REFORMA FINANCIERA / LOS «BANCOS MALOS»
El Gobierno deshoja la margarita sobre qué modelo
elegir para acabar de una vez por todas con las dudas sobre el sistema
financiero español
 |
MADRID– Los empeños en hacer ver a los mercados que
la banca española es solvente a pesar de su exposición al sector
inmobiliario parecen estar condenados al fracaso. Ni el llamamiento de
Miguel Ángel Fernández Ordóñez a la enésima concentración del sector, ni
la conversión de las antiguas cajas de ahorros en bancos ni la
exigencia de mayores niveles de solvencia que sus competidores europeos
convencen a los inversores. Al final, el sistema financiero español
tendrá que recurrir a los llamados «bancos malos» si quiere acabar de
una vez por todas con la sangría que la falta de confianza de los
mercados le está suponiendo en su capitalización bursátil. En lo que va
transcurrido de año, el valor de mercado de las diez entidades que
cotizan en la bolsa española se ha reducido en 24.223 millones de euros,
de acuerdo con los datos que facilita la Bolsa de Madrid.
El poder de los mercados
El poder de los mercados
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, un profundo conocedor del funcionamiento de los mercados, cree que ha llegado el momento de sacar de los balances de las entidades los riesgos contraídos con el sector inmobiliario si se quiere que la normalidad vuelva a las cotizaciones. Por eso ha dado el visto bueno a una solución que se ha testado con mayor o menor fortuna y bajo distintas formas en varios países, cuyos bancos han sufrido los avatares de la crisis internacional.
Muy poco se conoce de las intenciones del Gobierno. Sólo que no habrá un «banco malo» para que todas las entidades «coloquen» allí sus activos tóxicos, sino muchos; tantos como entidades estén dispuestas a hacerlo. Se sabe también que el Gobierno tiene prisa por aprobar la regulación de estas sociedades instrumentales que se harán cargo de los fallidos del ladrillo. De Guindos llegó a hablar de «días»; Soraya Sáenz de Santamaría prefiere referirse a semanas, toda vez que no es competencia exclusiva del Ejecutivo. De lo que no quiere oír hablar es de quién pagará los «bancos malos» y si de una u otra manera podrían comprometer el objetivo de déficit público para este año, el 5,3%, si Bruselas considera que se trata de ayudas públicas encubiertas. «No estamos para que aumente el déficit», dijo la vicepresidenta a este diario al ser preguntada por esa posibilidad.
Aparcar los problemas
El objetivo que se persigue es hacer «desaparecer» del balance de los bancos la exposición (el riesgo) que tienen contraído con el sector inmobiliario, y que el Banco de España calcula en 184.000 millones de euros con datos de finales del pasado año.
La reforma financiera aprobada por el Gobierno en febrero de este mismo año obliga a todas las entidades a incrementar las provisiones para posibles fallidos hasta cubrir el 80% del precio del suelo que tengan contabilizado, el 65% de las promociones en construcción y el 35% de las viviendas que se han tenido que adjudicar por impago de los créditos concedidos para su compra. Una reforma de 54.000 millones de euros (incluido un colchón de capital) que ha sido insuficiente para los inversores. Hay bancos de inversión como Goldman Sachs que hablan de la necesidad de provisionar otros 50.000 millones de euros. Algunos analistas consultados por LA RAZÓN hablan de «eliminar» contablemente entre 50.000 y 70.000 millones de euros. La clave es quién pone el dinero.
El Gobierno niega que vaya a haber más ayudas públicas, pero los modelos acordados en otros países como Suecia, Alemania o Irlanda acaban siem- pre con aportaciones estatales o más deuda.
En el fondo, un «banco malo» o varios (uno por entidad) consiste en crear una sociedad pública, privada o mixta a la que vender, a precios de mercado, unos activos valorados a mucho más precio, con el fin de aliviar el balance de las entidades financieras y que no tengan que dedicar parte de sus beneficios a provisionar posibles pérdidas y captar capital en los mercados.
La reunión del BCE, clave
La cumbre que el Banco Central Europeo ha celebrado esta semana en Barcelona ha sido clave para que el Gobierno haya decidido impulsar la creación de sociedades de gestión de activos inmobiliarios. Aunque ya lo había dado a entender en sus últimas reuniones, Draghi ha confesado a Rajoy que, salvo circunstancias excepcionales, no habrá más barra libre de liquidez a tres años para la banca europea, solución a la que se han agarrado los bancos españoles como clavo ardiendo. El BCE quiere que hagan sus deberes.
Modelos bancarios para activos tóxicos
Reino Unido
Rescate público de cada entidad
Reino Unido no optó por un único «banco malo». Sus dos principales bancos en apuros (el Royal Bank of Scotland y Lloyds) fueron rescatados por el Estado y establecieron divisiones no estratégicas para agotar sus miles de millones de libras en activos problemáticos.
El Gobierno británico también dio garantías, por lo que las pérdidas serían limitadas, pese a que Lloyds optó por no unirse al plan, y RBS no llegó a utilizarlo.
Irlanda
El fracaso de la agencia estatal
Durante la crisis bancaria de 2009 se forzó a los bancos a poner sus activos tóxicos en una nueva entidad estatal, la llamada NAMA, que compró los activos con grandes descuentos a cambio de deuda pública. Las pérdidas fueron del 57% de media. El modelo generó el caos. Se reactivó el crédito, pero muchas entidades quebraron y se nacionalizaron con deuda pública, lo que llevó a Irlanda al rescate.
España
Sociedades de liquidación
No habrá «banco malo». Las últimas declaraciones de De Guindos y su equipo dejan entrever que la opción con más enteros es que los bancos escindan de forma voluntaria los activos inmobiliarios tóxicos a sociedades de liquidación. Éstas se disolverían en 10 años y contarían con una participación minoritaria de los bancos afectados. La participación estatal se prevé menor que en los modelos alemán o irlandés.
Alemania
Con el aval del Estado
En mayo de 2009, se permitió crear sociedades para aparcar los activos tóxicos a cambio de bonos de deuda que el Estado garantiza por un máximo de 20 años y que se pueden presentar al BCE. Según este modelo, el Estado paga a la banca el precio que tiene fijado en sus balances. A cambio, las entidades asumen el riesgo de que se tarde en recuperar el precio pagado por los activos y reactivan el crédito de acuerdo a las ayudas.
Fuente: LA RAZÓN.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario