Caixa Geral de Depósitos se plantea crear un 'banco malo' para sus inversiones fallidas en España

El banco público portugués rebaja sus viejas grandes ambiciones en el mercado español 

Reduce su campo de operaciones a Extremadura, Galicia, Cataluña y Madrid 

José Alves-Lisboa.– Hubo una época, no muy lejana, en que el banco público luso Caixa Geral de Depósitos (CGD), que generalmente está al servicio de los intereses estratégicos y político-financieros de los Gobiernos de turno de Lisboa, llegó a alimentar la ambición de convertirse en un actor financiero importante en España. Tanto es así que tuvo en su punta de mira granes operaciones de calado, como la adquisición de entidades financieras de la talla del Banco Atlántico y el Banco Guipuzcoano, que no llegaron a cuajar quizás menos por el precio que por algún déficit de capacidad de decisión. No obstante, con la compra de la red del Chase Manhattan España, de Banco Simeón y de Banco de Extremadura, cuya fusión en 2002 dio lugar al Banco Gaixa Geral (BCG), la mayor institución financiera lusa, controlada al 100% por el Estado, tuvo el empuje suficiente para extender su presencia por toda la geografía española. Pero ahora toca deshacer gran parte del camino andado, tanto por imperativo de la Comisión Europea (en el ámbito de la restructuración de la CGD y del conjunto de la gran banca "recapitalizada" por el Estado) como por la alta concentración de riesgos financieros en la operación española.

De hecho, las ultimas noticias en torno a la actividad de la CGD en España apuntan todas ellas hacia una sola dirección: una revisión drástica a la baja de  su presencia española, y sobre todo hacia la creación de un nuevo "vehículo financiero" en el que estarán concentrados el conjunto de los "activos problemáticos" de BCG. Por lo tanto, además del cierre de oficinas y de los despidos ya iniciados en 2012 por parte del BCG, que según la Comisión Europea deberá a partir de ahora concentrar su actividad en cuatro comunidades (Galicia, Extremadura, Madrid, Cataluña), lo que plantea la dirección de la CGD es la creación a corto plazo de una especie de "bad bank" (banco malo), que se nutrirá con los "project finance" y otras operaciones problemáticas y de alto riesgo firmadas en España, como la financiación inmobiliaria, industrial y de infraestructuras.

Así, pese a no cuestionar la "importancia estratégica" que tiene el mercado español para el conjunto del grupo CGD y para la economía portuguesa (España absorbe una cuarta parte de las exportaciones lusas y sobre todo sirve de lanzadera para la internacionalización de medio millar de empresas portuguesas), la Comisión Europea pone serios trabas a la operación española del banco publico portugués. Es que además del cierre de oficinas y de los despidos previstos, sobre todo en aquellas Comunidades Autónomas donde se quedará sin red, el BCG también deberá recortar drásticamente su actividad, para concentrarse exclusivamente en la banca comercial, absteniéndose por lo tanto de participar en operaciones de riesgo, como "projects finance" y créditos sindicados en la industria y en las infraestructuras. 

La intervención de la Comisión Europea no alcanza únicamente a la actividad internacional de la CGD, sino el conjunto de la gran banca portuguesa, que con la excepción del Banco Espirito Santo (BES). no tuvo más remedio que ponerse bajo la "tutela" del Estado para situar sus ratios de capital al nivel exigido por el Banco de Portugal (BdP) y por la Autoridad Bancaria Europea (ABE). Así, gracias al plan de rescate de 78.000 millones de euros, de los cuales 10.000 millones han sido reservados a la banca, la CGD recibió una "inyección" de capital público de 1.650 millones de euros, mientras que el Banco Comercial Portugués (BCP) y el Banco Portugués de Investimento (BPI), por ejemplo, cuya "reestructuración" también quedó bajo la supervisión de la Comisión Europea y de la "troika", recibieron respectivamente 3.000 y 1.500 millones. 

Fuerte exposición

Sin embargo, la exposición de la CGD en España llama particularmente la atención: aunque sus cuentas al respecto no sean quizás todo lo transparentes que cabría esperar de una institución pública, la prensa lusa sitúa en 3.500 millones de euros el importe total de la inyección de liquidez pública efectuada entre 2010 y 2012. Además de las pérdidas de BCG (90 millones de euros en el primer semestre, lo que representa la mitad de las pérdidas de todo el grupo), CGD tiene otros frentes abiertos en España, como los créditos sindicados y los "projets finance" en sectores en crisis (infraestructuras, inmobiliario e industria) y con empresas en serios apuros. 

En La Seda de Barcelona, sobre todo, el banco público luso ocupa una posición clave, con una participación directa de casi el 15% tanto en el capital como en créditos sindicados, y otra del 41% (directa y indirecta) en la unidad de PET construida en Sines, que representó una inversión de más de 500 millones de euros y donde asumió la responsabilidad principal de financiación. Lo mismo pasa con Pescanova: CGD es el cuarto o el quinto mayor acreedor, con más de 100 millones de euros, y asumió riesgos aun más importantes en la construcción y la financiación de la mayor planta mundial para la cría del rodaballo, Acuinova, inaugurada en 2009 en el Norte de Portugal. En aquellos momentos, el socialista José Sócrates aun estaba al frente del país y atribuía la máxima prioridad a la "inversión española", con la inevitable participación de la CGD, que actúa siempre al servicio de la estrategia y de los intereses del gobierno de turno. 

En relación con el "bad bank" que el nuevo presidente de CGD, José de Matos, planea crear a corto plazo en España, quizás no implique la creación de una nueva entidad. Según la prensa lusa, lo que hará probablemente la institución financiera pública será utilizar la filial que tiene en Madrid y que asumirá ahora toda la actividad relacionada con la banca de inversión. El BCG se quedará por lo tanto únicamente con el negocio de la banca comercial y al detalle, y con una red seriamente amputada, tanto en términos de oficinas y de plantilla como por cobertura geográfica: la reestructuración iniciada a finales de 2012 ya supuso el cierre de 36 oficinas y 175 despidos, con lo que BCG se quedó con una plantilla de 797 empleados y 173 oficinas, pero que aun no tocó fondo, ante el serio repliegue de la actividad impuesta por Bruselas y además en un espacio geográfico más reducido, que representará solo una cuarta parte (en número de regiones) del actual. Un duro golpe para sus viejas ambiciones estratégicas de la CGD en España. 
Fuente: CapitalMadrid.com