Inspectores de la Agencia Tributaria peinan apartamentos alquilados para comprobar si sus propietarios pagan impuestos
S. SAPENA. GANDIA
Lo que los empresarios del sector del alquiler de apartamentos
turísticos no han logrado en años de reclamaciones se está cumpliendo
ahora gracias a la crisis económica y a la imperiosa necesidad que
tienen las arcas públicas de recaudar fondos.
Funcionarios de la Agencia Tributaria están llevando a cabo esta misma semana una amplia campaña de inspección en las playas de la Safor con el objetivo de destapar el fraude habitual que se produce cuando los propietarios de los apartamentos o los porteros de edificios enteros alquilan los inmuebles sin declarar los ingresos. Es lo que se llama alquilar «en negro», de manera que los beneficios escapan a Hacienda.
Según han señalado varias personas a Levante-EMV, las inspecciones han alcanzado, al menos, a las playas de Gandia, Daimús, Guardamar, Oliva y Xeraco, donde existen miles de apartamentos que se alquilan.
En años precedentes se habían dado casos de inspecciones de la Agencia Tributaria, pero de forma muy esporádica y en escaso número de viviendas. En este verano la cosa va mucho más en serio y los funcionarios actúan sistemáticamente en edificios enteros, llamando a la puerta de cada una de las viviendas y requiriendo información muy concreta a quienes las habitan.
Después de identificarse como inspectores de la Agencia Tributaria, los inquilinos son «invitados» a aportar información sobre el inmueble. En primer lugar, si se trata de su domicilio particular, si está alquilado o si es el centro de algún tipo de actividad empresarial. En segundo lugar solicitan conocer el número de personas que habitan y quién es el propietario.
En el caso de que los residentes no sean propietarios del apartamento se les requiere a que aporten documentación sobre el arrendamiento a través del contrato firmado y una fotocopia del último recibo abonado al propietario o a la agencia inmobiliaria que ha tramitado el alquiler.
Los funcionarios de Hacienda advierten que todos esos datos deben estar en poder de la Agencia Tributaria «en el plazo máximo de quince días», y advierten de que si no cumplen «se incoará el oportuno expediente en orden a determinar las posibles responsabilidades por infracción tributaria en que pudiera haber incurrido».
Con esta campaña en el mes por excelencia de las vacaciones, cuando las playas están llenas, Hacienda pretende sacar a la luz las infracciones que habitualmente se cometen en el alquiler de apartamentos en forma de fraude.
Un propietario puede ceder su piso a un inquilino, pero los ingresos que por ello perciba deben ser declarados a Hacienda como ingresos, algo que eluden un buen número de ellos. En el caso de que el alquiler no sea estacional sino permanente, se deben cumplimentar otros requisitos legales.
En las playas de la Safor, y en el resto de las valencianas, también son habituales los porteros que tramitan el alquiler de apartamentos sin ningún tipo de control administrativo. En la mayoría de los casos se hace a cambio de una comisión.
Las agencias que operan legalmente en el mercado de los apartamentos turísticos consideran que esa actividad les perjudica porque hay muchos turistas que conocen dónde alquilar «en negro». Los empresarios siempre han considerado que eso es «competencia desleal» porque ni pagan impuestos ni existe ningún control de la Administración sobre los inmuebles, e incluso exigen que se sancione a los infractores.
Sus demandas sólo lograron algunas tímidas inspecciones y muy pocas sanciones, pero ahora Hacienda se ha puesto las pilas porque busca hacer caja.
No sólo los inspectores de la Agencia Tributaria están en plena campaña de control en las playas de la Safor. Para tratar de sacar a la luz empleo sumergido, también funcionarios de Trabajo están llegando por sorpresa a algunos locales y requiriendo información y documentos sobre los operarios que están en el mismo.
El verano es un tiempo propicio para que algunos empresarios contraten en negro a trabajadores que cubren los días de mayor actividad del año. A ello se prestan los propios afectados, lo que supone no sólo un riesgo para ellos en caso de accidentes, sino la pérdida de derechos y un fraude a la seguridad social y a Hacienda.
Las visitas a locales se han producido incluso a altas horas de la madrugada en establecimientos de ocio nocturno, lo que evidencia que, también en este aspecto, el Gobierno de España ha cambiado de estrategia y ha decidido presionar para que todos coticen y cumplan sus obligaciones fiscales.
Funcionarios de la Agencia Tributaria están llevando a cabo esta misma semana una amplia campaña de inspección en las playas de la Safor con el objetivo de destapar el fraude habitual que se produce cuando los propietarios de los apartamentos o los porteros de edificios enteros alquilan los inmuebles sin declarar los ingresos. Es lo que se llama alquilar «en negro», de manera que los beneficios escapan a Hacienda.
Según han señalado varias personas a Levante-EMV, las inspecciones han alcanzado, al menos, a las playas de Gandia, Daimús, Guardamar, Oliva y Xeraco, donde existen miles de apartamentos que se alquilan.
En años precedentes se habían dado casos de inspecciones de la Agencia Tributaria, pero de forma muy esporádica y en escaso número de viviendas. En este verano la cosa va mucho más en serio y los funcionarios actúan sistemáticamente en edificios enteros, llamando a la puerta de cada una de las viviendas y requiriendo información muy concreta a quienes las habitan.
Después de identificarse como inspectores de la Agencia Tributaria, los inquilinos son «invitados» a aportar información sobre el inmueble. En primer lugar, si se trata de su domicilio particular, si está alquilado o si es el centro de algún tipo de actividad empresarial. En segundo lugar solicitan conocer el número de personas que habitan y quién es el propietario.
En el caso de que los residentes no sean propietarios del apartamento se les requiere a que aporten documentación sobre el arrendamiento a través del contrato firmado y una fotocopia del último recibo abonado al propietario o a la agencia inmobiliaria que ha tramitado el alquiler.
Los funcionarios de Hacienda advierten que todos esos datos deben estar en poder de la Agencia Tributaria «en el plazo máximo de quince días», y advierten de que si no cumplen «se incoará el oportuno expediente en orden a determinar las posibles responsabilidades por infracción tributaria en que pudiera haber incurrido».
Con esta campaña en el mes por excelencia de las vacaciones, cuando las playas están llenas, Hacienda pretende sacar a la luz las infracciones que habitualmente se cometen en el alquiler de apartamentos en forma de fraude.
Propietarios y porteros
Un propietario puede ceder su piso a un inquilino, pero los ingresos que por ello perciba deben ser declarados a Hacienda como ingresos, algo que eluden un buen número de ellos. En el caso de que el alquiler no sea estacional sino permanente, se deben cumplimentar otros requisitos legales.
En las playas de la Safor, y en el resto de las valencianas, también son habituales los porteros que tramitan el alquiler de apartamentos sin ningún tipo de control administrativo. En la mayoría de los casos se hace a cambio de una comisión.
Las agencias que operan legalmente en el mercado de los apartamentos turísticos consideran que esa actividad les perjudica porque hay muchos turistas que conocen dónde alquilar «en negro». Los empresarios siempre han considerado que eso es «competencia desleal» porque ni pagan impuestos ni existe ningún control de la Administración sobre los inmuebles, e incluso exigen que se sancione a los infractores.
Sus demandas sólo lograron algunas tímidas inspecciones y muy pocas sanciones, pero ahora Hacienda se ha puesto las pilas porque busca hacer caja.
Bares, pubs y locales comerciales tampoco escapan al control
No sólo los inspectores de la Agencia Tributaria están en plena campaña de control en las playas de la Safor. Para tratar de sacar a la luz empleo sumergido, también funcionarios de Trabajo están llegando por sorpresa a algunos locales y requiriendo información y documentos sobre los operarios que están en el mismo.
El verano es un tiempo propicio para que algunos empresarios contraten en negro a trabajadores que cubren los días de mayor actividad del año. A ello se prestan los propios afectados, lo que supone no sólo un riesgo para ellos en caso de accidentes, sino la pérdida de derechos y un fraude a la seguridad social y a Hacienda.
Las visitas a locales se han producido incluso a altas horas de la madrugada en establecimientos de ocio nocturno, lo que evidencia que, también en este aspecto, el Gobierno de España ha cambiado de estrategia y ha decidido presionar para que todos coticen y cumplan sus obligaciones fiscales.
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