José Barta, 7 de mayo de 2012
En las últimas semanas estamos asistiendo a un enloquecido frenesí de acuerdos y declaraciones, por parte de nuestros líderes políticos, nacionales y comunitarios, cuya única virtud es la de dejar las cosas como estaban. Y no estaban nada bien.
¿A cuantas reuniones “definitivas”, de los responsables de la eurozona, hemos asistido en los que va de año? ¿Cuál ha sido el resultado final de cada una de ellas?
Y es que son dos las constantes que presiden estos encuentros de los que los gobernantes españoles forman parte: las sociedades que conforman los países periféricos han “pecado” económicamente y por ello deben penar. Esta penitencia, más propia del calvinismo que del catolicismo, se llama austeridad a ultranza, sin sopesar las consecuencias de que “el burro se muera cuando ya se acostumbró a no comer”.
La segunda constante es la de hacer prevalecer los intereses de las entidades financieras por encima de cualquier otro, partiendo de la “superstición” de que el hundimiento de una de estas entidades supondría el hundimiento de la sociedad en su conjunto, de la nación. No se cae en la cuenta de que ya hace mucho tiempo que algunas de estas entidades dejaron de cumplir con aquello que es propio de su naturaleza, por lo cual se justifica su existencia: canalizar recursos financieros a la economía real, para contribuir a su desarrollo, a su crecimiento.
Instituciones como el Banco de Pagos Internacionales se sacan de la manga informes, como el último sobre “los limites a la política monetaria”, cuya única finalidad parece ser la de desarrollar nuevos argumentos para reforzar el entusiasmo por la austeridad, eludiendo la evidencia de una depresión sostenida.
En España la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de medidas realmente eficaces que se adoptan tienen un doble objetivo, insuflar dinero a las entidades financieras y reducir el déficit limitándose a reducir la inversión pública – en un momento de contracción económica sin parangón histórico –, el gasto público – casi exclusivamente en gastos de personal y prestaciones sociales – y favoreciendo el incremento de ingresos, focalizándolo en la clase media (IRPF, IBI, incremento del transporte público, incremento del IVA, etc.), así como la adopción de moderadas medidas que obliguen a aflorar la realidad de las pérdidas de las entidades financieras, para proceder acto seguido a dotarlas, vía prestamos con garantías accionariales, a dotarlas de la liquidez (no solvencia, que llegará cuando el Estado se tenga que hacer cargo de las mismas) precisa para mantenerse una temporada, no demasiado larga.
Me he opuesto al “banco malo” desde que tuve a la vista los nefastos resultados para los contribuyentes irlandeses.
Nuestra situación no es la misma que la irlandesa, ni que la norteamericana, ni que la británica, en lo que respecta al desastre inmobiliario; nuestra situación es bastante peor ya que al disparatado crecimiento de los precios – común a todas estas economías mencionadas – le unimos un desaforado crecimiento de la oferta de todo tipo (especialmente vivienda, ya sea terminada, en curso o suelos) que ya denuncié en el informe que elaboré para la Fundación Encuentro en el 2002, publicado en el 2003 ( http://flashinmobiliario.com/opinion_amplia.asp?id_opinion=69 ).
El banco malo, se diga lo que se diga, no es sino una maniobra para socializar las pérdidas de las entidades financieras privadas. Y una socialización de alcance impredecible dada la imposibilidad de estimar el valor real de muchos de los activos que se adquieren con dinero público, algunos de los cuales pueden tener valor negativo, dada la ausencia de mercado comprador para ellos y los costes de mantenimiento que exigen.
No deja de sorprenderme la aparición de voces “expertas” que aun hoy se lamentan de la no creación de dicho “banco malo” (lo cual no es del todo cierto dada la existencia del FROB), acudiendo al ejemplo de los magníficos resultados obtenidos en Irlanda ¿A que Irlanda se referirán? ¿A la intervenida Irlanda que hasta hace unos días no pudo acudir a los mercados financieros? ¿Quizás les admira que su prima de riesgo sea menor actualmente que la española?
Pues la realidad irlandesa ofrece un crecimiento disparado del desempleo.
Y una caída del consumo que no pronostica nada bueno a corto plazo (véase en el cuadro siguiente no solo la caída del consumo en Irlanda, también la confianza de los consumidores, que está cayendo).
El sector financiero directa e indirectamente, en España y en el resto de Europa, condiciona permanentemente la política económica.
Un sector financiero que, conviene que lo recordemos aun cuando se me tache de demagogo, se ha caracterizado por comportamientos no solo inmorales, algunos podrían llegar a ser calificados de delictivos. Sin ánimo de ser exhaustivo hemos sido testigos de presiones para adquisición de viviendas como inversión a particulares, a instigar el espíritu de lucro desmedido entre los profesionales de la promoción inmobiliaria, aportándoles financiación “sin límites de ningún tipo”, han concedido créditos hipotecarios de dudosa pervivencia, han titulizado dichos créditos para revenderlos en paquetes, en unas operaciones similares a la emprendida por los últimos Gobiernos españoles forzando fusiones bancarias, encaminadas a ocultar la podredumbre, consiguiendo el efecto contrario; han vendido, con abuso de confianza, productos financieros de alto riesgo, a particulares no informados – como las preferentes a jubilados -, han obligado a adquirir acciones, de las entidades que salían a Bolsa, a pequeños empresarios y pymes, amenazándoles con no renovarles créditos…
Y esto no se acaba nunca, hace unos días se ha descubierto la manipulación que se ha realizado, en el Reino Unido, del Libor, por parte del Barclays, pero esto no parece que sea una excepción ni de la entidad ni del país; es posible que en las próximas semanas seamos testigos del descubrimiento de la complicidad de nuevas entidades en este tipo de engaño que busca exclusivamente el enriquecimiento propio.
Día a día descubrimos los ciudadanos de a pie como las normas y reglas que se nos aplican a todos nosotros no son de aplicación para las entidades financieras, como son las decisiones de “no investigar desde las instituciones del Estado” las posibles irregularidades (en nuestro país tampoco se les aplica a la “casta política”), una actitud ésta común a los grandes partidos. Alguna excepción hay, pero cada vez resulta más excepcional.
En España es en este contexto en el que, nuestros gobernantes, siguen retirando recursos económicos a las familias y pequeñas empresas, para seguir apoyando a las entidades financieras y sus propios estándares de calidad de vida.
Socializar la deuda bancaria atenta directamente contra la libre competencia (ya que se actúa en beneficio de los peores, perjudicando a los mejores), al tiempo que establece cargas injustas sobre los contribuyentes.
Pero no acaba aquí el problema, siendo ya estas consecuencias suficientemente graves, se incentivan modelos ineficientes de gestión financiera, ya que se eliminan las consecuencias del fracaso, alentando aquellas decisiones que generan mayor rentabilidad personal, con menosprecio del riesgo de las mismas, que recaerá en la sociedad.
Para nuestro país resulta “vital” evitar la asunción por el Estado de la deuda del sistema financiero, aunque sea por vía indirecta – que es como se nos está colando –. En nuestro País la deuda pública ronda el 75% del PIB, mientras que la deuda del sistema financiero supera el 300% del PIB.
El amable lector podría decirme en este punto algo así como: “A usted se le da bien criticar las distintas soluciones que se están tratando de adoptar, pero es incapaz de aportar alternativas”
Creo que no es exactamente así como suelo actuar, pero entiendo que se pueda llegar a dicha conclusión, especialmente si no se ha tenido la oportunidad de leer otros artículos o informes míos.
Trataré de dar alguna otra alternativa. Aceptaré a priori como demasiado arriesgada la solución que desarrollé en mi artículo “Sobre liquidez, insolvencia y viabilidad” ( http://josebarta.com/2012/06/11/sobre-liquidez-insolvencia-y-viabilidad/ ), dado que parece aterrar el permitir que algunas de las entidades financieras entren en liquidación. Aceptaré como validas las conclusiones de Oliver Wyman y Roland Berger, a pesar de que no soy el único que cuestiona su validez [ver mis artículos “El P P Europeo reconoce nuestras estimaciones de 100.000 millones para la banca” (http://josebarta.com/2012/06/07/el-p-p-europeo-reconoce-nuestras-estimaciones-de-100-000-millones-para-la-banca/) y “Suecia tampoco se cree los datos de Berger y Wyman” (http://josebarta.com/2012/06/28/suecia-tampoco-se-cree-los-datos-de-berger-y-wyman/ ) ].
Voy a proponer una solución que no resulta novedosa, muchos antes la propusieron y, hace unos días, se manifestó favorable a la misma Hans-Werner Sinnn, Presidente del prestigioso IFO alemán: Transformar la deuda total en acciones de las entidades deudoras.
Naturalmente no entiendo que se pueda considerar como deuda, a estos efectos, los “depósitos e imposiciones”, ya que estos por naturaleza buscan eludir cualquier tipo de riesgo. Tampoco trataría como deuda aquellas “participaciones preferentes” que se hayan colocado con manifiesto abuso de confianza, rozando o cayendo de pleno en alguna figura delictiva.
El canje de deuda por acciones se ha venido utilizando habitualmente por las propias entidades financieras, que no han dudado en transformar créditos a empresas – principalmente inmobiliarias, como COLONIAL, METROVACESA, etc. – en participaciones en su capital.
Muchas ventajas tiene este modelo, entre otras el efecto pedagógico de forzar a ser más “responsables” en su toma de decisiones a propietarios y a acreedores.
Si como el Gobierno y algunos “expertos” aseguran, avalados por Berger y Wyman, solo una fracción pequeña del patrimonio de los bancos más afectados ofrece realmente riesgo, el canje de deuda por capital no sería muy alto.
El propio Hans-Werner asegura, aceptando las conclusiones de estas dos consultoras, que – excluyendo los depósitos – la capitalización de deuda necesaria para compensar las pérdidas de hasta el 100% del capital, sería inferior al 12% del volumen de la deuda.
Vamos, un autentico negocio para los acreedores, de resultar ciertas las premisas defendidas por la “ortodoxia”.
Por cierto, se debería obligar a Berger y a Wyman a asumir responsabilidades respecto a las conclusiones de sus informes (lo mismo que se debiera obligar a las auditoras, tasadoras hipotecarias, agencias de rating, etc.). Al menos deberían cobrar sus honorarios en acciones de las entidades afectadas, así podrían hacer un magnifico negocio, al beneficiarse de sus conocimientos. Pienso que será difícil conseguir que acepten algo parecido, quizás esgriman que su trabajo solo busca el beneficio de las sociedades para las que lo realizan, sin sacar provecho alguno de ello: ¡Y es que estamos rodeados de altruistas!
Quisiera realizar una última reflexión, de esas que no le enseñaran en las más prestigiosas escuelas de negocios: la pérdida de valores como la solidaridad, la honradez, la integridad se ha producido en una época marcada por grandes declaraciones de principios éticos, por parte de todo tipo de empresas, especialmente por parte de las grandes corporaciones. Y se ha alardeado de que la defensa de los mismos proporcionaba magníficos beneficios económicos.
Desgraciadamente nunca sabremos si eso es verdad dado que nunca se dio realmente la defensa de dichos valores.
Personalmente pienso que esforzarse por actuar conforme a elevadas exigencia éticas y morales lo que garantiza es la felicidad personal, sin que perjudique necesariamente la posibilidad de enriquecerse.Y por supuesto lo que tengo muy claro es que la autentica cultura de una empresa no es aquella que aparece en una institucional declaración de “valores de la misma”, sino que viene determinada por aquellas actuaciones que realizar sus miembros, cuando piensan que nadie se enterará.
En las últimas semanas estamos asistiendo a un enloquecido frenesí de acuerdos y declaraciones, por parte de nuestros líderes políticos, nacionales y comunitarios, cuya única virtud es la de dejar las cosas como estaban. Y no estaban nada bien.
¿A cuantas reuniones “definitivas”, de los responsables de la eurozona, hemos asistido en los que va de año? ¿Cuál ha sido el resultado final de cada una de ellas?
Y es que son dos las constantes que presiden estos encuentros de los que los gobernantes españoles forman parte: las sociedades que conforman los países periféricos han “pecado” económicamente y por ello deben penar. Esta penitencia, más propia del calvinismo que del catolicismo, se llama austeridad a ultranza, sin sopesar las consecuencias de que “el burro se muera cuando ya se acostumbró a no comer”.
La segunda constante es la de hacer prevalecer los intereses de las entidades financieras por encima de cualquier otro, partiendo de la “superstición” de que el hundimiento de una de estas entidades supondría el hundimiento de la sociedad en su conjunto, de la nación. No se cae en la cuenta de que ya hace mucho tiempo que algunas de estas entidades dejaron de cumplir con aquello que es propio de su naturaleza, por lo cual se justifica su existencia: canalizar recursos financieros a la economía real, para contribuir a su desarrollo, a su crecimiento.
Instituciones como el Banco de Pagos Internacionales se sacan de la manga informes, como el último sobre “los limites a la política monetaria”, cuya única finalidad parece ser la de desarrollar nuevos argumentos para reforzar el entusiasmo por la austeridad, eludiendo la evidencia de una depresión sostenida.
En España la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de medidas realmente eficaces que se adoptan tienen un doble objetivo, insuflar dinero a las entidades financieras y reducir el déficit limitándose a reducir la inversión pública – en un momento de contracción económica sin parangón histórico –, el gasto público – casi exclusivamente en gastos de personal y prestaciones sociales – y favoreciendo el incremento de ingresos, focalizándolo en la clase media (IRPF, IBI, incremento del transporte público, incremento del IVA, etc.), así como la adopción de moderadas medidas que obliguen a aflorar la realidad de las pérdidas de las entidades financieras, para proceder acto seguido a dotarlas, vía prestamos con garantías accionariales, a dotarlas de la liquidez (no solvencia, que llegará cuando el Estado se tenga que hacer cargo de las mismas) precisa para mantenerse una temporada, no demasiado larga.
Me he opuesto al “banco malo” desde que tuve a la vista los nefastos resultados para los contribuyentes irlandeses.
Nuestra situación no es la misma que la irlandesa, ni que la norteamericana, ni que la británica, en lo que respecta al desastre inmobiliario; nuestra situación es bastante peor ya que al disparatado crecimiento de los precios – común a todas estas economías mencionadas – le unimos un desaforado crecimiento de la oferta de todo tipo (especialmente vivienda, ya sea terminada, en curso o suelos) que ya denuncié en el informe que elaboré para la Fundación Encuentro en el 2002, publicado en el 2003 ( http://flashinmobiliario.com/opinion_amplia.asp?id_opinion=69 ).
El banco malo, se diga lo que se diga, no es sino una maniobra para socializar las pérdidas de las entidades financieras privadas. Y una socialización de alcance impredecible dada la imposibilidad de estimar el valor real de muchos de los activos que se adquieren con dinero público, algunos de los cuales pueden tener valor negativo, dada la ausencia de mercado comprador para ellos y los costes de mantenimiento que exigen.
No deja de sorprenderme la aparición de voces “expertas” que aun hoy se lamentan de la no creación de dicho “banco malo” (lo cual no es del todo cierto dada la existencia del FROB), acudiendo al ejemplo de los magníficos resultados obtenidos en Irlanda ¿A que Irlanda se referirán? ¿A la intervenida Irlanda que hasta hace unos días no pudo acudir a los mercados financieros? ¿Quizás les admira que su prima de riesgo sea menor actualmente que la española?
Pues la realidad irlandesa ofrece un crecimiento disparado del desempleo.
Y una caída del consumo que no pronostica nada bueno a corto plazo (véase en el cuadro siguiente no solo la caída del consumo en Irlanda, también la confianza de los consumidores, que está cayendo).
El sector financiero directa e indirectamente, en España y en el resto de Europa, condiciona permanentemente la política económica.
Un sector financiero que, conviene que lo recordemos aun cuando se me tache de demagogo, se ha caracterizado por comportamientos no solo inmorales, algunos podrían llegar a ser calificados de delictivos. Sin ánimo de ser exhaustivo hemos sido testigos de presiones para adquisición de viviendas como inversión a particulares, a instigar el espíritu de lucro desmedido entre los profesionales de la promoción inmobiliaria, aportándoles financiación “sin límites de ningún tipo”, han concedido créditos hipotecarios de dudosa pervivencia, han titulizado dichos créditos para revenderlos en paquetes, en unas operaciones similares a la emprendida por los últimos Gobiernos españoles forzando fusiones bancarias, encaminadas a ocultar la podredumbre, consiguiendo el efecto contrario; han vendido, con abuso de confianza, productos financieros de alto riesgo, a particulares no informados – como las preferentes a jubilados -, han obligado a adquirir acciones, de las entidades que salían a Bolsa, a pequeños empresarios y pymes, amenazándoles con no renovarles créditos…
Y esto no se acaba nunca, hace unos días se ha descubierto la manipulación que se ha realizado, en el Reino Unido, del Libor, por parte del Barclays, pero esto no parece que sea una excepción ni de la entidad ni del país; es posible que en las próximas semanas seamos testigos del descubrimiento de la complicidad de nuevas entidades en este tipo de engaño que busca exclusivamente el enriquecimiento propio.
Día a día descubrimos los ciudadanos de a pie como las normas y reglas que se nos aplican a todos nosotros no son de aplicación para las entidades financieras, como son las decisiones de “no investigar desde las instituciones del Estado” las posibles irregularidades (en nuestro país tampoco se les aplica a la “casta política”), una actitud ésta común a los grandes partidos. Alguna excepción hay, pero cada vez resulta más excepcional.
En España es en este contexto en el que, nuestros gobernantes, siguen retirando recursos económicos a las familias y pequeñas empresas, para seguir apoyando a las entidades financieras y sus propios estándares de calidad de vida.
Socializar la deuda bancaria atenta directamente contra la libre competencia (ya que se actúa en beneficio de los peores, perjudicando a los mejores), al tiempo que establece cargas injustas sobre los contribuyentes.
Pero no acaba aquí el problema, siendo ya estas consecuencias suficientemente graves, se incentivan modelos ineficientes de gestión financiera, ya que se eliminan las consecuencias del fracaso, alentando aquellas decisiones que generan mayor rentabilidad personal, con menosprecio del riesgo de las mismas, que recaerá en la sociedad.
Para nuestro país resulta “vital” evitar la asunción por el Estado de la deuda del sistema financiero, aunque sea por vía indirecta – que es como se nos está colando –. En nuestro País la deuda pública ronda el 75% del PIB, mientras que la deuda del sistema financiero supera el 300% del PIB.
El amable lector podría decirme en este punto algo así como: “A usted se le da bien criticar las distintas soluciones que se están tratando de adoptar, pero es incapaz de aportar alternativas”
Creo que no es exactamente así como suelo actuar, pero entiendo que se pueda llegar a dicha conclusión, especialmente si no se ha tenido la oportunidad de leer otros artículos o informes míos.
Trataré de dar alguna otra alternativa. Aceptaré a priori como demasiado arriesgada la solución que desarrollé en mi artículo “Sobre liquidez, insolvencia y viabilidad” ( http://josebarta.com/2012/06/11/sobre-liquidez-insolvencia-y-viabilidad/ ), dado que parece aterrar el permitir que algunas de las entidades financieras entren en liquidación. Aceptaré como validas las conclusiones de Oliver Wyman y Roland Berger, a pesar de que no soy el único que cuestiona su validez [ver mis artículos “El P P Europeo reconoce nuestras estimaciones de 100.000 millones para la banca” (http://josebarta.com/2012/06/07/el-p-p-europeo-reconoce-nuestras-estimaciones-de-100-000-millones-para-la-banca/) y “Suecia tampoco se cree los datos de Berger y Wyman” (http://josebarta.com/2012/06/28/suecia-tampoco-se-cree-los-datos-de-berger-y-wyman/ ) ].
Voy a proponer una solución que no resulta novedosa, muchos antes la propusieron y, hace unos días, se manifestó favorable a la misma Hans-Werner Sinnn, Presidente del prestigioso IFO alemán: Transformar la deuda total en acciones de las entidades deudoras.
Naturalmente no entiendo que se pueda considerar como deuda, a estos efectos, los “depósitos e imposiciones”, ya que estos por naturaleza buscan eludir cualquier tipo de riesgo. Tampoco trataría como deuda aquellas “participaciones preferentes” que se hayan colocado con manifiesto abuso de confianza, rozando o cayendo de pleno en alguna figura delictiva.
El canje de deuda por acciones se ha venido utilizando habitualmente por las propias entidades financieras, que no han dudado en transformar créditos a empresas – principalmente inmobiliarias, como COLONIAL, METROVACESA, etc. – en participaciones en su capital.
Muchas ventajas tiene este modelo, entre otras el efecto pedagógico de forzar a ser más “responsables” en su toma de decisiones a propietarios y a acreedores.
Si como el Gobierno y algunos “expertos” aseguran, avalados por Berger y Wyman, solo una fracción pequeña del patrimonio de los bancos más afectados ofrece realmente riesgo, el canje de deuda por capital no sería muy alto.
El propio Hans-Werner asegura, aceptando las conclusiones de estas dos consultoras, que – excluyendo los depósitos – la capitalización de deuda necesaria para compensar las pérdidas de hasta el 100% del capital, sería inferior al 12% del volumen de la deuda.
Vamos, un autentico negocio para los acreedores, de resultar ciertas las premisas defendidas por la “ortodoxia”.
Por cierto, se debería obligar a Berger y a Wyman a asumir responsabilidades respecto a las conclusiones de sus informes (lo mismo que se debiera obligar a las auditoras, tasadoras hipotecarias, agencias de rating, etc.). Al menos deberían cobrar sus honorarios en acciones de las entidades afectadas, así podrían hacer un magnifico negocio, al beneficiarse de sus conocimientos. Pienso que será difícil conseguir que acepten algo parecido, quizás esgriman que su trabajo solo busca el beneficio de las sociedades para las que lo realizan, sin sacar provecho alguno de ello: ¡Y es que estamos rodeados de altruistas!
Quisiera realizar una última reflexión, de esas que no le enseñaran en las más prestigiosas escuelas de negocios: la pérdida de valores como la solidaridad, la honradez, la integridad se ha producido en una época marcada por grandes declaraciones de principios éticos, por parte de todo tipo de empresas, especialmente por parte de las grandes corporaciones. Y se ha alardeado de que la defensa de los mismos proporcionaba magníficos beneficios económicos.
Desgraciadamente nunca sabremos si eso es verdad dado que nunca se dio realmente la defensa de dichos valores.
Personalmente pienso que esforzarse por actuar conforme a elevadas exigencia éticas y morales lo que garantiza es la felicidad personal, sin que perjudique necesariamente la posibilidad de enriquecerse.Y por supuesto lo que tengo muy claro es que la autentica cultura de una empresa no es aquella que aparece en una institucional declaración de “valores de la misma”, sino que viene determinada por aquellas actuaciones que realizar sus miembros, cuando piensan que nadie se enterará.
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