ÚLTIMO TRÁMITE PARLAMENTARIO
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| Vista general de la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) |
La directiva, de la que ha sido ponente el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, contempla además la opción de la dación en pago entre otras evoluciones respecto a la legislación española.
Sánchez Presedo explicó a Efe que la normativa "supone un cambio muy importante" al "ser la primera directiva hipotecaria europea" e introducir un listado de garantías que "tendrán que ser incorporadas en la legislación española porque ahora no existen".
Entre las nuevas garantías de las que dispondrán los europeos está la de que el consumidor disponga de un periodo obligatorio de reflexión de siete días antes de firmar un contrato hipotecario, o bien del mismo periodo de siete días para retractarse tras la firma.
La directiva fija estándares mínimos para mejorar la información al consumidor antes de firmar los créditos y para reforzar los derechos de los prestatarios durante el desarrollo de los contratos.
En cuanto a la dación en pago, la nueva norma prohíbe que se pueda excluir esa posibilidad cuando la hayan pactado las partes previamente o incluso si no lo hubieran hecho con anterioridad si aceptasen esa solución a 'posteriori' y ante la imposibilidad del consumidor de asumir la hipoteca. Además, la directiva exigirá una "tolerancia razonable" antes de proceder a las ejecuciones y limitará los cargos por impago para proteger a los consumidores y evitar el sobreendeudamiento a largo plazo.
El texto también incluye garantías de flexibilidad en el pago, por ejemplo, con la eliminación de la posibilidad de imponer recargos si el prestatario quiere pagar el préstamo antes de tiempo. La entidad, eso sí, tendría derecho a recibir una compensación justa por los costes de ese reembolso anticipado, pero no podría imponer multas adicionales para desincentivar esta amortización.
Evitar conceder hipotecas a quien no pueda pagarlas
Para evitar los préstamos irresponsables, las entidades vendedoras de hipotecas tendrían que ser autorizadas, registradas y supervisadas por las autoridades nacionales para asegurarse de que cumplen requisitos profesionales estrictos.
Por otro lado, se reforzarán los criterios de evaluación de la solvencia del comprador, con lo que se quiere frenar la concesión de hipotecas a personas que no puedan pagarlas. Asimismo, la directiva prohíbe a los prestamistas hacer ofertas de crédito condicionadas a la compra de seguros y otros productos financieros de un proveedor especificado.
El eurodiputado Sánchez Presedo dejó claro a Efe que se trata de una "directiva de mínimos, que no limita en ningún caso que los países puedan ir más allá". El acuerdo sobre el contenido de la norma fue ya alcanzado en septiembre, pero la Eurocámara ha esperado a que se aprobaran los nuevos mecanismos de las autoridades europeas de supervisión para pedir información a las autoridades nacionales sobre la implementación de directivas a fin de dar el visto bueno formal. Esta votación formal ha recibido 596 sufragios a favor, 31 en contra y 65 abstenciones.
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