Grecia, Irlanda y Portugal han tenido que
emprender dolorosas reformas para pagar el precio del rescate. España ha
adelantado algunas, aunque todavía no se han tocado ni las pensiones ni
el copago sanitario.
Mercados y analistas dan por hecho, de forma casi unánime, que España tendrá que pedir el rescate en pocas semanas, ante la imposibilidad de financiar su deuda a intereses razonables.
Despejada esa incógnita, después de que el propio presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, dejara la puerta abierta al rescate durante su
comparecencia en La Moncloa el pasado 3 de agosto, ahora queda saber
cuándo se producirá la petición de ayuda y, sobre todo, qué costes
conllevará para los ciudadanos.
El Gobierno ha insistido en que no se van a llevar a cabo nuevos
recortes. Desde que ganó las últimas elecciones generales, hace siete
meses, el Ejecutivo ha emprendido un camino hacia la austeridad que le
ha llevado a poner en marcha reformas de calado, en línea con las
recomendaciones elaboradas para España por la Comisión Europea.
Se ha flexibilizado el mercado laboral y se ha abaratado el despido,
se ha retrasado la edad de jubilación hasta los 67 años, se ha eliminado
una paga extra a los funcionarios, se ha recortado la prestación por
desempleo, se ha subido el copago farmacéutico, las tasas
universitarias, el IRPF, el IVA... Medidas que, a corto plazo, harán más
profunda la recesión que vive España pero que, a medio plazo, el
Gobierno confía en que sirvan para reducir el déficit, generar empleo y
aumentar, por ende, los ingresos del Estado.
Se trata de reformas que van en la misma línea que las que se han
llevado a cabo en los países rescatados, aunque con una diferencia
relevante: en esos países se llevaron a cabo después del rescate, como
respuesta a las exigencias planteadas por los prestatarios de la ayuda;
España, sin embargo, ha anticipado los recortes con la esperanza de que
ello contribuiría a evitar una petición de rescate que. Algo que, a día
de hoy, parece inevitable ya que, a pesar de los ajustes, los mercados
siguen desconfiando de la economía española.
¿Igual que en Grecia?
Lo que muchos ciudadanos se preguntan ahora es sí las reformas llevadas a cabo hasta la fecha serán suficientes para conseguir ayuda externa o si, por el contrario, se le pedirán nuevos esfuerzos a España. El Gobierno ha cumplido ya la mayoría de las reformas macroeconómicas incluidas por la Unión Europea en el memorando de entendimiento que tuvo que suscribir para recibir el préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear la banca. Es el caso de la subida del IVA o la eliminación de las deducciones por compra de vivienda.
Sin embargo, un rescate completo podría conllevar nuevos ajustes en
ámbitos que el Gobierno se resiste a tocar. Las pensiones suponen el
caso más representativo.
Grecia, a cambio de los más de 200.000 millones de euros que tiene
previsto recibir para intentar salir del caos económico en el que se
encuentra, ha rebajado la cuantía de las pensiones en hasta un 24% en
sucesivas reformas del sistema. Irlanda hizo lo propio, disminuyendo la
paga de los pensionistas en un 10%.
Rajoy, sin embargo, no quiere ni oír hablar de tocar las pensiones,
consciente de que se trata de una cuestión especialmente sensible,
aunque es probable que un rescate global incluyera contrapartidas en ese
sentido, teniendo en cuenta de que España gastó en pensiones en 2008 el
equivalente al 9,3% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los
últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Reforma sanitaria
Otro campo que el Gobierno de Rajoy se resiste a modificar a fondo es el de la Sanidad. Se incrementó el copago farmacéutico, pero la asistencia sanitaria sigue siendo gratuita (a la espera de la reforma que pretende excluir del sistema a los inmigrantes irregulares).
En Grecia, acudir al médico de familia cuesta cinco euros y algunos
análisis pueden llegar a acarrear un desembolso de 500 euros para el
ciudadano. En Portugal, la consulta en medicina primaria también cuesta
cinco euros, mientras que, para ser tratado en Urgencias, es preciso
abonar veinte euros.
Los salarios son otro asunto candente. El Banco Central Europeo ha
aconsejado a España que impulse una rebaja salarial generalizada,
incluido el salario mínimo, tal y como se hizo en Grecia e Irlanda. El
Ejecutivo ya ha rebajado el sueldo a los funcionarios, pero no se ha
planteado ninguna rebaja del salario mínimo.
Hay que tener en cuenta, además, que el Gobierno podría tener que
responder a una exigencia todavía más complicada como contrapartida de
un hipotético rescate: la reforma del Estado de las Autonomías, un melón
complicado de abrir, pero más difícil todavía de cerrar.
Es una reforma que el Ejecutivo no querría tener que acometer en
ningún caso, a causa del inmenso coste político que conllevaría, aunque
no resulta improbable que finalmente se vea obligado a hacerlo. Bruselas
ya uso el dedo en la llaga el pasado mayo, cuando responsabilizó a las
autonomías del desvío del déficit de España.
Fuente: Expansión.com
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