La Justicia chilena envió un exhorto a Francia para solicitar información sobre el estado de salud del poeta Pablo Neruda
en los años previos a su muerte en 1973, mientras era embajador en ese
país, en el marco de la indagatoria para esclarecer si pudo ser
asesinado por la dictadura.
Según informaron hoy a Efe fuentes judiciales, la Sala
Penal de la Corte Suprema autorizó ayer al juez Mario Carroza enviar un
exhorto a Francia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
para solicitar esa información.
El exhorto va dirigido al Tribunal
del Crimen de París para que solicite al hospital público Cochin, en la
capital francesa, "todos los antecedentes clínicos, informes, fichas
médicas, exámenes, intervenciones y todo antecedente que resulte
relevante de las atenciones que se realizaron al poeta entre 1970 y
1972".
El objetivo es esclarecer cuál era el estado de salud del premio Nobel de Literatura
1971 durante la época en que ejerció como embajador de Chile en
Francia, cargo que ocupó entre 1970 y febrero de 1973, cuando ya llevaba
varios meses de regreso en su país.
Neruda estaba entonces
aquejado del cáncer de próstata que padecía desde hacía varios años y
que, según la versión oficial, fue la causa de su muerte, en una clínica
de Santiago, el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe
de Estado de Augusto Pinochet.
Esa
versión oficial quedó en entredicho cuando en 2011 el antiguo chófer de
Neruda, Manuel Araya, insistió en que la inyección que el poeta recibió
horas antes de su muerte fue la causa de su deceso, tras el que pudo
estar la sombra del régimen de Pinochet.
Esa denuncia dio lugar a
que el Partido Comunista, en el que Neruda militó, presentara en mayo de
2011 una querella que fue admitida por la Justicia, con lo que se abrió
así una investigación sobre su muerte.
Esta es una de las
diligencias que Carroza ha puesto en marcha antes de decidir si ordena
la exhumación del cuerpo de Neruda, que descansa junto a su última
mujer, Matilde Urrutia, en el jardín de la casa que poseía en la
localidad de Isla Negra, en el litoral central del país, a orillas del
Pacífico.
Carroza solicitó estos documentos después de que el
Servicio Médico Legal, que emitió un informe con los datos disponibles
en Chile, señalara que era necesario contar también con las fichas
médicas que se encuentran en Francia para determinar la conveniencia de
exhumar o no esos restos.
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