Propuesta de exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales
El Partido Popular ha presentado una enmienda en el Congreso para que las transferencias de inmuebles desde las entidades financieras al banco malo estén exentas de tributar en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
J. Viñas - Madrid - 02/11/2012 - 21:28
La medida, que previsiblemente se acabará aprobando y será incluida
en la Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito,
afecta a un impuesto que recaudan en su integridad las comunidades
autónomas, que esperan ser compensadas por ello.
El sistema de financiación establece que, en aras del principio de lealtad institucional, la Administración central deben resarcir a las comunidades cuando sus decisiones supongan un incremento de gastos o una reducción de impuestos. Fuentes de Hacienda reconocen que, en principio, la legislación vigente obligaría a ofrecer contrapartidas a las comunidades. Sin embargo, nada de ello está decidido y, de momento.
El 'banco malo', bautizado como Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) acumulará 89.000 viviendas. El PP argumenta que "la reordenación ordenada bancaria perdería prácticamente toda su eficacia si fueran gravadas" las cesiones de los inmuebles al banco malo que, en principio, sería la entidad obligada a pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Sin esta bonificación, las comunidades podrían recaudar unos 1.000 millones adicionales.
El beneficio fiscal sólo afecta a la transferencia de inmuebles de una entidad financiera al banco malo. Es decir, cuando el consumidor final adquiera una de las viviendas del Sareb sí que deberá tributar por el impuesto sobre transmisiones patrimonio. El tipo impositivo se mueve entre el 7% y el 8% del valor de adquisición del inmueble en función de la comunidad.
La exoneración del impuesto sobre transmisiones patrimoniales también se planteó para facilitar la dación en pago, sin embargo, la obligación de compensar a las autonomías frenó, entre otros motivos, su aprobación.
El sistema de financiación establece que, en aras del principio de lealtad institucional, la Administración central deben resarcir a las comunidades cuando sus decisiones supongan un incremento de gastos o una reducción de impuestos. Fuentes de Hacienda reconocen que, en principio, la legislación vigente obligaría a ofrecer contrapartidas a las comunidades. Sin embargo, nada de ello está decidido y, de momento.
El 'banco malo', bautizado como Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) acumulará 89.000 viviendas. El PP argumenta que "la reordenación ordenada bancaria perdería prácticamente toda su eficacia si fueran gravadas" las cesiones de los inmuebles al banco malo que, en principio, sería la entidad obligada a pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Sin esta bonificación, las comunidades podrían recaudar unos 1.000 millones adicionales.
El beneficio fiscal sólo afecta a la transferencia de inmuebles de una entidad financiera al banco malo. Es decir, cuando el consumidor final adquiera una de las viviendas del Sareb sí que deberá tributar por el impuesto sobre transmisiones patrimonio. El tipo impositivo se mueve entre el 7% y el 8% del valor de adquisición del inmueble en función de la comunidad.
La exoneración del impuesto sobre transmisiones patrimoniales también se planteó para facilitar la dación en pago, sin embargo, la obligación de compensar a las autonomías frenó, entre otros motivos, su aprobación.
Fuente de recursos truncada
El impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de casas de segunda mano, fue una fuente inagotable de recursos durante el boom inmobilario. Las comunidades llegaron a ingresar por este tributo 10.00 millones en 2006 y otros 8.000 millones por el impuesto de actos jurídicos documentados, que grava operaciones como la suscripción de una hipoteca. Ahora, las comunidades apenas logran 6.000 millones con la suma de ambos impuestos. Una pérdida de recaudación que explica, en buena parte, la mala situación financiera de las cuentas autonómicas.Fuente: Cinco Días
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