El informe que debería avergonzar a España

Carlos Sánchez

MIENTRAS TANTO

El profesor Friedrich G. Schneider es un bicho raro. Lleva toda su vida académica estudiando la economía sumergida en el mundo y los flujos oscuros de dinero negro. Hasta el punto de que no hay informe internacional sobre la economía informal -la metáfora piadosa que se utiliza en algunos países para describir lo que no es más que un caso de corrupción económica- que no lleve su nombre.

Schneider, por buscar un paralelismo, tiene mucho que ver con Jan Swammerdam, un célebre zoólogo holandés a quien se atribuye una frase prodigiosa: ‘En la anatomía de un piojo encontramos la grandeza de Dios’. Swammerdam, que vivió en el siglo XVII, se pasó toda la vida estudiando el mundo de los insectos, en muchos casos con microscopios construidos por él mismo. Tanto amor por las cosas pequeñas explica que todavía hoy se sigan estudiando sus tratados sobre lo que Swammerdam denominaba "animales que carecen de sangre". 

La mayoría de los gobiernos autonómicos siguen viendo la economía sumergida como un inmenso caladero de votos. Se acepta, como no puede ser de otra manera, que la economía informal existe, pero no se aborda el problema simplemente porque cumple el papel de gran amortiguador social. Atún y chocolate lo llaman al sur de la provincia de Cádiz.

Algo parecido hace Schneider. Estudia con precisión de cirujano cómo circula el dinero negro a través de las cañerías del sistema económico, y su conclusión es devastadora. Según este informe, de hace apenas medio año, el blanqueo de capitales mueve cada año en los veinte países más industrializados del mundo (entre ellos España) más de 603.000 millones de dólares. Una cantidad equivalente a casi dos terceras partes del PIB español, lo que pone de relieve su importancia. Alrededor de 35.000 millones corresponderían a España. No es, por lo tanto, una participación pequeña en este gran negocio de la inmoralidad más cruda.

Lo relevante, sin embargo, no es tanto la cantidad, sino la evolución, toda vez que, en apenas una década, se ha multiplicado por dos. El mundo se ha convertido hoy en una inmensa lavandería de dinero negro (no todo el que existe tiene un origen ilícito) que se blanquea por todas las vías posibles. No sólo el procedente de actividades ilegales (narcotráfico, terrorismo o prostitución), sino a través de canales más formales. Cuando alguien acepta dinero que previamente no ha sido legalizado a través de los circuitos convencionales, lo que hace, en realidad, es blanquear dinero y dar alas a la corrupción. Independientemente de su origen.

El mal ejemplo de España

Y en este sentido, el trabajo del profesor Schneider es revelador. Sostiene (y acredita) el profesor de la Universidad Johannes Kepler, de Linz, que la economía sumergida representa en España el 22,8% del PIB. La tasa es brutal (incluso superior a la que refleja el reciente informe de Visa Europa en el que él mismo ha participado), pero de nuevo lo relevante vuelve a ser la trayectoria. De la muestra de cinco países que se analizan con detalle: Austria, Francia, Alemania e Italia, España es el único que empeora desde 2006. 

¿Cuál es la causa de esta divergencia? El profesor alemán lo achaca, en primer lugar, al elevadísimo nivel de desempleo, que alimenta la economía sumergida. En segundo lugar, identifica al autoempleo (lo que se llama es castizo buscarse la vida) como otra de las causas relevantes que explican los escasos avances en la lucha contra el dinero negro. Mientras que, en tercer y cuarto lugar, respectivamente, se encuentran  las subidas de los impuestos indirectos (fundamentalmente IVA) y la moral tributaria del país, que en España es muy laxa, como acreditan, por cierto, los informes anuales que hace el Instituto de Estudios Fiscales.

¿Qué quiere decir esto? Pues que la estructura socioeconómica de un país determina de forma radical su nivel de economía sumergida, cuyo volumen no depende sólo de la capacidad de lucha contra el fraude fiscal, como a veces y de forma errada se dice, sino de la propia estructura productiva y social. Un país con más paro, indefectiblemente, tendrá mayores probabilidades de tener economía sumergida que otro con menos desempleo. Y eso explica que sean, precisamente, los países de centro y del norte de Europa los que menos economía golfa soportan. 

La primera lección de este informe es obvia. La economía sumergida -al contrario de lo que suele creerse- no es la causa de los problemas de insuficiencia fiscal de España (sólo Irlanda recauda menos en la eurozona), sino la consecuencia. Es el modelo productivo quien determina el nivel de economía golfa, y no al revés. Y por eso, precisamente, las regiones españolas que tienen más economía sumergida son las que tienen peor estructura productiva. De ahí que majaderías como las de Rubalcaba, eliminar los billetes de 500 euros, o de Cayo Lara, cambiarlos de color para que afloren, son simplemente ridículas. 

Actividad y economía sumergida

Como han puesto de relieve trabajos como el del profesor Santos M. Ruesga* las comunidades autónomas en las que la economía irregular tiene mayor presencia son aquellas donde se observan menores tasa de actividad y mayor nivel de paro (Andalucía, Canarias y Extremadura) en otras con un peso relativo importante de la agricultura (Castilla-La Mancha), o en otras donde este sector mantiene una fuerte interrelación con la industria de bienes de consumo (Murcia) y, en general,  con una economía basada en los servicios de bajo valor añadido (turismo, hostelería o comercio) y de la industria ligera y fuertemente atomizada (Comunidad Valenciana).

La economía sumergida -al contrario de lo que suele creerse- no es la causa de los problemas de insuficiencia fiscal de España (sólo Irlanda recauda menos en la eurozona), sino la consecuencia. Es el modelo productivo el que determina el nivel de economía golfa, y no al revés.

Es evidente, por lo tanto, que la clave de bóveda para luchar contra la economía sumergida (convertida hoy en un gigantesco instrumento de amortiguamiento de las tensiones sociales a causa del desempleo) no tiene que ver solo con la inspección fiscal -que es evidente que carece de medios suficientes para luchar contra la ocultación de rentas-, sino, por el contrario, con la capacidad de este país para encontrar un nuevo modelo económico basado en la producción de bienes y servicios de alto valor añadido. Generando, al mismo tiempo, externalidades positivas sobre el conjunto de la actividad. 

Cuando una empresa altamente innovadora se instala en una comarca, irradia talento a su alrededor; pero cuando lo que se busca es profundizar en una economía de servicios de escaso valor añadido, en realidad, lo que se hace es empobrecer a las siguientes generaciones, que estarán condenadas a vivir en los límites de la subsistencia.

Ocurre, sin embargo, que este asunto pasa de puntillas sobre la vida política. ¿Hay alguna comisión en el parlamento creada para ver cómo se crean puestos de trabajo? ¿O es que, en realidad, tanto el Congreso como el Senado son una máquina de ratificar leyes que les remite el Ejecutivo?

Las empresas, públicas y privadas, siguen volcadas en los planes de ajuste, pero se presta escasa a atención a reinventar el país buscando un nuevo modelo productivo, que no es otra cosa que identificar, como ha señalado el profesor Diego Comín, nuevas pautas de especialización en un mundo complejo. Se olvida, en este sentido, casos célebres como el de Nokia, muy estudiados en las escuelas de negocios, que comenzó siendo una empresa de celulosas, luego se especializó en cables submarinos y al final despuntó con los primeros teléfonos móviles. A eso se llama reinventarse.

En su lugar, sin embargo, la mayoría de los gobiernos autonómicos -más pegados a la realidad de los ciudadanos- siguen viendo la economía sumergida como un inmenso caladero de votos. Se acepta, como no puede ser de otra manera, que la economía informal existe, pero no se aborda el problema simplemente porque cumple el papel de gran amortiguador social. Atún y chocolate lo llaman al sur de la provincia de Cádiz.

La consecuencia es que se ha construido un ecosistema basado en la existencia de una industria de la subvención que resulta enormemente útil en términos de clientelismo político: ‘Te doy una paga a fondo perdido de poco más de 400 euros y el resto –hasta completar el nivel mínimo de subsistencia- te lo buscas completamente al margen de los circuitos legales de dinero’. Una mala praxis que este país ya está pagando y, desgraciadamente, seguirá pagando si no es capaz de reinventarse.
*Santos M. Ruesga. Al otro lado de la economía. Editorial Pirámide.
Fuente: El Confidencial