Más facilidades para reurbanizar

JORNADAS | Organizadas por 'El Molar Impulsa'

Ponentes y organizadores de la jornada organizada en El
Molar. | ELMUNDO.es

• La nueva ley establece herramientas para la renovación de zonas deterioradas

• Los ponentes coinciden en la necesidad de matizar algunos aspectos de la ley

• Solicitaron de forma unánime agilizar las licencias de obras

Daniel J. Ollero | Madrid  
Reurbanizar zonas urbanas deterioradas resultará más fácil gracias a la nueva Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación. Esta nueva legislación trae como principales novedades las rehabilitaciones forzosas de edificios antiguos, nuevas vías de financiación en materia energética y la puerta abierta a demoliciones de determinados edificios para permitir llevar a cabo proyectos de renovación en las ciudades.

Con objeto de analizar esta nueva normativa se celebró la 'Jornada De la Rehabilitación a la Renovación Urbana', organizada por El Molar Impulsa que reunió a Julio Touza, Javier de los Nietos, Alcalde de El Boalo y a Juan Blasco Martínez, Concejal de las Rozas de Madrid, ex Director General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid y ex vice Consejero de Vivienda y Suelo.

Según la opinión de los expertos que participaron en la jornada, esta ley pretende dar una vuelta de tuerca a la tradición urbanística española que históricamente se ha centrado en la producción de nuevo suelo para edificar. Una tendencia que, como se comentó durante el encuentro, ha provocado, por un lado, que el parque de viviendas tenga ya una dimensión suficiente para cubrir la necesidad habitacional de los españoles durante los próximos 45 años y, por otro, que una gran parte del mismo haya quedado obsoleto y precise una renovación.

Para el el abogado urbanista Lucio Rivas, la nueva ley "persigue impulsar el sector de la construcción a través de la imposición de deberes urbanísticos en el suelo urbano ya consolidado".

Y es que, según los cálculos del Ejecutivo, esta nueva legislación supondrá la creación de 32.000 puestos de trabajo directos y otros 105.000 indirectos. Además, sostiene que simplificar los trámites necesarios para la rehabilitación acercándo a España a los estándares europeos.

La ley establece tres puntos principales de actuación. El primero de ellos es el deber de conservación que consiste en conseguir que los edificios cumplan unos estándares de seguridad, salubridad, ornato e interés público. El segundo de ellos es el informe de evaluación de los edificios que contempla unas exigencias mayores que las de las actuales Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), como la evaluación de accesibilidad y la certificación de la eficiencia energética del inmueble. El tercer punto se refiere a las actuaciones de rehabilitación edificatoria y a las de regeneración y renovación urbanas.

La importancia de la reurbanización en el nuevo horizonte urbanístico

Según Rivas, el capítulo de la regeneración urbana se plantea con el objetivo de lograr "una mayor densidad y edificabilidad en determinadas zonas como respuesta a una iniciativa dentro de un determinado ámbito de actuación que haya sido aprobado por el ayuntamiento correspondiente".

A pesar de que una iniciativa de renovación puede partir desde un propietario inividual, una comunidad o mancomunidad de vecinos, las administraciones públicas o un agente urbanizador (aquel que no obstenta la condición de propietario del ámbito), esta ley está especialmente pensada para dotar a los municipios de las herramientas necesarias para hacer realidad sus proyectos de planificación urbanística.

Hasta ahora, si se deseaba reurbanizar una zona deteriorada de la ciudad era necesaria la conformidad de los vecinos o que los edificios a demoler para llevar a cabo los planes urbanísiticos estuviesen declarados en estado de ruina. Con esta nueva ley, ya no será 'conditio sin qua non' porque si el ayuntamiento aprueba las iniciativas presentadas, que incluso él mismo ha podido presentar, dispondrá de las herramientas legales para 'borrar' el desarrollo urbano ya creado y hacer realidad nuevos proyectos.

"Las administraciones públicas son las más interesadas en llevar a cabo este tipo de iniciativas porque consiguen herramientas para regenerar zonas degradadas y obtienen beneficios derivados como la cesión del aprovechamiento del 10% si aumenta el número de viviendas o la edificabilidad", sostiene Rivas. "Es muy difícil que los otros agentes legalmente habilitados lo lleven a cabo por el coste y las molestias que ocasiona, ya que quien presente la iniciativa debe hacerse cargo de la cuantía económica que supone", añade.

A pesar de que las herramientas que proporciona la ley pretenden agilizar y facilitar estos procesos, Rivas no le augura un buen horizonte a corto plazo ya que, en su opinión, "los propietarios y las comunidades no van a solicitar las renovaciones por los gastos que conllevan y las administraciones no se atreverán a llevar a cabo demoliciones hasta después de las elecciones municipales".

Aspectos a matizar y mejorar 

Durante la jornada, los expertos coincidieron en la necesidad de afrontar "un cambio de mentalidad" por parte de la población en lo relativo a la rehabilitación. El arquitecto técnico Miguel Ángel Ortega Taboada señaló que las comunidades de vecinos «deben darse cuenta de que en un plazo de entre 10 y 20 años habrán amortizado el coste de unas obras de rehabilitación".

"Es necesario agilizar las licencias de obras", señaló Ortega. Mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), Fernando Prieto Fernández, fue más allá y llegó a calificar de "indecente" el tiempo que tardan en habilitarse dichas licencias.

Juan Blasco Martínez, concejal de urbanismo de Las Rozas, señaló que conceptos introducidos por esta ley como el de 'sostenibilidad' se "diluyen tras el preámbulo". Una tesis con la que Rivas coincide porque el concepto "no se matiza, ni se desarrolla correctamente tras el preámbulo de la misma".