Las contradicciones de las distintas fuentes de datos
- El CGPJ, los registradores, el Banco de España o Economía ofrecen datos contradictorios
Uno de los principales problemas que se encontró el Gobierno el pasado noviembre cuando se decidió a actuar decididamente para paliar el problema de los desahucios hipotecarios es que no había fuentes estadísticas regulares, precisas y pormenorizadas sobre la magnitud del problema. Junto a las medidas de urgencia aprobadas entonces, la suspensión temporal de los desahucios para las familias más vulnerables y la puesta en marcha de un fondo social de vivienda para acoger a los ya afectados, el Ejecutivo anunció la creación de un nuevo registro estadístico con el que enfrentar el problema. Está previsto que el Instituto Nacional de Estadística se encargue de ello, pero el registro no se publicará regularmente hasta 2014. De momento, existen cuatro fuentes con las que analizar el problema, pero no todas trabajan con los mismos datos.
El CGPJ
La estadística con la que comenzó a medirse el fenómeno de los desahucios fue el registro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El organismo se limita a contabilizar los casos que pasan por un juzgado y ofrece tres datos concretos que conviene diferenciar. De un lado están las ejecuciones hipotecarias, es decir los procesos iniciados en los que el acreedor pide ejecutar la garantía ante un juzgado de primera instancia. De inicios de 2008 al cierre de 2012 se produjeron 415.081 procesos, 91.622 solo en el último año. En segundo lugar están los lanzamientos hipotecarios, es decir, los procesos de ejecución que acaban con el cambio de propiedad del inmueble, pasando del deudor al acreedor. Fueron 101.034 casos en 2012. Finalmente, están los lanzamientos con “cumplimiento positivo”, aquellos en los que el lanzamiento termina finalmente llevándose a cabo. Así, hubo 46.408 casos durante 2012. La gran distorsión de estos datos, sin embargo, es que no solo no se refieren únicamente a primeras residencias, sino que agrupan todos los procesos de ejecución y lanzamiento hipotecario, incluyendo las que afectan a locales, oficinas, garajes, etc. De hecho, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, explicó ante el Senado que de los 198.076 ejecuciones hipotecarias pendientes de tramitar de 2012, apenas un 10% corresponderían a primeras residencias.
Los registradores
El pasado abril vieron la luz los datos recogidos por el Colegio de Registradores de España, que afinan la estadística centrándose solo en viviendas familiares, dejando fuera garajes, trasteros, oficinas, naves y locales comerciales o aquellas propiedades en manos de empresas. La conclusión es que durante 2012 se iniciaron 65.778 procesos de ejecución hipotecaria, de los que el 74,76% afectaron a primeras residencias. En paralelo, durante el año la banca se quedó 38.976 viviendas, de las que el 77,06% fueron hogares habituales de familias. Finalmente, los registradores detectaron 14.229 acuerdos para saldar la deuda con la única condición de entregar el inmueble (dación en pago). El balance corresponde a los datos facilitados por el 85% de las oficinas que los registradores tienen en el país, por lo que es de suponer que las cifras reales serían ligeramente superiores.
El Banco de España
El dato que podríamos considerar más ajustado es el que publicó hace pocas semanas el Banco de España basándose directamente en la información recogida por la propia banca, si bien solo sobre un grupo que controla el 85% del crédito hipotecario, por lo que se admite que tampoco “refleja la totalidad” del problema. Los datos detallan que la banca se quedó 39.167 viviendas en 2012, de las que 32.490 eran primera residencia. De estas, 18.325 fueron entregadas por los deudores bajo algún tipo de acuerdo (una dación en pago en 14.110 casos) y 14.165 por orden de un juez. Solo en 2.405 ocasiones la casa seguía habitada en el momento del lanzamiento, lo que ocasionó el desalojo forzoso de las familias. De momento, es lo que podríamos denominar la aproximación más fiel a lo que se suele llamar desahucio. En 355 casos, además, “se requirió la intervención de la fuerza pública”.
Ministerio de economía
Esta misma semana, el Ministerio de Economía hacía público el balance del primer año en vigor del código de buenas prácticas que informaba de 298 casos de dación en pago. Se trata únicamente de aquellos acuerdos propiciados bajo el umbral del código, que obliga a aplicarlo como última solución para las familias sin recursos. La cifra estaría incluida en los totales de las otras fuentes citadas.
Fuente: Cinco Días
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