La Audiencia impone 3,5 años de cárcel a otro promotor por la venta de dos casas en suelo rústico de Sagra y Benidoleig
11.05.2013 | 02:19
11.05.2013 | 02:19
J. A. M.
La Audiencia ha absuelto al presunto cerebro de la trama urbanística de
Llíber, Miguel Muntaner, por otra estafa inmobiliaria en Sagra y
Benidoleig en el año 2004, según la sentencia a la que ha tenido acceso
este diario. El fallo sólo condena a otro empresario que vendió a dos
matrimonios británicos dos viviendas en suelo no urbanizable y le impone
tres años y medio de cárcel. Según la sentencia, aunque Muntaner vendió
el suelo inicialmente al otro empresario condenado, no ha quedado
probado que tuviera intención de engañar a los afectados y ni siquiera
llegó a tener contacto con ellos. Esto era precisamente lo que el
empresario había argumentado en la vista oral que él se había limitado a
vender el suelo a otra persona.
Muntaner está imputado como presunto cerebro de una macroestafa urbanística en Llíber, en la que se vendieron más de 300 viviendas ilegales y en la que presuntamente se pagaron sobornos a distintas autoridades municipales, entre ellos el alcalde José Más Avellá, para que les aprobaran los permisos de obras, a pesar de que se trataba de suelo no urbanizable. Este otro caso todavía está pendiente de ser juzgado.
Los hechos ahora enjuiciados sólo afectaron a dos matrimonios británicos que deberán ser indemnizados con 187.384 euros y 59.401 euros respectivamente. En los dos casos, las casas que compraron los afectados no se pudieron construir porque se encontraban en suelo no urbanizable y no lograron los permisos necesarios. El fallo dice que el promotor condenado engañó a las víctimas al ocultar que los terrenos que les vendía todavía tenían varios problemas de infraestructura cuya resolución no dependían de él. "Los compradores tenían la creencia de que estaban tratando con un empresario que había emprendido el negocio sobre bases reales y prudentes y que, por lo tanto, cumpliría su obligación y les entregaría las viviendas", dice el fallo. Según los magistrados, el acusado engañó a las víctimas al hacerles creer que se iban a poder edificar. El procesado conocía los riesgos que existían para que los trabajos no recibieran la licencia oportuna, pero los compradores no, y "si lo hubieran conocido, no habrían comprado", apostilla la sentencia.
En cambio, los magistrados consideran que no ha quedado probado que Miguel Muntaner engañara a los perjudicados por el delito, "pues ni siquiera ha tenido contacto con ellos directa o indirectamente". Según el fallo, no está probado que el empresario actuara en connivencia con los afectados para cometer la estafa. Los magistrados recuerdan que Muntaner había vendido el suelo al otro promotor y que sin su intervención "seguramente no habría habido engaño" pero "no se le puede imputar un hecho delictivo a una persona que sin haber actuado en connivencia con el autor del delito ni haberse solidarizado con su plan, lo favorece causalmente al crear una situación fáctica que le sirve al autor para perpetrar el delito".
Los afectados, matrimonios británicos de avanzada edad que buscaban pasar sus años de jubilación en España, pagaron un total de 150.000 euros por viviendas que jamás se construyeron. Los primeros afectados compraron inicialmente la vivienda que se debía levantar en Sagra y al ver que las obras no empezaban, les ofrecieron la posibilidad de cambiarla por otra en Benidoleig, que luego resultó estar en suelo no urbanizable. Los otros perjudicados adquirieron otra vivienda en Xaló, también en suelo rústico.
Fuente: INFORMACIÓN
Muntaner está imputado como presunto cerebro de una macroestafa urbanística en Llíber, en la que se vendieron más de 300 viviendas ilegales y en la que presuntamente se pagaron sobornos a distintas autoridades municipales, entre ellos el alcalde José Más Avellá, para que les aprobaran los permisos de obras, a pesar de que se trataba de suelo no urbanizable. Este otro caso todavía está pendiente de ser juzgado.
Los hechos ahora enjuiciados sólo afectaron a dos matrimonios británicos que deberán ser indemnizados con 187.384 euros y 59.401 euros respectivamente. En los dos casos, las casas que compraron los afectados no se pudieron construir porque se encontraban en suelo no urbanizable y no lograron los permisos necesarios. El fallo dice que el promotor condenado engañó a las víctimas al ocultar que los terrenos que les vendía todavía tenían varios problemas de infraestructura cuya resolución no dependían de él. "Los compradores tenían la creencia de que estaban tratando con un empresario que había emprendido el negocio sobre bases reales y prudentes y que, por lo tanto, cumpliría su obligación y les entregaría las viviendas", dice el fallo. Según los magistrados, el acusado engañó a las víctimas al hacerles creer que se iban a poder edificar. El procesado conocía los riesgos que existían para que los trabajos no recibieran la licencia oportuna, pero los compradores no, y "si lo hubieran conocido, no habrían comprado", apostilla la sentencia.
En cambio, los magistrados consideran que no ha quedado probado que Miguel Muntaner engañara a los perjudicados por el delito, "pues ni siquiera ha tenido contacto con ellos directa o indirectamente". Según el fallo, no está probado que el empresario actuara en connivencia con los afectados para cometer la estafa. Los magistrados recuerdan que Muntaner había vendido el suelo al otro promotor y que sin su intervención "seguramente no habría habido engaño" pero "no se le puede imputar un hecho delictivo a una persona que sin haber actuado en connivencia con el autor del delito ni haberse solidarizado con su plan, lo favorece causalmente al crear una situación fáctica que le sirve al autor para perpetrar el delito".
Los afectados, matrimonios británicos de avanzada edad que buscaban pasar sus años de jubilación en España, pagaron un total de 150.000 euros por viviendas que jamás se construyeron. Los primeros afectados compraron inicialmente la vivienda que se debía levantar en Sagra y al ver que las obras no empezaban, les ofrecieron la posibilidad de cambiarla por otra en Benidoleig, que luego resultó estar en suelo no urbanizable. Los otros perjudicados adquirieron otra vivienda en Xaló, también en suelo rústico.
Fuente: INFORMACIÓN
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