuda sean mas bajos de lo que hubieran sido de otra manera.
Según datos del Banco de España, la deuda acumulada por las empresas públicas supera el 5% del Producto Interior Bruto y está creciendo desmesuradamente. En mi opinión, esta proliferación de empresas públicas con altos niveles de deuda, y que no figura en esta cifra oficial de endeudamiento gracias a un artificio contable, son uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos y la legislación propuesta no parece ser la solución.
De esta manera, mi conclusión es que, tanto el nuevo artículo como la Ley Orgánica que lo acompañará, son, en principio, una buena idea, pero que sin un Consejo de Política Fiscal que los acompañe y una solución a la reproducción de empresas públicas, que enmascaran los niveles reales de deuda pública perderán gran parte de sus efectos positivos o estos se verán fuertemente diluidos. Es una pena, porque parece que siempre nos quedamos a unos pasos de hacer lo correcto y asegurarnos un futuro mejor.
Profesor de la Universidad de Duke e investigador de Fedea
Fuente: Expansión.com
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